La quiebra de la Seguridad Social

LAS POSIBILIDADES de que el actual sistema de Seguridad Social entre en quiebra si no se reforma profundamente cobran cada vez más fuerza. Los gastos de pensiones de los jubilados, por ejemplo, están creciendo en su conjunto tres veces más rápidamente que la recaudación proporcionada por las cuotas de la Seguridad Social. Hace poco tiempo, el ministro de Trabajo recordaba que desde el principio de la transición política hasta hace pocos meses las personas cotizantes a la Seguridad Social habían disminuido casi un 9% (como consecuencia del paro y de la disminución de la población activa ocupada), mientras que las prestaciones a las clases pasivas habían aumentado cerca del 40%. El capítulo de pensiones - que en este momento representa más del 57% de los gastos de la Seguridad Social-, con un monto global de 1,8 billones de pesetas, hace pensar que en pocos ejercicios el actual sistema de Seguridad Social tendrá un déficit de 1,6 billones de pesetas, muy semejante al de los Presupuestos Generales del Estado.Ante tal situación no es de extrañar que el secretario de Estado de Economía y Planificación afirme que "con el actual sistema no podremos pagar las pensiones que nos hemos comprometido a pagar" y que España necesita un sistema complementario y voluntario al que podrán acogerse los trabajadores. Se refería a los cada vez más actuales fondos de pensiones.

Las declaraciones de altos funcionarios de la Administración, a muy distinto nivel, augurando la quiebra de la Seguridad Social, explicando que las pensiones se reducirán al 60% del salario (y no al 90%, como hasta ahora), declarando que para cobrar pensión habrá que cotizar durante 15 años (y no durante cinco, como ocurre hoy), no hacen sino llenar de zozobra al ciudadano medio, que ante las crecientes inseguridades que impone la crisis económica seguía guardando su trocito de felicidad y de esperanza en. que sus cotizaciones a la, Seguridad Social le garantizarían en la vejez una pensión equiparable en poder adquisitivo a la de su sueldo en época de trabajador activo.

La posibilidad de que una bancarrota pusiese a miles de jubilados futuros -trabajadores actuales- en dificultades enormes para percibir- pensiones mínimamente satisfactorias y en cualquier caso comprometidas con su cotización de. mucho tiempo enerva a cualquier posible afectado. La discusión teórica sobre los derechos jurídicos que los jubilados podrían esgrimir ante el Estado para reclamar el pago de sus jubilaciones pasa a un se gundo término ante la realidad de una quiebra del sistema de la Seguridad Social y, por tanto, ante la incapacidad manifiesta de cumplir sus compromisos.

Por ello es cada vez más incomprensible el retraso de la Administración para abordar en profundidad la reforma de la Seguridad Social, rompiendo con el ingenuo optimismo de épocas anteriores sobre las posibilidades de que aquélla cumpliese indefinidamente sus compromisos en todas sus modalidades. Las líneas generales de esa reforma, que lleva bastantes meses anunciándose, parecen sensatas: adecuación de la estructura financiera de la Seguridad Social a niveles parecidos a los del resto de Europa; redistribución del sistema de ingresos, potenciando la participación del Estado y reduciendo el peso de las cotizaciones (lo que produce efectos favorables a la creación de empleo); racionalización de las pensiones; racionalización de la asistencia sanitaria, etcétera.

Pero esta sensatez debe plasmarse en textos concretos, susceptibles de ser aplicados cuanto antes, para evitar precisamente el crecimiento en progresión geométrica del déficit de la Seguridad Social. Y entre ellos, parece irremediable la urgencia de crear fondos de previsión -fondos de pensiones- que puedan garantizar de manera efectiva el pago de las pensiones futuras a todos los que voluntariamente se acojan a ellos. Ya el secretario de Estado de Economía acaba de expresar la voluntad del Gobierno de estimular estos fondos mediante desgravaciones fiscales y deducciones de los gastos de las empresas; y hace pocos días, el ministro de Trabajo reiteraba lo avanzado de la legislación sobre esta nueva figura de providencia voluntaria, destacando el control a que serían sometidos para evitar cualquier tipo de fraude contra los ciudadanos que se acojan a ellos. Se quiere fiscalizar a los fondos de modo que no ocurra con ninguno de ellos algunos de los sonoros casos de irregularidades que en los últimos años se han dado en la banca, que han afectado a miles de depositarios.

Es evidente que estos fondos de pensiones, que forman parte de todos los sistemas de seguridad social occidentales desde hace años, tendrán una caracterización distinta de los existentes hasta ahora en España, las mutualidades. Según algunos datos, hay en nuestro país alrededor de un millón de personas incluidas en percepciones voluntarias de tipo mutualista. Pero estas mutualidades se constituyen con cargo a los resultados de cada año de las sociedades a las que competen, y no con cargo a dotaciones de un fondo específicamente creado para esa finalidad. Los nuevos fondos significarán el paso de un sistema de previsión por reparto de los resultados anuales a otro basado en el ahorro voluntario y en la previsión-esfuerzo personal. Al margen demagogias, no parece haberse inventado un sistema mejor capaz de garantizar una mínima estabilidad de ingresos a quienes después de una vida activa laboralmente se retiren y se jubilen. La larga crisis económica ha acabado con aquellas esperanzas de los años sesenta en los que el Welfare State parecía que podría extenderse sin límites.