El proyecto de ley de nacionalización de la red de alta tensión será modificado durante la discusión parlamentaria

El proyecto de ley sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional, que será tramitado en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, será previsiblemente modificado en algunos de sus extremos en el propio trámite legislativo, una vez que el Ministerio de Industria aceptara estudiar una petición del sector eléctrico para que se procediera a la revisión de algunos de sus puntos. En medios oficiales se espera que quede aprobado antes de que finalice el actual período de sesiones, aprovechando la rapidez que se desea imprimir a la aprobación por el Congreso del Plan Energético Nacional y que se quiere que prácticamente coincida en el Boletín 0ficial del Estado antes de las vacaciones de verano.

El conocimiento del proyecto de ley por parte de las compañías eléctricas provocó una solicitud al ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, por parte de las empresas para que algunos extremos del mismo fueran adaptados al espíritu del acuerdo de bases alcanzado en las negociaciones entre ministerio y empresas. En una carta enviada por el presidente de Unidad Eléctrica (Unesa), Juan Alegre Marcet, al ministro el pasado 19 de mayo, se solicitaba la adaptación de este proyecto de ley al espíritu del protocolo firmado el pasado año entre empresas y ministerio, en especial en lo concerniente a la gestión coordinada de la nueva empresa mixta. Según la impresión del sector eléctrico, algunos aspectos finales del proyecto de ley no se adaptan ni al protocolo ni a las conversaciones técnicas mantenidas sobre la creación de la nueva empresa mixta.Los dos aspectos más destacados del proyecto de ley que consagra la nacionalización de la red de alta tensión, la única prevista en el programa socialista, es la definición de "servicio público" que se otorga a su explotación, y el mecanismo financiero instrumentado al efecto para que esta nacionalización atípica no suponga desembolso en efectivo para el Estado ni para el contribuyente y usuario del servicio.

¿Quién paga la minuta de esta nacionalización? Aparentemente nadie, en una compleja operación con algunos aspectos de tiovivo contable. La valoración de la red nacionalizada se eleva a 104.805 millones de pesetas, de los cuales 81.820 millones corresponden a las instalaciones de las empresas privadas, según valor contable actualizado limitado (VCAL), y 22.986 millones, a las empresas públicas, según valor contable homogeneizado limitado (VCHL). Contando con una aportación del Instituto Nacional de Industria (INI) de 459,7 millones, resulta que el activo de la nueva sociedad será de 105.265,5 millones de pesetas.

La estructura del capital de la futura sociedad mixta es la siguiente: los activos aportados por las empresas públicas, los citados 22.986 millones de pesetas, más los 459,7 millones aportados por el INI constituyen el 51 % del capital social que otorga la mayoría al Estado. El sector privado, por su parte, aporta activos hasta completar el 49% restante, por importe de 22.526 millones de pesetas. La diferencia hasta los 81.820 millones de valoración de la red nacionalizada de propiedad privada, es decir, 59.294 millones de pesetas, se convierte en deuda a 17 años, que es la vida media fijada para tales activos, a un tipo medio de interés del 11,27%. El pasivo de balance de la nueva sociedad está compuesto, pues, de los 23.445,6 millones de capital público, los 22.526 de capital privado y los 59.294 de deuda. En total, 105.265,6 millones, que cuadran el balance.

Emisión de deuda

Esta deuda a emitir por la nueva sociedad contará con el aval del Estado. El artículo 8, título III del proyecto de ley señala que "se concede garantía del Estado a favor de la nueva sociedad para la adquisición que la misma realice de bienes y derechos integrados en la RAT, por un importe de 61.000 millones de pesetas". El coste para el Estado, "que no ha querido otorgar fondos públicos a unas empresas, que reparten dividendo", en términos monetarios es nulo, limitándose a una garantía que nunca será razonablemente ejecutada, ya que aquella deuda estará respaldada por los ingresos, vía tarifas, de la nueva sociedad. No hay, pues, desembolso en esta maravilla de nacionalización que no cuesta dinero al Estado nacionalizador.Los activos de la RAT ya estaban en el sector y tenían sus costes de amortización, mantenimiento y financieros . Lo único que sucede es que tales activos cambian de empresa. No figuran ya en el activo de balance de las empresas privadas, aunque, por contra, el coste de explotación que suponían para esas empresas también desaparece. Surge, por lo demás, un concepto nuevo en las tarifas, y es el coste de explotación de la red.

Para el abonado, el recibo de la luz no se modifica. Una parte de la actual tarifa, correspondiente al antiguo canon, revertirá a la nueva empresa mixta, que destinará parte de tales ingresos a la amortización de la deuda contraída con las empresas privadas. Éstas recibirán menos dinero por tarifas, pero también tendrán menos costes de explotación. El balance de las empresas no se modifica: antes disponían de un activo material, que se convierte ahora en un activo financiero: la deuda, garantizada por el Estado.

Los 81.820 millones de pesetas será el valor libre de lo que se pague a las empresas privadas para que no sufran ningún quebranto. La cantidad real a pagar será, sin embargo de 73.485,14 millones de pesetas, que corresponde al valor contable homogeneizado limitado (VCHL) de los activos de las empresas privadas, sobre el que se aplica un tipo de interés básico del 14% es lo mismo que aplicar el 11,27% a los 81.820 millones de valoración actualizada limitada. El ratio de endeudamiento de la nueva sociedad será del 1,2898, considerado como muy aceptable. "Las amortizaciones de la nueva empresa permitirán hacer frente al pago del principal de la deuda, y ello posibilitará acudir a la financiación externa para afrontar las nuevas inversiones, sin aumentar el ratio de endeudamiento".

El título II del proyecto de ley, referido al régimen fiscal, viene a garantizar las exenciones fiscales a la operación, tanto para la nueva sociedad mixta como para las empresas, aspecto sobre el que ha presionado especialmente el sector eléctrico argumentando que las empresas no tenían por qué correr con los gastos fiscales de una operación que les ha sido impuesta.

¿Cómo han reaccionado las empresas ante el proyecto naciónalizador? Cuando la patronal del sector recibió el anteproyecto, su memorial de agravios y sugerencias comenzaba con la constatación de su sorpresa porque el proyecto "rebasa con mucho los términos contenidos en el protocolo firmado entre las empresas y el Ministerio de Industria y Energía". Aunque el texto del proyecto de ley no ha sido pactado con la patronal, se trata de una nacionalización "consensuada" y, por tanto, sin coste político, lo que no quiere decir que, muchas de sus partes no hayan molestado al sector, especialmente la potestad del Estado para actuar sobre los programas de las empresas. De ahí los 10 meses de dura negociación entre las partes que han sido necesarios antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso.