LA PRIVATIZACIÓN DE LA PRENSA PÚBLICA / Y 3

La Administración recoge a 3.000 'náufragos' de los diarios del Estado como epílogo del proceso liquidador

Mientras los nuevos propietarios se hacen cargo de los diarios vendidos por el Estado, el gran barco de la Administración no cesa de recoger náufragos procedentes de la prensa pública. Más de 1.500 empleados de ésta han sido adscritos ya a la Comisión Interministerial, encargada de buscarles acomodo, y se espera en breve la llegada de las casi 1.800 personas que forman la plantilla de los periódicos vendidos, que en su gran mayoría han optado por abandonar las nuevas empresas; así como de los diarios cerrados.La liquidación de la cadena supone una reconversión en toda regla, con más de 3.000 trabajadores afectados. Se les ha ofrecido mejores condiciones que a otros sectores en crisis: todos los empleados de la prensa pública tienen derecho a un puesto en la Administración o a recibir indemnizaciones por romper su relación laboral. El derecho asiste, incluso, a los trabajadores que permanecen en las nuevas empresas, si se ven afectado 3 por alguna reestructuración en los dos años siguientes al cambio de titularidad. Este ha sido el precie que el Gobierno ha pagado, a todas luces, por evitar escándalos sociales en el proceso liquidador.

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Éstos datos matizan la valoración del proceso liquidador, que, sin ese condicionamiento, habría supuesto un éxito económico para el Estado. Desde el punto de vista estricto de la gestión, no es extraño que el principal ejecutor de la operación liquidadora, Mario Trinidad, se muestre satisfecho: "Hemos vendido muy bien los periódicos", dice. Otros altos funcionarios lo ven de manera distinta, al observar que la privatización carga a los demás departamentos con 3.000 nuevos empleados.

El período transitorio

La cadena pública generó en 1983 un déficit de 3.400 millones de pesetas; lo elevado de esta suma no se debe a una gestión peor que la de años anteriores, sino a que el organismo MCSE tenía aún a su cargo las nóminas de los trabajadores ya transferidos a otros departamentos. A esa cifra hay que añadir el caso especial de Pueblo, que sobrepasaba por sí sólo el millar de millones en pérdidas.

Los 27 periódicos de que constaba la cadena a finales de 1982 se encontraban, en general, en un bajo momento de calidad y con tiradas exiguas, que suponían 327.000 ejemplares de venta media diaria, en su conjunto. Frente a esta situación, los responsables de los medios trataron de evitar el deterioro de los contenidos periodísticos, para lo cual renovaron las direcciones de casi todos los diarios -siempre con profesionales de los MCSE- y organizaron un sistema de colaboraciones en Madrid, a cargo de la directora técnica de la cadena, Malén Aznarez. Esta estructura canalizó artículos y crónicas de un abanico muy amplio de personas, destinado a que los periódicos no perdieran competitividad respecto a otros diarios de sus zonas.

Los responsables del período transitorio tomaron medidas para hacer la cadena menos gravosa al erario público. Esta cuestión del déficit ha sido el argumento tenazmente mantenido por los que se mostraban contrarios a la prensa estatal; lo cierto es que el déficit disminuyó en casi 600 millones de pesetas en 1983. En dicha reducción tuvo mucho que ver el cierre de cinco periódicos, propuesto por Malén Aznarez tan pronto como se hizo cargo de la dirección técnica de la cadena.

"Se daba la increíble circunstancia", explica, "de que esos cinco diarios perdían, 547 millones de pesetas para vender, entre todos ellos, 11.645 ejemplares. El cierre no suponía dejar sin periódicos a las ciudades donde se editaban, puesto que en todas ellas había otros".

Una Prensa pluralista

En el proceso final, el número de incidentes o denuncias de dirigismo fue muy escaso. En realidad se limitaron a las intervenciónes parlamentarias de Alianza Popular y de Convergéncia i Unió, que a principios del verano de 1983 acusaron al Ministerio de Cultura de enviar editoriales de inserción obligatoria. Como pudo comprobarse en su día, ni los editoriales se realizaban en el Ministerio de Cultura -sino en la dirección técnica de los Medios-, ni eran de inserción obligatoria.

No obstante, la acusación parlamentaria surtió cierto efecto: fue suspendido el envío de editoriales, y en su lugar se remitieron, desde la dirección central, artículos firmados por el autor de aquellos, José Antonio Gabriel y Galán, titulados "Crónica con nombre".

El diario La Nueva España, que habitualmente publicaba un comentario editorial propio, recibió asimismo laindicación de que tenía que dejar de publicarlo, "para que no haya dirigismo", según la explicación dada por el subsecretario de Cultura, Mario Trinidad, al director del diario. Éste último argumentó que "quitarlo sí podría ser dirigismo"; y continuó publicandolo regularmente.

Muchos ex miembros de las redacciones de periódicos del Estado destacan esta etapa como la de más libre ejercicio profesional que recuerdan. La mayor parte de los directores fueron nombrados tras el cambio de Gobierno, pero, según fuentes de los MCSE, prácticamente ninguno de ellos era militante del partido en el poder. Numerosos periodistas de la cadena consideran que no volverán a producirse unas cireunstancias como éstas, que posibiliten una prensa pública independiente del Ejecutivo: la transitoriedad favoreció el pluralismo y la ausencia de presiones.

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