Cuatro años de polémica

Josep Laporte ha sido uno de los consellers de la Generalitat que más desgaste ha sufrido, especialmente en el último período de su mandato, a pesar del gran prestigio de que gozaba cuando se incorporó al Consell Executiu como independiente. Sólo un día antes de las elecciones de 1980 era considerado un seguro conseller si, como entonces vaticinaban las encuestas, los socialistas formaban gobierno con el apoyo del PSUC. Fue una sorpresa para estos dos partidos que Laporte se comprometiera entonces con Pujol, y más todavía que posteriormente tomara el carné convergente.Lo hizo cuando comenzaban a arreciar las críticas contra su gestión en la sectorial de Sanidad de CDC, cuya relación con el conseller nunca ha sido excesivamente buena, y mucho menos en la última etapa. A la sucesión de Laporte aspira el propio responsable de la sectorial, el diputado Joan Colominas cuyo hijo, Joan Ramón Colominas-Companys, fue nombrado jefe del gabinete técnico del conseller. Entre el personal del pabellón Ave María de la Maternidad, donde se ubica el despacho de Laporte, se tiene la convicción de que la actuación de Colominas-Companys ha sido más útil a las pretensiones de su padre que a la buena imagen del conseller.

Hasta septiembre de 1983, la gestión del departamento estuvo marcada por la fuerte personalidad de su directora general de Asistencia Sanitaria, Elvira Guilera. Los socialistas, y muy especialmente el ex conseller comunista de Sanidad, Ramón Espasa, la han acusado reiteradamente de utilizar su cargo en beneficio de intereses personales, y, en concreto, del hospital Oncológico, del que era gerente en excedencia mientras ocupaba el cargo.

Una dimisión

Como prueba esgrimen el decreto que introduce, por el procedimiento de corrección de errores, el Oncológico en el Mapa Sanitario de 1980 y la modificación de la orden de acreditación de hospitales, en el sentido de no exigir a los de nivel 3 los servicios de los niveles inferiores que no tenía otra posible justificación que permtir la acreditación del Oncológico, previsto como monográfico. Cuando el diputado Espasa interpeló al titular de Sanidad sobre la coincidencia de que la modificación se efectuase siendo Elvira Guilera directora general y, al mismo tiempo, miembro del Consejo de Patronos del Oncológico, el conseller Laporte afirmó que Elvira Guilera ya no pertenecía al hospital. Sin embargo, Elvira Guilera era miembro del Consejo de Pationos cuando se aprobó la modificación y lo seguía siendo cuando el conseller afirmaba lo contrario en la Cámara.

Elvira Guilera dimitió el 15 de septiembre de 1983 porque vislumbraba la crisis que se avecinaba, y no quiso ser su chivo expiatorio. Temía que le hicieran pagar los platos rotos de una gestión que, en último término, consideraba responsabilidad de Josep Laporte. La crisis estallaría poco después, cuando las empresas proveedoras se negaron a suministrar material a los hospitales si no cobraban al contado, lo que puso al descubierto el grave déficit acumulado.

En esta, primera etapa se pusieron en vigor las normas de acreditación de hospitales, consideradas la obra más positiva del departamento (Aparte de las campañas de vacunación y salud pública, con excepción de la del tabaco y la de la droga, ésta última calificada de nefasta por medios jurídicos y sanitarios) y se elaboraron los planes sectoriales de Altebrat y Vall d'Aran. Pero también la polémica asignación de ayudas especiales a algunos centros, cuya relación, ocultada celosamente por el departamento, se reproduce el cuadro adjunto.

Los meses que siguieron a la dimisión de Elvira Guilera fueron de crisis: la que provocó la pugna por determinar qué competencias correspondían al ICS, a cuyo frente se nombró a Lluís Pedragosa, y cuáles a la dirección Genera¡ de Ordenación y Planificación Sanitaria, cargo que ocupó Xavier Trias. Éste hizo un esfuerzo titánico, en el último momento, para poder presenta.-, antes de finalizar el mandato, el Desarrollo del Mapa Sanitario y de las prisas surgió un nuevo motivo de crítica por parte de la oposición: la falta de participación de los ayuntamientos y organismos afectados.