Salud pública, secreto de Estado

ENTRE LOS problemas que agobian a los españoles, la gestión de los recursos públicos dedicados a la salud y la adecuada utilización de sus servicios ocupan lugar preeminente. El iceberg del Ministerio de Sanidad y Consumo, uno de los presupuestos más abultados de la Administración pública, provoca en su deriva remolinos e incidentes, pero sus responsables juegan al escondite con la opinión pública. Los conflictos entre los cargos políticos del ministerio, los roces con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (administrador de los fondos del Instituto Nacional de la Salud), las tensas relaciones con los sindicatos y con la profesión médica (ante una reforma mil veces anunciada y cuyo comienzo nadie atisba) y los contratos multimillonarios con la industria farmacéutica ocupan mientras tanto la atención de los ciudadanos.La carga heredada es un argumento empleado por el Gobierno del cambio en casi todos los ámbitos a la hora de justificar la lentitud del progreso de la reforma. Pero dar la callada por respuesta o sólo una lacónica y críptica nota oficial frente a cualquier suceso son cosas que tienen todo el aroma de antiguo régimen. En los últimos días se han producido dos nuevos ejemplos: el asunto de la dimisión -no aceptada oficialmente- del director general del Insalud, Francesc Raventós, y la información, silenciada, sobre la prohibición de venta de 126 especialidades farmacéuticas, entre las que se encuentran medicamentos ampliamente utilizados por los españoles, como el Tanderil, el Dolo-Tanderil y el Bustagrip.

En el primer caso pudo asistirse a la cómica situación de que el propio Raventós se viera impotente para confirmar o desmentir el hecho puro y simple de su dimisión, o sea que ni él mismo sabía si había dimitido. El ministro, tras mantener en el más espeso de los silencios a su oficina de Prensa, aventuró, irónico, que Raventós seguiría acudiendo a su despacho a las ocho en punto de la mañana. Una llamada telefónica de los redactores de España a las ocho, de Radio Nacional de España, puso ayer de manifiesto que el pronóstico era incierto, al menos en lo que respecta al estricto cumplimiento del horario.

Las previsiones de Ernest Lluch sobre el destino de su principal colaborador no dan para más. Raventós había presentado reiteradas veces su dimisión, mientras eran conocidas sus diferencias con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre un acuerdo firmado por el Insalud con la UGT y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). El asunto no es grano de anís, ya que están en juego no sólo las retribuciones de decenas de miles de empleados de la sanidad pública y varios miles de millones de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado, sino también la calidad asistencia¡ que tienen derecho a exigir los ciudadanos que pagan sus impuestos.

En el caso de los medicamentos prohibidos, Sanidad se ha olvidado de comunicar a la opinión pública los resultados del estudio de una comisión de expertos creada el pasado mes de enero -a bombo y platillo- para estudiar la definitiva retirada del mercado de 126 especialidades farmacéuticas sobre cuya peligrosidad se habían pronunciado no sólo la Organización Mundial de la Salud y prestigiosas publicaciones médicas, sino incluso los propios laboratorios fabricantes de una de las especialidades más difundidas.

En su día, la comunicación dirigida por el Ministerio de Sanidad a la Fiscalía General del Estado para tratar de equiparar, a efectos penales, los derivados del cannabis y la heroína mostró ya que los responsables de ese departamento están a merced del arbitrismo y de la improvisación. Hemos asistido, eso sí, a una inquisitorial persecución del despacho farmacéutico sin receta médica de analgésicos que los consumidores se habían acostumbrado a adquirir directamente para combatir las jaquecas o los embates de una dentadura picada. Pero mientras tanto quedan pendientes de cumplimiento ambiciosas promesas del programa electoral del PSOE, que anunciaba un servicio de salud integrado para todos los ciudadanos y proponía una reforma de la Administración sanitaria de la que al paso que vamos habrá que acostumbrarse a prescindir.