El Gobierno nicaragüense levantará el vigente estado de emergencia antes de las elecciones del 4 de noviembre

El estado de emergencia que rige en Nicaragua desde marzo de 1982 será levantado antes de iniciarse la campaña en el momento en que el Consejo Supremo Electoral abra la inscripción para el registro de votantes. Como fecha indicativa se maneja la del 6 de mayo. Esto supone la cancelación automática de la censura de prensa. Los comandantes Daniel Ortega y Bayardo Arce han asegurado este extremo a una amplia delegación de la Internacional Socialista que se encuentra en Managua.

Los dirigentes socialdemócratas incluso los que han coqueteado con Edén Pastora, no presentaron ninguna objeción de fondo al proceso electoral nicaragüense, que se proponen apoyar con firmeza frente al obstruccionismo de Washington.Durante la reunión mantenida con los dos comandantes sandinistas y el canciller Miguel d'Escoto, los representantes del PSOE, Elena Flores y Miguel Ángel Martínez, reiteraron el ofrecimiento que hizo en su día el Gobierno español, por boca de Alfonso Guerra, de prestar todo tipo de cooperación técnica en la elaboración del registro electoral. Bayardo Arce dijo que esa ayuda-será aceptada de buen grado.

El presidente del Consejo de Estado, Carlos Núñez, por su parte, afirmó ayer en conferencia de prensa que es firme voluntad del Gobierno que la campaña electoral se realice sin ningún tipo de censura. Añadió que las numerosas objeciones presentadas a la ley por las fuerzas opositoras serán discutidas en el pleno y que el frente sandinista está dispuesto a actuar con flexibilidad.

Las modificaciones introducidas ya en el anteproyecto de ley electoral revelan que el Gobierno nicaragüense desea que la oposición participe en los comicios, y para conseguirlo ha aceptado algunos de sus criterios, sin imponer la mayoría sandinista en el Consejo de Estado.Del texto inicial desapareció la prohibición de denigrar a la revolución, los militares en activo ya no podrán ser candi datos y el Consejo Supremo Electoral será nombrado directamente por la Corte Suprema de Justicia. Hay en todo ello un propósito evidente de impedir rupturas internas y garantizar la existencia de partidos políticos en el futuro Estado. Según frase de Carlos Núñez, "la oposición forma parte también del Estado".

La reacción de los partidos de centro-derecha al discurso de Daniel Ortega ha sido la de mantenerse a la espera. "Ninguno de nuestros planteamientos básicos para un proceso electoral democrático ha sido contestado", declaró Miriam Argüello, presidenta del Partido Conservador Demócrata.

Otras exigencias de la oposición hacen referencia a la confusión existente hoy entre Estado y organizaciones sandinistas, lo que origina, según la oposición, una fuerte desventaja para ellos. El titular del Consejo de Estado argumenta, por su parte, que en todos los países el partido gobernante se con funde en cierta forma con la maquinaria estatal.

Los representantes de partidos europeos que han estado estos días en Managua salieron plenamente convencidos de que el proceso nicaragüense, aun con todas sus peculiaridades, es homologable a las democracias occidentales, sin que por ahora se aprecien vicios de fondo.

Una vez más la discrepancia está en Washington. Al término del discurso de Ortega, el embajador Anthony Quainton se limitó a opinar que se conformaría con que las elecciones fueran tan Ubres como las de El Salvador. El diplomático, que permaneció ostensiblemente sentado mientras los altavoces entonaban el himno del frente sandinista, cuya letra califica a los yanquis como enemigos de la humanidad, nada quiso saber sobre las limitaciones que tiene la izquierda para poder presentarse a los comicios salvadoreños.

El gran dilema actual de la oposición es participar en las elecciones, convalidando así el proceso sandinista, o boicotearlas. Esto último equivaldría a renunciar a las posibilidades propagandísticas que abre la campaña y a una representación en la Asamblea que les asegura el sistema proporcional. En suma, está en juego su propia supervivencia.