Huelgas a favor de la sindicación de los 'espías electrónicos' en el Reino Unido
Autobuses, trenes, servicios públicos y sanitarios dejarán de funcionar hoy en Gran Bretaña durante varias horas como muestra de solidaridad con los trabajadores del Centro de Comunicaciones de Cheltenham -una de las redes de espionaje electrónico más importantes de Occidente-, a quienes el Gobierno conservador ha prohibido sindicarse.La mini huelga general ha sido convocada por el Congreso de las Trade Unions (TUC), que considera que la prohibición es un ataque frontal contra la libertad sindical. "Es la primera vez en la historia que un primer ministro se atreve a decir en este país que una persona que pertenece a las Trade Unions no es patriota ni digna de confianza", afirmó el secretario general del TUC, Len Murray.
La decisión se ha convertido en un avispero para Margaret Thatcher y para el secretario del Foreign Office, Geoffrey Howe, a quienes muchos diputados conservadores reprochan la "absoluta falta de tacto" con que han abordado el problema.
La prohibición fue anunciada hace más de tres semanas. Los funcionarios de Cheltenham que ya pertenecían a los sindicatos recibieron una alternativa: darse de baja y cobrar 1.000 libras (220.000 pesetas) como indemnización o ser trasladados a otro servicio. Sí no aceptaban ni una cosa hi otra serían despedidos fulminantemente. Thatcher afirmó que un centro tan importante para la seguridad de Occidente no puede tener una huelga.
El sindicato respondió ofreciendo un compromiso: garantizaba que no interrumpiría el trabajo en Cheltenham en ningún caso. Un comité parlamentario, con representación conservadora, aconsejó al Gobierno que negociara y aceptara el compromiso, pero Margaret Thatcher se negó a ello.
Pese a que el Gobierno lo ha desmentido en repetidas ocasiones, cada día es más evidente que la decisión de prohibir la sindicación responde a presiones norteamericanas. Cheltenham está conectado con un centro similar al de la CIA en Estados Unidos. Washington quiere que se obligue a los funcionarios del centro británico a someterse periódicamente a un detector de mentiras, a lo que los sindicatos se han negado por considerar que es un método sin validez científica.
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