La apertura política en Uruguay

EL DIRIGENTE del Partido Blanco de Uruguay Wilson Ferreira, con su retorno a la patria, ha colocado a la junta de generales que gobierna dicho país en una situación dificil. Sin duda Ferreira y su hijo han sido encarcelados. Se ha evitado, por otra parte, que las impresionantes manifestaciones que tuvieron lugar en Montevideo durante la jornada del 16 de junio, convocadas de un lado por el Frente Amplio y de otro por el Partido Blanco, desembocasen en choques sangrientos con la policía y el Ejército, pero se ha creado en cierto modo una situación nueva: el mantenimiento en la cárcel de Wilson Ferreira es un hecho que desmiente por sí mismo todas las promesas y declaraciones del poder militar uruguayo de su voluntad de restablecer en el país una legalidad democrática basada en el libre voto de los ciudadanos. Conviene recordar que los militares uruguayos, sometidos a un reciente proceso de desgaste tanto en el plano interior como en el internacional, tuvieron que prometer la celebración de unas elecciones presidenciales para el próximo 9 de noviembre y la devolución de los poderes que actualmente ostentan a la persona que resulte elegida en ellas. Sobre esas elecciones del 9 de noviembre existe un consenso general: será la fecha decisiva para abrir un nuevo porvenir en Uruguay. Pero toda la cuestión está en cómo van a celebrarse, en si se pondrán o no límites a las fuerzas políticas que puedan hacer propaganda, a las personas que puedan presentar su candidatura. El proyecto del actual Gobierno de facto es organizar esas elecciones con una libertad a medias -permitiendo actuar a unos partidos y prohibiendo otros- y con exclusión previa, como candidatos, de algunas de las personalidades más relevantes de la democracia uruguaya, y concretamente de Wilson Ferreira.

Los españoles conocemos bien esta tendencia de los regímenes dictatoriales, cuando ya no pueden subsistir como tales y tienen que dar paso a la democracia, a in tentar definir ellos los límites de la nueva libertad que se ven obligados a reconocer. Uno de los grandes aciertos de Adolfo Suárez es que comprendió la imposibilidad de dividir la libertad en trozos: para unos sí, para otros no. En realidad, esa resistencia a aceptar una verdadera libertad suele acarrear más tensiones y peligros que la aplicación de normas democráticas auténticas y sin discriminaciones. En Uruguay el banco de prueba de una mínima legitimidad democrática va a ser a partir de hoy la puesta en libertad de Wilson Ferreira y su derecho a ser candidato en las próximas elecciones. Solamente quedan cinco meses hasta que éstas tengan lugar. No cabe duda, de que el gesto político del retorno al país ha sido calculado con acierto. Conviene recalcar además que Wilson Ferreira es una personalidad política sin grandes radicalimos. Sus amigos y sus apoyos interna cionales están en numerosos Gobiernos liberales y cen tristas de América Latina, en círculos influyentes del Congreso de Estados Unidos y en medios europeos de muy diversa significación política. Los militares urugua yos van a estar sometidos a una presión muy fuerte (lo están ya) con la exigencia de la puesta en libertad de Ferreira. La intención de adjudicarle una serie de delitos para intentar condenarlo judicialmente es una operación sumamente peligrosa para el poder: nadie puede otorgar la más mínima credibilidad jurídica a una even tual condena de Ferreira. No puede caber a este respecto ninguna duda: su encarcelamiento es un acto de pura arbitrariedad política, considerado como algo escanda loso por todos los pueblos amantes de la libertad. Los generales uruguayos deberían tomar muy en serio el se gundo párrafo de la Declaración de Madrid, suscrita re cientemente por los presidentes Alfonsín y González. En ella "expresan su solidaridad con aquellos pueblos del subcontinente que aún no han alcanzado el ejercicio pleno de su soberanía política y hacen un llamamiento a los gobiernos de facto para que los procesos de transición en curso culminen aceleradamente".