Los militares no podrán ser candidatos

El Consejo de Estado, nicaragüense inició ayer los debates en torno a la ley electoral que, según todos los indicios, será aprobada en el curso del próximo mes. Aunque los sandinistas gozan de amplia mayoría en este organismo deliberante, el dictamen de la comisión electoral ha introducido algunas modificaciones a solicitud de las fuerzas de oposición, como la prohibición de que los militares sean candidatos.El anteproyecto, que consta de 158 artículos, establece que presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría relativa en un único colegio nacional, en tanto que el país se divide en seis regiones electorales y tres zonas especiales para designar por sistema proporcional riguroso a los -90 diputados. de la Asamblea. En uno y otro caso, el mandato será de seis años. Se asigna a los miembros de la Asamblea la tarea específica de redactar una constitución en 24 meses.

El requisito previo para la presentación de candidaturas es presentar 5.000 firmas. Quienes no obtengan un 3% de votos perderán su personalidad jurídica.

Esta norma fomentará las coaliciones, principalmente en la oposición de centro-derecha. También los pequeños partidos que forman parte del Frente Patriótico de la Revolución es probable que acudan aliados a los sandinistas, posiblemente con la excepción del Partido Liberal Independiente (PLI), que tiene en el ministro de Trabajo, Virgilio Godoy, a su máximo líder.

La ley determina que no serán elegibles los magistrados de la Corte Suprema, miembros de organismos electorales, presidentes de organismos descentralizados del Estado, los que ejerzan jurisdicción y los miembros en activo de las Fuerzas Armadas. Esta última exclusión ha sido introducida para silenciar una de las críticas más generalizadas. Si Daniel Ortega se presenta como candidato a la presidencia deberá renunciar a su cargo en la Junta apenas se abra la inscripción de candidaturas.

No podrán votar ni ser elegidos los que cumplan condena o estén pendientes de juicio, los ex oficiales de la ex Guardia Nacional que no hayan sido juzgados y los jefes contrarrevolucionarios que hayan pedido la intervención extranjera, reunido fondos en el exterior con este fin o planeado ataques contra bienes del país. En cambio, sí podrán participar los amparados por la amnistía.

En un plazo que aún no se ha determinado se elaborará un registro electoral. El dictamen mantiene la edad de voto a los 18 años, si bien se someterá a discusión la propuesta anunciada por Daniel Ortega de rebajarla a 16 años. Quienes no se inscriban, están expuestos a inhabilitación por tres años. La partida de nacimiento, el pasaporte, la libreta del seguro social y el carné de conducir sirven, entre otros documentos, para formalizar la inscripción. La oposición entiende que por esa vía los comités de defensa sandinista pueden inflar el registro. En líneas generales, la técnica que se fija para el censo es similar a la de cualquier país democrático, y el Gobierno esta dispuesto a aceptar la presencia de observadores extranjeros en todo el proceso censal.

El Consejo Supremo

El máximo organismo electoral es el Consejo Supremo, formado por tres miembros, que designará la Corte Suprema de Justicia. Desaparece así el papel que asignaba el anteproyecto al Consejo de Estado, que había despertado una fuerte censura por parte de la oposición.El Consejo Supremo nombrará a su vez a los colegios regionales y éstos a las juntas receptoras de votos. Una vez más, la oposición exige que los partidos políticos participen en estos organismos, porque de lo contrario todo el proceso de escrutinio estaría en manos de personas nombradas por el sistema.

Este tema adquiere enorme importancia porque el Consejo Supremo es la última instancia en materia de reclamaciones. Los demás partidos podrían únicamente designar fiscales en las mesas, sin más poder que el de presentar denuncias.

En materia de propaganda electoral, el Estado garantiza un espacio igual para todos en la televisión y la radio públicas, así como una financiación idéntica de 600.000 dólares para cada partido que presente candidatos.

Más allá de eso, cada grupo puede recaudar fondos dentro y fuera del país aunque en este último caso tendrá que dar cuenta al Banco Central para el correspondiente control de divisas.

En el capítulo de prohibiciones de campaña están la de regalar productos de consumo para ganar votos y calumniar a otros candidatos. Ha desaparecido del texto la referencia a la revolución sandinista, que había originado suspicacias en la oposición.

Las fortísimas sanciones a quienes cometan fraude o destruyan urnas (hasta dos años de prisión) parecen apuntar un propósito de celebrar elecciones limpias. La oposición replica que tal como está la ley se deja la puerta abierta para que los sandinistas sean juez y parte y exigen representación en los organismos de control.