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Los relevos en el Ministerio de Hacienda paralizan los planes de lucha contra el fraude fiscal elaborados por José Sevilla

La puesta en marcha de los planes para agilizar la lucha contra el fraude fiscal, cuya definición resultó durante meses lenta y jalonada de problemas, está ahora congelada desde que el primero de febrero cesó el anterior secretario de Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla. El nuevo equipo ha procedido en las últimas semanas a repasar los dispositivos previstos para hacer frente a la evasión de impuestos, con el fin de decidir su aplicación matizada o su rectificación. Uno de los primeros indicadores a la hora de valorar la opción adoptada serán los próximos relevos en la Dirección General de Inspección y, más tarde, en la de Tributos. El primer cambio puede ser estudiado en el Consejo de Ministros de hoy miércoles.

En las últimas semanas, la única disposición de importancia que ha tenido luz verde del nuevo equipo y del Gobierno -en su reunión de la semana pasada- ha sido el decreto ley que regulará la principal defensa contable que tienen las empresas contra la inflación: actualizar sus activos (edificios, maquinaria, etcétera), dándoles un valor mayor. La medida, ya prevista en la ley de Presupuestos del Estado, permitirá actualizar tanto el inmovilizado como los valores mobiliarios.Al aumentar paralelamente su pasivo, las empresas podrán contabilizar más reservas, enjugar pérdidas y, de paso, ver facilitado su endeudamiento. El decreto ley autorizará estas operaciones, de cara a la declaración del impuesto sobre sociedades (beneficios), que deben formular antes del verano las 120.000 compañías que declaran por el mismo. Este impuesto, por el que Hacienda espera recaudar en 1984 unos 320.000 millones de pesetas, después de descontar unos 158.600 millones de gastos, se muestra estancado en términos relativos desde hace varios años y acusa grandes problemas de gestión e inspección.

Por el contrario, han quedado paralizados, para su revisión por el nuevo equipo, los dispositivos de lucha contra el fraude que había esbozado durante el pasado año el equipo de Sevilla (nueva red de delegaciones de Hacienda y reforma de la administración tributaria), los proyectos de disposiciones que iban a reforzar dicho dispositivo (afloración del dinero negro y tributación de nuevos activos financieros, ley de infracciones y l1mitación del secreto bancario, etcétera) y la terminación de la reforma fiscal que anunció el PSOE en su programa electoral y redactó Hacienda durante 1983 (impuesto sobre el valor añadido, ley de tasas, ley de patrimonio, adecuación de las leyes de renta y, sociedades, reglamentos, etcétera).

Integración de ingreso y gasto

La sustitución de Sevilla por José Borrell, además de suponer el ascenso de este desde la Secretaría General ele Presupuestos y el de otros altos cargos para cubrir los puestos dejados por hombres del interior equipo, ha entrañado la integración de las vertientes del ingreso y del gasto, tradicionalmente separadas en Hacienda. Ahora, la próxima tanda de releves; en estudio para sustituir a López Ibáñez en la Dirección General de Inspección y a Francisco Eiroa en la de Tributos está siendo abordada con el propósito de conjuntar los respectivos centros de gestión fiscal y de normativa, que se considera han sufrido también desintegración.Como a corto plazo repercute más en la recaudación el centro gestor, el nuevo equipo ha dado prioridad a los relevos en la inspección, pero teniendo presente dicho proyecto de integración. Los nombres de probables sustitutos de López Ibáñez han sido numerosos, aunque se han centrado principalmente en la terna compuesta por Ángel Vizcarrondo, Leopoldo López Aranda y Joaquín Prior, que es la que cuenta con más probabilidades de pasar al próximo Consejo de Ministros. La personalidad del elegido, según fuentes de Hacienda, denotará si se mantiene con algunas matizaciones el dispositivo de lucha contra el fraude dibujado por Sevilla (como se recordará, el poner retención o no a los pagarés del Tesoro fue uno de los motivos de su cese) o, por el contrario, si prospera la rectificación del mismo. La solución de continuidad sería encarnada por Vizcarrondo, que era el segundo de la inspección desde la Subdirección de Estudios y Planificación.

Para la Dirección General de Tributos, encargada de elaborar las normas fiscales, la decisión no se considera tan urgente. El nombre más barajado es Miguel Cruz Amorós, subdirector encargado del Gabinete de Estudios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de febrero de 1984

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