Las eléctricas que deseen superar el 8% de dividendo tendrán que adquirir activos o participaciones de otras compañías

Las empresas eléctricas que deseen repartir un dividendo neto superior al 8%, recomendado como máximo por el Ministerio de Industria y Energía dentro de su programa de saneamiento financiero para el sector, se verán forzadas a adquirir activos o tomar participaciones de otras compañías con el fin de cumplir, alguna de las condiciones establecidas por la orden ministerial que se publicó el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado. La toma de participaciones y/o compras de activos materiales resultará, asimismo, económicamente rentable para las compañías eléctricas que hoy son deficitarias en energía, ya que la previsible modificación del sistema de compensaciones intersociedades que se negocia estos días penalizará presumiblemente a las deficitarias y con bajo nivel de inversiones y primará a las que tienen un elevado grado de inversiones y, además, son excedentarias.

A este respecto, las dos o tres empresas del sector que han expresado, más o menos públicamente, su deseo de repartir un dividendo superior al 8% -y acogerse de esta manera a la denominada modalidad B del plan financiero- han desarrollado intensas gestiones dentro del sector en el curso de las últimas semanas encaminadas a cumplir alguno de los dos requisitos establecidos por la orden ministerial 9.552, del pasado 26 de abril, y que son los siguientes: primero, que la inversión realizada en el ejercicio sea mayor o igual al endeudamiento neto en el mismo ejercicio, y segundo, que los fondos desembolsados por ampliaciones de capital sean, al menos, iguales a las cantidades distribuibles como dividendo.El caso más obvio, por su deseo expreso de diferenciarse del resto del sector, ha sido el de Iberduero, cuyo presidente, Manuel Gómez de Pablos, ha cursado una visita semisecreta a la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, para ver sobre el terreno la instalación en la que podría pasar a tener una importante participación en las próximas semanas. Iberduero, que podría orientar su interés hacía otra instalación nuclear, si ésta fuera autorizada en breve, ha expresado también su interés por adquirir o participar en la central térmica de carbón de La Robla, propiedad de Unión-Fenosa y una de las inversiones más rentables en el parque eléctrico nacional. Al parecer, el interés de Unión por desprenderse de esta instalación es más bien remoto, y ha sugerido a la empresa vasca otras alternativas más coherentes con su programa industrial.

Iberduero, que presumiblemente desvelará su política de distribución de dividendos en la junta de accionistas que celebrará el próximo día 5 en Bilbao, es prácticamente la única empresa entre las grandes que se acogerá a la denominada modalidad B del plan financiero. Esta modalidad establece que las compañías que distribuyan un dividendo superior al 8% neto tendrán que demostrar, en el programa financiero que deben presentar al Ministerio de Industria antes del 30 de julio, que cumplen uno de los dos requisitos anteriormente explicitados. Si el plan se acepta en el ministerio, podrá gestionar libremente el 2,8% de la facturación total que queda congelado por el real decreto del 18 de abril con la obligación de destinarlo a fines de saneamiento.

Premios para Iberduero

El problema que se le plantea a Iberduero, sin embargo, es que no cumple hoy por hoy ninguna de las dos condiciones que la orden ministerial exige para autogestionar el fondo del 2,8% de las ventas y mantener el dividendo prometido del 8,5%. Es por eso, y en base a las promesas que los directivos de Iberduero aseguran que recibieron por parte oficial, que la orden ministerial califica en su anexo la compra de activos materiales (referencia 35) y nuevas inversiones permanentes en empresas del sector (referencia 39) como inversión neta en el ejercicio. Adquiriendo algún activo de otra empresa, la compañía con base en Bilbao podría cumplir el requisito inversión/endeudamiento y mantener así el dividendo prometido.

Otra empresa que ha expresado informalmente en el ministerio su deseo de mantener el dividendo neto al 10% ha sido Hidroeléctrica Española. En medios oficiosos, sin embargo, se duda que pueda hacerlo, ya que la ampliación de capital que tiene en curso no ha ido de la manera esperada y los fondos obtenidos no alcanzan la cifra mínima del dinero que se tendría que distribuir como dividendo. Es poco probable que Hidrola, siendo una de las empresas más equilibradas del sector, recurra a realizar algún tipo de intercambio de activos, pese a que teóricamente podría beneficiarse de este tipo de operaciones una vez que quede delineada la nueva política de compensaciones eléctricas.

Por su lado, la pública Endesa, cuya autogeneración de fondos la convierte probablemente en la más saneada de las grandes, es previsible que reduzca su dividendo con el fin de mantener la coherencia del plan gubernamental. Casos diferentes son las dos empresas medianas que pueden cumplir los requisitos, según admitió el titular de Industria, Carlos Solchaga, al término de la conferencia de prensa en la que explicó el plan financiero. El propio ministro identificó éstas como Electra de Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico. Ambas empresas estudiaban ayer la orden ministerial con el fin de fijar sus posiciones.

El proceso de intercambio de activos/fusiones tendrá que decantarse en el presente ejercicio, ya que la vigencia del programa financiero se reduce al 31 de diciembre de 1984. Otra razón que pesa en las prisas por materializar el proceso es la modificación en curso del sistema de compensaciones intersociedades por la energía que se venden unas a otras. Está previsto que el nuevo sistema dé un vuelco a la situación anterior y pase a primar a las empresas excedentarias de energía, precisamente en función del esfuerzo inversor realizado. Es así que algunas sociedades que hoy son deficitarias tendrán que acomodar su oferta al mercado que tienen o, viceversa, mediante la adquisición de instalaciones de producción.