El Arzobispado de Madrid pidió que la policía desalojase a afectados del síndrome

El vicario general del arzobispado de Madrid-Alcalá, Manuel González Cano, solicitó el pasado martes al Gobernador Civil de la provincia, por escrito, que diera las órdenes oportunas para que fueran desalojados 50 afectados por el síndrome tóxico que se habían encerrado ese mismo día en la sede arzobispal, en defensa de una serie de reivindicaciones.La policía no desalojó a los concentrados, pero impidió que otros afectados por la misma enfermedad se unieran a los que ya se encontraban dentro del edificio. Los encerrados permanecieron en las dependencias episcopales hasta la una de la tarde de ayer, momento en que abandonaron el lugar voluntariamente.

Según fuentes del arzobispado de Madrid los encerrados se comportaron de en todo momento de forma correcta, y se limitaron a hacer patentes sus reivindicaciones, relacionadas con las condiciones de vida derivadas de su enfermedad. Ante el requerimiento frustrado de las autoridades eclesiásticas para que los enfermos del síndrome abandonaran su encierro antes de las tres de la tarde (hora de cierre de las dependencias oficiales del arzobispado) el vicario general pidió "por escrito el auxilio de la fuerza pública" para que desalojara los despachos y oficinas del arzobispado.

Las personas encerradas pertenecían a la coordinadora de afectados por el síndrome tóxico. Este colectivo ha hecho público precisamente su desacuerdo con las últimas manifestaciones de la responsable del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, Carmen Salanueva, en las que mantenía que un informe hecho público recientemente sobre la probabilidad de que el aceite de colza no hubiera sido vehículo de la enfermedad, era una versión parcial y debía ser contrastada.