¿Qué pasa con las haciendas locales?

Aunque sea ya inminente la discusión sobre la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, sigue haciendo falta una norma legal sobre la financiación de las haciendas locales, según el autor de este trabajo, quien señala que la participación de los Ayuntamientos en el gasto público español es cuatro veces menor que el que se da en nuestro entorno europeo. Los fondos a transferir a los Ayuntamientos han bajado en el presupuesto nacional, y las nuevas medidas del Gobierno para cubrir los déficit municipales le parecen inadecuadas.

Siete años después del primer Parlamento democrático, y a más de un año de las segundas elecciones municipales libres, parece ya inminente la discusión de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local que venga a sustituir el inadecuado marco legal, en gran parte procedente del franquismo, que aún constriñe a los ayuntamientos.Pero esta ley, que por su importancia ha sido a veces llamada la segunda constitución, va a aparecer sin estar acompañada de otra pieza clave para que de verdad las corporaciones locales pasen a ocupar un plano nuevo y destacado en la vida política y social de España. Me refiero a la ley de Financiación de las Haciendas Locales.

Esta carencia, que en el mejor de los casos no tendrá corrección práctica hasta 1986, es grave y en mi opinión está buscada de propósito. Los ayuntamientos son en España instituciones casi marginales, cuya participación en el gasto público está en torno a las cuatro veces menos que en nuestro entorno europeo. Y así, nuestros pueblos y ciudades distan de tener la dotación e infraestructura que les permitan prestar los servicios acordes con la civilización urbana de finales del siglo XX.

Esta situación había comenzado a corregirse levemente en la primera etapa de ayuntamientos democráticos, e incluso bajo la presión del movimiento ciudadano en el último período de la dictadura, pero puede volver a deteriorarse si se confirman la falta de regulación legal financiera y las prácticas de recorte discriminado del gasto público.

En los presupuestos de 1983, los fondos a transferir a los ayuntamientos pasaron de suponer un porcentaje del 8% a sólo un 7,23%, y se anuncia que es de temer una nueva reducción hasta el 6,5%. Al tiempo se ha limitado la cantidad destinada a cubrir los déficit municipales y se ha sometido a un riguroso control, que deja malparada la autonomía municipal, a los ayuntamientos forzados a acogerse a la ayuda estatal.

Déficit municipal

Parecería que el Gobierno piensa que la Administración local es ineficaz, derrochadora, dada a gastos superfluos y ajena a la situación de crisis económica que vive el país. No seremos los comunistas los que neguemos que hay mucho, mucho aún, que reformar y democratizar y racionalizar en los ayuntamientos. Ni caeremos en la estupidez de señalar que, si la Administración local tiene defectos, más incurre en ellos la Administración central.

Pero no caben dudas sobre la causa del déficit municipal, que es de carácter estructural y que se debe a la insuficiencia de los recursos destinados a prestar unos servicios cuyo mantenimiento por tarifa sería injusto y regresivo. La vinculación de una situación deficitaria a la prestación de transporte público en casi todos los casos es ilustrativa de ello.

Hay que suponer que el Gobierno también es consciente de ello y que lo que en realidad hace es extender al campo municipal la aplicación de sus criterios de recorte del gasto público y de estímulo del excedente empresarial.

Medidas como las recientes de permitir a los ayuntamientos recargar el IRPF a sus vecinos y el rechazo a que se subvencionen los servicios que pueden autofinanciarse, cosa factible para todos elevando las tarifas o deteriorando la prestación, significan que se persigue que, para seguir recibiendo las mismas prestaciones públicas, los habitantes de las distintas poblaciones han de pagar más y de forma discriminada, porque se eximen del mayor esfuerzo a los impuestos sobre los beneficios empresariales y sobre el patrimonio, cuando son las grandes empresas y los grandes propietarios los más beneficiados por la acción municipal.

Si el Gobierno quiere que los ayuntamientos se sujeten de forma rigurosa a la situación económica crítica, y es verdad que se puede mejorar en aspectos concretos, hay otros objetivos y otras exigencias a las que recurrir. Los ayuntamientos, al ser las instituciones estatales más próximas a los ciudadanos, son los que más facilitan la participación y el control social de la gestión pública, y, por ello, los que mejor pueden racionalizar su acción y transformar democráticamente los servicios públicos.

En una época de crisis, la descentralización de la gestión pública es una opción válida, que si se adopta puede además poner en juego recursos materiales y humanos hoy no utilizados. La necesaria reindustrialización de España, si quiere ser eficaz e independiente, va a exigir una amplia descentralización en las zonas de producción agrícola, lo que implica la consolidación de una estructura urbana suficiente.

Si se va por ahí, sí es posible, en un diálogo democrático entre todas las administraciones que constituyen el Estado -la central, la autonómica y la local-, extremar el rigor, el esfuerzo y el sacrificio en una reforma administrativa a fondo. Otra cosa es abundar en la peor tradición centralista, usándola para una política coyuntural y para sumar el recorte del poder adquisitivo salarial y a la reducción de las prestaciones sociales un parón o incluso un retroceso en el tímido despegue de las condiciones de vida urbana.

Los ayuntamientos necesitan un marco legal y financiero cierto, pensado para un país que utilice las leyes y todas las instituciones democráticas para restituirse al tiempo en el que vive. La ley de Régimen Local y la ley de Financiación de las Haciendas Locales son imperiosas para conseguir ayuntamientos repre sentativos, autónomos y partici pativos, en cuyo mantenimiento contribuyamos todos de forma equitativa.

es secretario de política municipal del Comité Central del PCE.