La oposición nicaragüense carece de un líder capaz de hacer frente a las listas oficiales sandinistas

La derecha nicaragüense hizo de la inmediata convocatoria a elecciones el eje de su discurso político durante los últimos cuatro años. Una vez que el Gobierno decidió anticiparlas en tres meses, resulta que esto sólo favorece al frente sandinista. Semejante contradicción revela la carencia de un líder sólido capaz de enfrentarse en las urnas a las listas oficiales encabezadas por el comandante Daniel Ortega.

Una candidatura unitaria de toda la oposición podría, si no alcanzar la presidencia, sí al menos formar un fuerte bloque en la futura Asamblea Constituyente. Pero el solo anuncio de los comicios ha hecho aflorar nuevas divisiones internas en la última semana.El Partido Conservador, tan antiguo como el país, porque data de los días de la independencia, está fraccionado en tres grupos, que se disputan los locales con métodos que bordean la pelea callejera.

El otro partido histórico, el liberal, se rompió, tras la caída de Anastasio Somoza, ante el dilema de colaborar o no con el nuevo Gobierno. Los constitucionalistas optaron por la crítica a ultranza, en tanto que los independientes se apuntaron a una "colaboración crítica", entrando a formar parte del Frente Patriótico. Una nueva escisión amenaza a éstos. Su congreso acordó separarse del Frente Patriótico para presentar una candidatura propia, pero parte de sus dirigentes discrepan de esta decisión y consideran seriamente la creación de un tercer partido liberal.

Idénticos problemas se dan en el seno de los socialcristianos. Un pequeño grupo que añadió a su sigla el adjetivo de popular se integró en el Frente Patriótico y con toda probabilidad irá a las elecciones en alianza con los sandinistas, ya que en otro caso no superaría el 3% de votos exigido por la ley para mantener su inscripción.

Bajo estas perspectivas, nadie sabe cómo puede producirse antes de julio, fecha probable para la presentación de candidatos, un proceso de convergencia que todos consideran, por otra parte, como su única garantía para no ser barridos por los sandinistas.

Un solo líder

El único nombre capaz hoy de aglutinar a la oposición parece ser el de Arturo Cruz, ex miembro de la junta de Gobierno y ex embajador en Washington. El Gobierno ha hecho saber que ningún proceso judicial impide su regreso al país, pero la ley electoral en su redacción actual le impediría presentarse como candidato a la presidencia, ya que establece como requisito residir en el país desde el 31 de enero, fecha en que se abrió el proceso electoral.Las divisiones internas han impedido hasta ahora diseñar una estrategia común, y la decisión de ir o no a las elecciones puede originar nuevos fraccionamientos. La Coordinadora Democrática ni siquiera se ha puesto de acuerdo sobre si debe participar en los debates del Consejo de Estado Socialcristianos y liberales mantienen su representante, en tanto que los socialdemócratas han retirado el suyo.

Sólo la crítica unifica a las fuerzas opositoras. Todos están de acuerdo en que no existen condiciones para un proceso democrático con igualdad de oportunidades. Para ello deberían darse al menos tres supuestos: levantamiento del estado de emergencia, con la consiguiente supresión de la censura; separación de Estado y partido sandinista, y apertura de un proceso de reconciliación nacional que incluya un diálogo con los insurgentes.

Los observadores occidentales coinciden en que no se puede realizar una campaña electoral bajo la ley de emergencia. Los sandinistas han dado garantías de que ésta será cancelada antes de abrir el registro electoral, a comienzos de mayo. La oposición está enterada de ello y no se entiende muy bien cómo sigue enarbolando una bandera que los sandinistas le van a arrebatar dentro de dos meses.

La necesidad de separar el Estado y el partido sandinista es algo que los socialdemócratas europeos entienden. Es difícil realizar un proceso electoral abierto cuando los comités de defensa sandinista, implantados en cada manzana, desarrollan tareas tan importantes como la distribución de los alimentos racionados (azúcar, arroz, frijoles). Por esta vía, denuncia la oposición, puede que dar anulada la libertad de voto.

El proceso de reconciliación nacional significa para la derecha la apertura de negociaciones con los alzados en armas. A su juicio, es insuficiente la amnistía concedida por el Gobierno, ya que excluye a los dirigentes. Resulta sorprendente que ninguna de sus reclamaciones se dirija a los insurgentes ni a Washington, que los financia.

La Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que combate desde Honduras, exige para deponer las armas la inmediata constitución de un Gobierno provisional que excluya a sandinistas y somocistas, condición un. tanto exótica si se tiene en cuenta que la FDN agrupa en, sus filas a numerosos oficiales del desaparecido régimen. La Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) de Edén Pastora y Alfonso Robelo reclama desde Costa Rica un espacio electoral para todos, sin excluir a los ,dirigentes guerrilleros.

Transparencia

Frente a las denuncias de conservadores y liberales, el Gobierno señala que estos defensores actuales de la pureza electoral nunca tuvieron reparos para participar en el pasado en elecciones amañadas, que Washington decidía en última instancia a favor de su aliado de turno. A la vista de esa tradición, no es difícil que los sandinistas puedan cumplir su promesa de realizar los comicios más transparentes de la. historia nicaragüense, sin vigilancias externas, pero con las puertas abiertas a los observadores internacionales.Elena Flores, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, opina a este respecto que "es posible que algunas circunstancias sean ajenas al clima democrático que se exige en Europa, pero creo que estamos obligados a aplicar el beneficio de la duda. Entre otras cosas, porque este país no tiene, condiciones de paz para cultivar los hábitos democráticos, y de ello no son culpables sólo los sandinistas".

Lo más importante, y en esto coinciden varios dirigentes socialistas, es que el Gobierno de Managua ha optado por un Estado pluripartidista. Esa es la definición esencial, sobre todo si se tiene en cuenta que los actuales dirigentes proceden en su mayoría del ámbito marxista y llegaron al poder después de una guerra revolucionaria.