La Iglesia de Argentina prepara un documento en el que se enjuicia la acción del Gobierno radical de Raúl Alfonsin

La Iglesia argentina, que se acaba de pronunciar públicamente contra la ley de divorcio "porque hay ciertos principios que son fijos, inmutables, de origen divino, que no estamos autorizados a cambiar", prepara ahora un documento titulado Democracia, responsabilidad y esperanza, en el que se hacen observaciones críticas de la realidad y se enjuicia la acción del Gobierno.

A pesar de la oposición manifiesta de algunos obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal argentina, Juan Carlos Aramburu, quien fuera denunciado y acusado por su complicidad en la represión militar, logró imponer el voto de la mayoría para observar, entre otras cosas, que "algunas personas que tienen derecho a ver respetado su buen nombre y honor están siendo atacadas, muchas veces sin fundamento", en una clara alusión a los militares procesados.La inclusión de una sola frase del documento, en la que se hacía referencia a los "excesos de la subversión", pero también a la existencia de "un sistema ilegítimo de represión", ha provocado discusiones entre los representantes de una y otra corriente en el seno del episcopado.

El manifiesto eclesiástico coincide con la reacción de los sectores militares desplazados, que advierten sobre una "campaña de desprestigio" contra las fuerzas armadas. La sucesión de documentos y declaraciones parece destinada a frenar la acción del Gobierno. La embestida cuenta con algunos medios de información, que insisten en denunciar una "infiltración izquierdista" en el Gobierno.

El miércoles, el ministro de Defensa, Raúl Borrás, visitó la base naval de Puerto del Grano, en Bahía Blanca, la más importante del país, y en medio de una discusión política obligó a retractarse al capitán de navío Roberto Pérez Froio, que enjuiciaba al Gobierno. El oficial, que se desdijo en el momento, insistió luego en sus críticas y el viernes fue relevado de su cargo y pasado a retiro. No es casual que ayer el diario La Nueva Provincia, de la ciudad de Bahía Blanca, reconocido portavoz del pensamiento de la marina en esa base naval, diera la información de una supuesta reunión que habrían mantenido en la ciudad de Córdoba los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de los Montoneros, las dos organizaciones guerrilleras más importantes del país.

Según el periódico, los extremistas habrían decidido un plan de acción que consistiría en "infiltrarse en todos los sectores del Gobierno y de las fuerzas armadas y seleccionar posibles víctimas, teniendo en cuenta la incapacidad de las autoridades constitucionales para evitar un rebrote del terrorismo".

El Ministerio del Interior se vio obligado a desmentir tal información, y en el caso de la Iglesia, el propio ministro, Antonio Tróccoli, tuvo que declarar, después de la reunión con los obispos, que el Gobierno "no auspicia" la ley de divorcio.