Aventuras y desventuras del PSOE en Murcia
El soborno frustrado a dos periodistas es sólo el elemento más escandaloso en una tortuosa historia
JOAQUIN PRIETO Andrés Hernández Ros, de 35 años, casado y con cuatro hijos, era un vendedor de productos químicos antes de que su dedicación profesional a la política le convirtiera en el administrador de más de 10.000 millones de pesetas en fondos públicos durante 1983, incrementados en otros 5.000 para el presente año. Casado y con cua tro hijos, autodidacta, marxista ortodoxo y antiguo partidario de la lucha armada, ingresó en el PSOE en 1975 y organizó, prácticamente desde la nada, el partido socialista en la región de Murcia.
Una de sus principales líneas de trabajo ha consistido en promocionar iniciativas empresariales desde el órgano de gobierno regional. Entre ellas figura la entidad Promural, dedicada a la transformación de productos agrarios, constituida con un capital social de 160 millones de pesetas y dedicada a transformar el pimentón y otros productos en polvo o escamas, presentaciones ambas poco habituales en el mercado. Al término del primer ejercicio, Promural ya había perdido casi 100 millones de pesetas, pese a utilizar tecnología avanzada.
Negocios filipinos
Otra de las inversiones de la comunidad se dirigió hacia la cría artificial del langostino, con licencia filipina. Para ello se creó la entidad denominada Muracua, presidida por el propio Hernández Ros, que inició sus actividades a mediados de 1982 y permaneció ocho meses sin inscribirse en el registro correspondiente. Su primera cosecha de crustáceos proporcionó la mitad del producto calculado, y el consejero-delegado, José Antonio Hernández Salinas, fue destituido en medio de un considerable revuelo. Este último, que pertenecía a una de las tres entidades asociadas en el proyecto, no desembolsó la inversión prevista; no pudo aportar la tecnología filipina con la que se contaba -al descubrirse que no era el propietario de la misma-, y además permaneció siete meses cobrando un sueldo de 300.000 pesetas mensuales, que salieron, a todas luces, del presupuesto de la Comunidad.
El consejero-delegado que sustituyó al destituido, José María Casanova -titular de la cartera de Industria de la Comunidad y accionista minoritario de Muracua-, explicó que había contado con el destituido porque era amigo personal suyo y "porque confiaba en su gestión". Lo cierto es que el único dinero realmente invertido era el de procedencia pública, además de una aportación minoritaria del mencionado José María Casanova. El agujero económico se descubrió cuando la Comunidad llevaba gastados 25 millones de pesetas en el asunto, y el coste global de la aventura superó los 100 millones.
El partido socialista se vio igualmente implicado en empresas que condujeron a oscuros resultados. El PSOE disponía de una serie de entidades paralelas para obtener fondos: una de ellas, lanzada como cooperativa, sufrió un presunto desfalco de 30 millones de pesetas, a cargo de un individuo contra quien Hernández Ros anunció una querella que no llegó a consumarse.
El nexo entre el dirigente murciano y el grupo de empresas del PSOE fue Julio Feo -actual secretario general de la Presidencia del Gobierno-, quien marchó a Murcia tras el abandono de Felipe González de la secretaría general del PSOE (hecho que se produjo en el 28 congreso) y permaneció dos años en dicha región como jefe del gabinete de Hernández Ros Feo regresó posteriormente a Madrid.
En la actualidad, el PSOE murciano tiene una deuda valorada en 40 millones de pesetas, de origen no bien precisado, aunque miembros del mismo lo atribuyen a varíos desastres en la gestión de empresas. Para resolver este problema se ha pensado recurrir a la suscripcion de préstamos personales por parte de los parlamentarios y altos cargos de la comunidad.
A principios de este año surgió un nuevo escándalo, en este caso a cuenta del incremento de sueldos para los miembros del Gobierno autónomo. El proyecto de presupuestos de la Comunidad preveía un incremento del 17% en los sala rios de los consejeros y del 33% para el presidente. El anuncio del proyecto coincidió con las exhor taciones del Ministerio de Economía y Hacienda a situar el tope de subidas salariales en el 6,5%.
De acuerdo con estos planes las retribuciones brutas del presidente (5,9 millones de pesetas) quedaban equiparadas a las de se cretario de Estado; las de los consejeros (4,4 millones de pesetas), a las de directores generales de la Administración central, y las de directores regionales y secretarios generales técnicos (3,1 millones), a las de subdirectores generales de la Administración. El consejero de Hacienda, José Molina, explicó que la equiparación respondía a instrucciones recibidas desde la ejecutiva federal del PSOE, a lo cual replicó el responsable autonómico de esta última, Salvador Fernández, que el incremento real de sueldos provocado por esa subida no era conforme a los principios socialistas.
José Molina, único independiente en el Consejo murciano, ocupa un alto cargo en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y ha tratado de reducir las alegrías económicas de la Comunidad. En el asunto de los sueldos defendió inicialmente las tesis del presidente regional, quien argumentó que todo se reducía a la equiparación antes citada. ("No tuvimos suficiente sensibilidad para comprender la repercusión que iba a tener la subida", se lamenta ahora el presidente dimisionario.)
