La ley de Reforma Agraria andaluza, aprobada con el único respaldo de los votos del PSOE

La ley de Reforma Agraria para Andalucía, anunciada por el ex presidente Rafael Escuredo en mayo de 1983, quedó finalmente aprobada en la tarde del miércoles por el Parlamento de la comunidad autónoma. Tras un largo debate político, del que la calle se ha desinteresado, la ley ha salido adelante con el único respaldo del PSOE, abrumadoramente mayoritario en Andalucía al contar con 66 de los 109 parlamentarios. Sobre ella pesan, nada más nacer, la amenaza de un probable recurso de inconstitucionalidad por parte de Alianza Popular y una campaña de movilizaciones, anunciada por los comunistas en el mismo Pleno parlamentario.

La nueva ley fue anunciada por Rafael Escuredo en Ronda, en mayo del año pasado, en el curso de un acto andalucista. Su anuncio cogió, de sorpresa al propio consejero de Agricultura, Miguel Manaute. A partir de entonces, un equipo de expertos dirigido por este último redactó un primer anteproyecto, que fue hecho público en octubre.La ley, no apoyada. por ningún otro partido aparte del PSOE, aporta como principal novedad la creación de un Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA), que funde en su seno las transferencias a la comunidad autónoma del Icona e IRYDA, lo que le permite disponer de una importante bolsa de tierras de propiedad pública. Contempla la posibilidad de la expropiación de uso, mediante el arrendamiento forzoso, y, muy matizadamente, de la propiedad de tierras manifiestamente mejorables, e incluye un curioso impuesto de infrautilización para tierras también mal utilizadas, pero no hasta el grado de las que merezcan la expropiación de uso o de dominio.

La propia redacción matizada de los supuestos expropiatorios, la escasez de fondos para ir a una profunda campaña de expropiaciones, la dificultad técnica de aplicación del impuesto de infrautilización, cierto carácter productivista de la ley y la conciencia general de que el campo andaluz no sufre unos índices de productividad tan bajos como en el pasado, sino que su problema principal es de mala comercialización y, sobre todo, ausencia de otras alternativas para la excesiva oferta de mano de obra que recae sobre él, ha hecho que desde el principio se viera esta ley como inútil en muchos sectores de la vida política o económica de Andalucía.

Por un lado desenterraba la expresión reforma agraria, cargada de dramatismo social, y por otro lado traicionaba el significado histórico de la misma ("la tierra, para el que la trabaja"), considerado hoy como una utopía anacrónica. Sus propios responsables no se recataron en anunciar desde el principio que no iba a crear nuevos puestos de trabajo en el campo andaluz, sino que a lo más que se aspiraba era a mantener los existentes.

Intento de retirada

Con el proyecto de ley en marcha se produjo la salida del Gobierno de Rafael Escuredo, que en un determinado momento, y tras aparecer relacionado, por la construcción de su residencia particular, con la iniciativa privada que pretendía y pretende controlar en lo posible las inversiones de la Expo-92 y que presionó contra el nombramiento de Ricardo Bofill como comisario de la misma (Rafael Escuredo se opuso al nombramiento), se sintió acosado por su propio partido e intentó retirar la ley, aludiendo que Madrid no enviaba las transferencias del IRYDA necesarias para la misma.El debate de estos días se ha producido con las transferencias del IRYDA ya en poder del Gobierno autónomo y con más fuertes ataques desde la izquierda del PSOE que desde la derecha. Los empresarios agrícolas andaluces sienten que la ley les coloca ante cierta indefensión jurídica, pero confían en que no se pueda aplicar con rigor por falta de fondos para realizar las expropiaciones.