El Gobierno regional, contra el aumento de la cota de embalse del pantano oscense de Jánovas

El Gobierno aragonés ha presentado alegaciones contra la construcción del pantano de Jánovas (Huesca), proyectado por la empresa Iberduero, al considerar que se varía el proyecto inicial de 1951, que fijaba un uso exclusivamente hidroeléctrico, con una cota de embalse de 710 metros. La variación consiste en una ampliación de esta cota a 730 metros, justificada por la empresa en la necesidad de regular el río Ara con destino a regadíos.

Las alegaciones del Gobierno regional vienen a sumarse a las presentadas por diversas organizaciones y colectivos ecologistas, agrupados en la llamada Coordinadora contra el Pantano de Jánovas, que ha desplegado una amplia campaña de oposición ante las graves repercusiones que, en su opinión, puede suponer el citado pantano para la comarca de Sobrarbe.El Ejecutivo regional pide que "se anule y declare ineficaz el trámite de información pública efectuado y que se retrotraigan las actuaciones en tanto no se demuestre que no existen otras alternativas que consigan los objetivos con un menor impacto social y territorial".

En el caso de que el proyecto de construcción del pantano siga adelante, el Gobierno aragonés "exigirá a la empresa Iberduero el cumplimiento puntual de un amplio abanico de contrapartidas, que afectarán tanto a la comarca como al embalse, y que en el actual proyecto no se recogen". Según el Gobierno regional, debe fijarse en 350 hectómetros cúbicos la capacidad máxima del pantano; y los vecinos del valle tienen que ser ubicados en lugares próximos a los actuales. Para ello, habrán de adoptarse una serie de medidas en materia de vivienda, explotaciones familiares, vías de comunicación y acceso a las fincas agrícolas, fijación de caudales ecológicos mínimos, electrificación rural, abastecimiento de agua y recuperación y custodia del legado histórico-artístico.

Las exigencias del Gobierno aragonés respecto a la comarca de Sobrarbe, catalogada como deprimida, se concretan en la puesta en regadío de 3.450 hectáreas y en que deberá quedar asegurado el abastecimiento de agua y el saneamiento en toda la comarca.

También deberá tenerse en cuenta un estricto plan de protección del paisaje para el turismo, así como las directrices de un estudio del impacto ambiental.