A esas alturas, los medios informativos locales se habían lanzado ya a una campaña contra los sueldos. Hernández Ros optó entonces por enviar artículos periodísticos al fiscal, "por si pudieran constituir desacato"; hasta cuatro periodistas de La Verdad fueron desfilando por el juzgado, entre ellos Joaquín García Cruz. Faltaban apenas dos semanas para que este último recibiera, además, una propuesta de soborno.
Dimisiones y amenazas
En medio de la marejada, el consejero de Hacienda presentó su dimisión al presidente regional.
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Viene de la página 22Este último le pidió que no lo hiciera, para no dañar la imagen del PSOE con una fisura autonómica en plena campaña de las elecciones vascas. Ocho horas más tarde de cerradas las urnas electorales de Euskadi, Hernández Ros encontró en su despacho la carta de dimisión del consejero de Hacienda.
El escándalo de los sueldos fue sólo uno de los motivos de su renuncia: en realidad, el desacuerdo era más amplio. Frente a las tesis de Molina, partidario de administrar cuidadosamente los recursos disponibles, Hernández Ros ha intentado una política de amplio riesgo, sin temor a comprometerse en endeudamientos progresivos. Uno de los últimos proyectos del presidente dimisionario consistía en instalar el tercer canal de televisión, que el consejero de Hacienda no veía viable, puesto que exigía una inversión superior a los 3.000 millones de pesetas. Otra iniciativa, aún más cara, era la de instalar un tren aéreo para cubrir los 12 kilómetros de distancia que separan Molina de Segura y Murcia.
A la dimisión del consejero de Hacienda se unieron las de otros dos: José Morales, catedrático de la Universidad de Murcia y titular de la cartera de Sanidad, y José Luis Albacete, ingeniero agrónomo y colega de aquél en la de Agricultura. En sorprendente coincidencia con esas decisiones, José Luis Albacete fue objeto de un intento de atropello en la vía pública, mientras José Morales recibió amenazas anónimas. Paralelamente, dos subcomisarios de policia, uno de ellos excedente (José Antonio Asensio) y otro en activo en el CESID (Francísco Sánchez Herrera), iniciaron las conversaciones con dos periodistas de La Verdad, prestintamente para comprar su silenelo, avalados para ello por el secretario de finanzas del PSOE. Éste Último, Francisco Serrano, es también un hombre sin estudios; amigo de Hernández Ros desde hace muchos años, parece haber aceptado resignadamente el pa-p(,-[ de cabeza de turco.Las razones por las que dos miembros de] Cuerpo Superior de Policía han podido intervenir como interrne- diarios en esta operación no son aún conocidas. Pero algunos miembros del partido socialista de Murcia recuerdan que no es la primera vez que aparecen personajes singulares en el entorno de Hernández Ros. Un ejemplo: José Luis Espinosa, presunto organizador del atentado contra Antonio Cubillo (líder del MPAIAC) e infiltrado en los GRAPO, fue secretario general de la UGT miarciana y actuó como jefe de seguridad del PSOE en la campaña electoral de 1977.
Inestabilidad política
La colección de problemas de gestión se muna a un hecho aparentemente contradictorio: el partido socialista, que ha ganado todas las elecciones celebradas en Murcia desde 1979, atraviesa constantes períodos de inestabilidad interna. Casi todos los diputados de 1977 fueron cambiados en 1979, y a su vez hubo renovación prácticamente completa en 1982; los cargos municipales y los consejeros de la Comunidad sufrieron también frecuentes sustituciones.
Tras unlargo período de luchas intestinas, ampliamente reflejado en la Prensa local, un sector del PSOE murciano, aglutinado por Antonio Martínez Ovejero y -que procedía de la Unión Sindical Obrera (USO)-, organizó una fuerte oposición al secretario general. Fueron derrotados por escaso margen en el congreso regional de 1982, después de que agrupaciones fiavorables a Hernández Ros, como la de Lorca, multiplicaran su militancia en el último momento (y, por tanto, sus votos). Asistió al congreso la secretaria federal de Organización, Carmen García Bloise, quien atacó a los que se valían de la prensa burguesa para desprestigiar al partido, en alusión directa al sector que poco después ibaa ser derrotado.
Convocadas nuevas elecciones legislativas, los dirigentes del sector derrotado fueron oportunamente sancionados con la suspensión de mili1ancia, en vísperas de la reunión del comité regional que había de confeccionar las listas electorales. Los afectados están convencidos de que las cosas no ocurrieron así por casualidad: de hecho, no pudieron presentarse a la reelección. Un año antes había sido expulsado el senador José Pérez Fernández, por supuesta difusión pública de un documento en que acusaba. al partido de mantener la corrupción heredada del franquismo; por sentencia judicial fue anulaciz la medida.
Lo sucedido desde entonces no ha hecho sino agravar la crisis. Hernández Ros ha tratado de ganar tiempo y aún se mantiene al frente de la secretaría general. Un tenaz luchador, en suma, que habrá de eniFrentarse en Madrid -a donde ha sido llamado por la dirección federal del PSOE- a una sensible pérdida de credibilidad.
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