Más de 8.000 personas se encuentran afiliadas irregularmente a la Seguridad Social Agraria, en Orense

Entre 8.000 y 9.000 personas serán dadas de baja en el registro de la Seguridad Social Agraria de Orense como consecuencia de las irregularidades en su afiliación descubiertas por el Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS), que ha venido trabajando durante las últimas semanas en la provincia.

Esta operación, iniciada por el gobierno civil con el propósito formal de depurar los censos de afiliados -anormalmente altos- al régimen especial agrario, parece el principio de una actuación política de más largo alcance cuyo objetivo final sería desmantelar lo que el PSOE considera "la estructura caciquil" de Orense. En este sentido es revelador el hecho de que la mayor parte de los secretarios de cámaras agrarias locales acusados de actuaciones anómalas se muevan en la órbita política del centrismo, y más concretamente del hombre fuerte de la recién constituida Coalición Galega (CG), Eulogio Gómez Franqueira.El último informe del GISS dado a conocer por el gobierno civil implica directamente a un veterano e influyente alcalde elegido en los últimos comicios como independiente en las listas de CG. Según ese informe, los inspectores observaron un fraude de 18 millones de pesetas por irregularidades en la inscripción de afiliados al régimen agrario en los municipios de La Rúa, Petín y Villamartín de Valdeorras, y los responsables directos serían el presidente de la cámara agraria local de esta última localidad, Aureliano Bao Díaz; el secretario de este organismo, Manuel Candal, que además es alcalde de Villamartín, y el secretario de las cámaras agrarias de La Rúa y Petín, José Luis González Fernández. Estos funcionarios habrían admitido inscripciones irregulares de trabajadores e incluso habrían actuado como patronos contratantes de trabajadores agrarios por cuenta ajena, uno de los cuales, Arsenio Rodríguez Fernández, justificó 24 meses de baja por enfermedad, y otro, José Arias Alonso, 28 meses de inactividad por idéntico motivo.

Según el gobierno civil, los perjuicios económicos para la Seguridad Social derivados de las diferencias de cotización mensual entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena suponen tres millones de pesetas, y las cantidades abonadas por incapacidades laborales transitorias presuntamente fingidas se elevan a casi 15 millones de pesetas.

Manuel Candal -quien ha desmentido todas las acusaciones- es un veterano funcionario vinculado desde los años cuarenta a las hermandades sindicales de labradores y ganaderos, convertidas actualmente en las cámaras agrarias. Desde 1960 está al frente de la sucursal que tiene en Villamartín la caja rural, entidad presidida por Eulogio Gómez Franqueira. En las primeras elecciones municipales, Candal ganó por mayoría absoluta la alcaldía como numero uno de UCD, y en mayo de 1983 repitió su triunfo y renovó su mayoría al frente de Coalición Gallega. Al señalar a Candal como supuestamente implicado en el caso de la Seguridad Social Agraria, el gobierno civil se ha enfrentado abiertamente al hombre más influyente de una zona ampliamente controlada por el centrismo reagrupado en CG.

Operación administrativa

Oficialmente, sin embargo, el gobernador, Mariano Sanz Pech, presenta la investigación del GISS como una simple operación administrativa tendente a depurar los censos de afiliación y niega cualquier intencionalidad política directa a la acción. Según ha explicado Mariano Sanz, la filosofía que inspira este trabajo es no sólo combatir el fraude y evitar la inscripción indebida de personas que no son agricultores en un régimen especialmente concebido para los trabajadores de este sector, sino también mejorar la atención y prestaciones a los verdaderos agricultores.Las irregularidades tienen una base económica, puesto que los afiliados a este régimen pagan cotizaciones más bajas que los del general, pero además, en Galicia, la afiliación equivale en muchos casos a una particular forma de capitalización vía pensiones de jubilación. Datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social confirman que una buena parte de las inscripciones se producen 10 años antes de la edad de jubilación, que es el período de cotización mínimo exigido.

Con cifras de 1982 se puede hacer este cálculo: la cotización supone unas 45.000 pesetas anuales, es decir, unas 450.000 en 10 años. Concluido ese plazo, se puede percibir una pensión de unas 22.000 pesetas mensuales; de este modo, en dos años la pensión percibida superaría con mucho a lo cotizado.