Inminente decisión sobre el procesamiento de 11 altos cargos en el sumario de la colza.
La Presidencia del Gobierno ha contestado ya al oficio remitido por la Audiencia Nacional en el que solicitaba información sobre el rango de 11 altos cargos de los que la acusación particular había solicitado su procesamiento en el sumario instruido por la comercialización de aceite de colza causante del síndrome tóxico. La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional resolverá el próximo lunes si se declara incompetente y envía la causa al Tribunal Supremo, delbido al fuero de estas personas, o si por el contrario desestima los procesamientos solicitados.
El Gobierno ha remitido únicamente las fotocopias del Boletín Oficial del Estado, en el que figuran los nombramientos de las personas sobre las que se pedía información. Otra posibilidad. es que se admita el procesamiento de algunas de estas personas que no tierien carácter de aforados. El fuero de ser juzgado por el Tribianal Supremo sólo lo ostentan personas con rango de director general como mínimo.Los altos cargos sobre los que se solicitó información son: Luis Valenciano Clavel, ex director general de la Salud Pública; Roberto Conty Larraz, subdirector general de Higiene de los Alimentos; Guillermo Tena Nuñez, director del Instituto Nacional de Toxicología; José Ramón Bustelo y García del Real, ex director de Política Arancelaria; Agustín Hidalgo Quintana, ex secretario de Estado de Comercio; José Guillo Fernández, ex director general de competencia y Consumo y ex comisario general de Abastecimientos y Transportes; Antonio Rúa Benito, ex director general de Aduanas e Impuestos Especiales; Manuel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas; José Luis García Ferrero, ex subsecretario de Agricultura; José Ramón Rodríguez Molina, ex director general de Industrias Agrarias y Antonio Bardón Artacho, ex jefe del servicio contra el Fraude y subdirector general de Defensa contra el Fraude.
Los procesamientos de estos altos cargos fueron pedidos a mediados de enero por cuatro de los acusadores particulares en el sumario, Francisca Sauquillo, José María Mohedano, Ignacio Uriarte y Mariano Muñoz Bouzo, que denunciaron supuestas negligencias o irregularidades.
Anteriormente ya habían sido solicitados los procesamientos de los tres citados en primer lugar, pero la petición no fue estimada por el juez instructor. Junto a los miembros de la Administración, los acusadores pidieron también el procesamiento de Francisco Mayo, Casimiro Palacios y Fernando Arroyo, concejales de Alcorcón, población de 140.000 habitantes próxima a Madrid, y de 11 industriales o químicos del aceite. La Audiencia Nacional no ha resuelto todavía sobre estos extremos.
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