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Los datos sobre opiniones políticas y religiosas o relativos a la salud y la vida sexual no podrán ser informatizados

Los datos de carácter personal que revelan las opiniones ideológicas, políticas o religiosas, así como los relativos a la salud, el origen racial o las conductas sexuales de los españoles no podrán figurar en los ficheros informatizados, según se establece en el anteproyecto de ley orgánica reguladora del uso de la informática para la protección de los datos personales, que el Ministerio de la Presidencia remitirá en el plazo de las dos próximas semanas al Consejo de Ministros. Según se establece en el anteproyecto, los ciudadanos españoles podrán acceder a sus datos personales que obran en los ficheros automatizados de la Administración y de entidades particulares con el fin de rectificarlos o ponerlos al día.

El anteproyecto que regulará el uso de la informática en el tratamiento de los datos personales ha sido aprobado por el Consejo Superior de Informática y está a punto de ser enviado por la comisión de subsecretarios al Consejo de Ministros. Con esta norma, España, que ocupa el octavo país del mundo en adquisición de ordenadores y ha alcanzado un elevado nivel de informatización, se intenta poner a la altura de los países más avanzados en materia de legislación sobre bases de datos y defensa de la vida privada, según explicó ayer Guillermo de Ávila, director general de ordenación e informática del Ministerio de la Presidencia.Esta futura disposición legal se basa en el convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre Protección de Datos, que ha sido firmado por España, y persigue dos metas fundamentales: por una parte el desarrollo de un nuevo derecho no recogido en la Declaración de los Derechos Humanos aunque sí en la Constitución Española -el de la protección a la intimidad frente a las modernas tecnologías- y por otra parte la necesidad de impulsar la informatización en la Administración Pública y agilizar los trámites administrativos.

Según Guillermo de Ávila, en la actualidad funcionan mejor en España los bancos de datos automatizados en el sector privado, sobre todo en la banca, que en el sector público. Pero aún así el Estado ha acumulado tal cantidad de datos médicos, económicos y otros de carácter personal de los ciudadanos, que se ha concentrado en sus manos un poder imprevisible que hace necesarios ciertos mecanismos jurídicos de control. "La creciente utilización de la informática en los sectores público y privado con fines administrativos y de gestión requiere un control lo más completo posible del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal".

El anteproyecto establece en primer lugar unos principios generales que limitan el uso de la informática en relación con la intimidad de las personas. Su ámbito de aplicación será tanto el de los ficheros o bancos de datos del sector público como del privado. También se aplicará a los ficheros no automatizados.

Modificación de los datos

Entre los principios limitativos del uso de la informática figuran los de la recogida de datos sin engaño ni coacción física ni moral, la utilización de los datos adecuados al fin propuesto y la petición sólo de los datos necesarios y pertinentes para los fines que se hayan expresado. Por otra parte se establece el derecho nuevo de que cada persona podrá controlar la información que sobre sí misma se encuentre en determinados ficheros, lo que equivale al derecho de acceso a los bancos de datos con el fin de cancelar los propios datos o modificar y actualizar los que están erróneos u obsoletos.Este acceso se realizará a través de la Comisión Nacional de Protección de Datos, formada por un presidente, un vicepresidente y seis vocales, nombrados por el Gobierno tras consultar con la comisión del Senado del defensor del Pueblo y Derechos Humanos. Esta comisión nacional controlará también todos los ficheros. Para crear un banco de datos tan sólo se requerirá notificarlo a esta comisión, pero para interrelacionar los bancos existentes se necesitará el permiso expreso de la comisión. Dentro de la Administración serán responsables personalmente de los bancos de datos los funcionarios encargados de ellos y no la Administración en general. En este contexto el anteproyecto prevé sanciones administrativas correspondientes a falta grave para los funcionarios que no cumplan esta normativa.

Existen algunas excepciones a la limitación del uso de los datos automatizados, que se recogen también en el Convenio del Consejo de Europa. Se trata de lo que afecta a la seguridad del Estado, la defensa nacional y los intereses económicos de la Hacienda pública. Esta última referencia se relaciona en estos momentos en España con las medidas en estudio para evitar el fraude fiscal y permitir el levantamiento del secreto bancario.

El anuncio de la ley coincide con una conferencia sobre los problemas de la legislación en materia de protección de datos, que se celebrará en Madrid entre los días 11 al 13 de este mes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de junio de 1984

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