100.000 trabajadores de diversas mutuas serán integrados en la Seguridad Social para garantizar el cobro de sus pensiones

Alrededor de 100.000 trabajadores, pertenecientes a 14 entidades distintas, al margen total o parcialmente del sistema español de Seguridad Social, serán integrados en el año en curso en el régimen general de la Seguridad Social, según un proyecto del Ministerio de Trabajo cuya justificación es evitar "la existencia de actuaciones extrañas de carácter residual, origen de constantes problemas y desigualdades carentes de justificación". Asimismo, Trabajo intenta evitar, con carácter general, que se haga "problemático el pago de las futuras pensiones". Esta actuación del departamento de Trabajo, cuyo titular es Joaquín Almunia, se ha conocido inmediatamente después de que este periódico hiciese público el agujero de 410.000 millones de pesetas en el fondo destinado a cubrir las pensiones de los 65.000 trabajadores de Telefónica.

De las 14 entidades en cuestión, 13 pertenecen al ámbito público, estatal o municipal, y una, al ámbito privado. Se trata de los montepíos, mutualidades o cajas de pensiones del Banco Hipotecario de España (con 513 asociados en 1982), Compañía Telefónica Nacional de España (con 68.664), Banco de Crédito Local (298), Banco de España (3.564), Banco de Crédito a la Construcción (fusionado ya con el Hipotecario, 480), Tabacalera (8.007), Servicio Nacional de Cultivo del Tabaco (1.540), Juntas de Puerto, Puertos Autónomos, Comisión Administrativa de Grupos de Puertos (sin datos), Cámaras de la Propiedad Urbana (sin datos), Mancomunidad de los Canales de Taibilla (sin datos), Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (sin datos), empleados contratados de notarías (sin datos), mozos arrumbadores de aduanas (393) y Banco Hispano Americano (3.152).

Decisión del Gobierno

La integración en la Seguridad Social de los trabajadores de estas entidades que estaban al margen total o parcialmente del régimen de la Seguridad Social ya estaba contemplada en diversas normativas y se acelera ahora en previsión de que en algunas de estas instituciones pudiera haber una mala situación económica que pusiese en peligro las futuras pensiones. Pero no significa que todas ellas estén en una mala coyuntura inmediata, sino que se aprovecha el momento para arreglar todos los casos que se conocen.

En los Presupuestos Generales del Estado en curso se contiene un mandato para integrar en la Seguridad Social "todo el personal activo y pasivo de las administraciones, entidades o instituciones públicas, estatales o locales, así como de las sociedades estatales que, estando comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social, viniera recibiendo la acción protectora obligatoria".

Los empleados del Hispano Americano acogidos a la caja de pensiones del banco (que data de 1919), los de las Cámaras de la Propiedad Urbana y los empleados de notarías no están contemplados en este mandato, pero ello no impide la posibilidad de su integración, ya que sí se encuentran afectados por la actual ley de la Seguridad Social, conforme a la cual "el Gobierno puede determinar, sin límite de plazo alguno, la integración cuando lo estime oportuno".

Según el Programa de integración de entidades sustitutorias, elaborado por la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social, "la oportunidad de hacerlo en este momento es clara, ya que con ello se evitaría la existencia de actuaciones extrañas de carácter residual, origen de constantes problemas y desigualdades carentes de justificación".

Por una serie de disposiciones históricas, se creó una situación transitoria, que dura hasta hoy, de colectivos de trabajadores que a unos efectos estaban integrados en la Seguridad Social, pero excluidos en otros. Esta exclusión se producía en el campo de las pensiones, quedando incluidos en la Seguridad Social a efectos de prestaciones asistenciales.

La situación económica

El Programa estudia la situación económica de las entidades afectadas, llegando a las siguientes conclusiones:

- Las cuotas se mantendrán en un volumen estable, dado que dificilmente puede producirse un incremento espectacular de dichos colectivos.

- Respecto a las prestaciones, se observa "el incremento de las prestaciones en concepto de pensiones, ya por el incremento de las cuantías de cada una de ellas, ya por el incremento de la población de jubilados en relación con la de activos, habiendo cubierto la diferencia con las cotizaciones las aportaciones directas de las empresas o sociedades. En el supuesto de que la empresa o sociedad soporte directamente la financiación de dichos pagos, los pagos de pensiones afectan a sus cuentas de resultados, de tal suerte que o bien minoran sus beneficios muy considerablemente o bien incrementan sus déficit, En aquellos supuestos en que existen entidades de previsión social interpuestas, la necesidad de atender éstas a los pagos asumidos está generando, en los últimos años, una descapitalización de las mismas, si es que no han desaparecido ya sus reservas".

- Respecto a las reservas, al igual que en el caso de las cuotas, la evolución es muy distinta en unas y otras entidades. En la mayona de los casos, en el año 1982 (último ejercicio contabilizado en el programa), los aumentos de reservas necesarios "son inferiores a los incrernentos de pensiones, por lo que, de seguirse esta tendencia, llegaría un momento en que las reservas no aumentarían, sino que deberían utilizarse para el pago de pensiones actuales, haciendo problemático el pago de las futuras pensiones".

Según Trabajo, si se tiene en cuenta que la relación entre prestaciones de un ejercicio por pago de pensiones y reservas, a fin de garantizar conun cierto grado de suficiencia el pago futuro de aquéllas, ha de! ser no inferior a un octavo, puede concluirse que ninguna alcanzaría las reservas medias aceptables. "Estas situaciones son las, que han originado la petición de integración en la Seguridad Social de casi todos estos colectivos, y a lo cual ha de darse respuesta, obligados ahora por el mandato legal".