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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aceriales como pretexto

LA SOLUCIÓN dada al conflicto de Aceriales -suspensión de contratos en vez de rescisión definitiva de los mismos, a fin de que los trabajadores excedentes puedan acceder a los fondos de promoción de empleo- establece un precedente cargado de implicaciones para la marcha de la reconversión industrial, estancada en el período de preparación psicológica y necesitada de entrar en el terreno de los hechos concretos, según reconocía recientemente el ministro de Economía. De haberse adoptado esa decisión hace escasamente 20 días es más que probable que la oleada de conflictividad social que ha conmovido al País Vasco no hubiera llegado a producirse. En tal supuesto, tampoco se habría creado la incómoda sensación de que el Gobierno ha cambiado de opinión por simples motivos electorales, abandonando la fórmula anteriormente aplicada en Altos Hornos del Mediterráneo.La rescisión de contratos -esto es, el despido definitivo e irreversible de los excedentes de plantilla de las empresas en reconversión- fue rechazada por los sindicatos desde el inicio de las conversaciones entre la Administración y las centrales. Ahora el precedente de Aceriales podría servir de ejemplo para los restantes sectores, modificando así uno de los puntos claves de la doctrina del Gobierno en materia de reconversión. El duro enfrentamiento entre UGT y el ministro de Industria y Energía en torno al tratamiento dado por el decreto-ley de reconversión a los trabajadores excedentes fue momentáneamente aplazado como resultado de las conversaciones entre el presidente del Gobierno y el secretario general de UGT. El texto definitivo del decreto-ley eludió el tema y remitió la solución del conflicto a un decreto posterior.

Los ministros de Economía y de Industria, defensores de la rescisión de los contratos (en vez de la suspensión temporal del empleo), postularon desde el principio que los trabajadores afectados por la reconversión deberían perder su vinculación con las empresas como condición indispensable para pasar a los fondos de promoción de empleo. Según este planteamiento, no tenía sentido hipotecar de antemano el tamaño de las plantillas de las empresas una vez que éstas hubiesen finalizado el proceso de saneamiento. Concluida la reconversión, si los antiguos trabajadores no tenían posibilidad de recolocarse podrían cobrar la indemnización correspondiente por despido y pasar a engrosar la fila de los parados.

Los sindicatos -y de esto UGT hizo cuestión de principio- defendieron, por el contrario, la fórmula de que los trabajadores enviados al fondo de promoción de empleo no perdieran el vínculo laboral que les unía a las empresas reconvertidas. El razonamiento descansaba en el supuesto de que la pura rescisión contractual significaría dar un cheque en blanco para el saneamiento de las empresas, que se liberarían así de un excedente de plantilla sin contrapartida alguna en el capital de la sociedad. No es improbable que algunos sectores del Gobierno apoyaran discretamente las posiciones de UGT. Pero el cenit de la confusión se produjo cuando la normativa que reglamentó, el decreto-ley de reconversión tampoco abordó la cuestión. La ambigüedad del texto era total: los trabajadores afectados podían ir al fondo de promoción con rescisión de contratos o con suspensión. De esta manera, el problema se posponía a la negociación de cada caso concreto de reconversión.

En estas circunstancias se produce el expediente de rescisión de contrato para 1.780 trabajadores de Aceriales (sociedad de reconversión del sector de aceros especiales). El Ministerio de Trabajo, alinéandose con las tesis de los ministerios de Economía y de Industria en torno a los excedentes de plantillas, rescindió los contratos. La reacción de los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo no se hizo esperar, y el asunto de Aceriales se convirtió en el examen de la recónversión. No es descartable, sin embargo, que no fueran esas movilizaciones las que modificaron la solución inicialmente ideada para Aceriales, pues protestas más continuas y más multitudinarias las ha habido en el caso de Sagunto, por ejemplo, sin que a la Administración le temblase el pulso. Cabe pensar también que el giro conseguido -suspensión de contratos y no rescisión definitiva- guarde una relación directa con las elecciones vascas y con la posible disminución del voto a los socialistas por parte de muchos trabajadores de Aceriales, y del sector naval que ven en peligro sus contratos de trabajo.

De confirmarse la hipótesis de que la Administración cedió en sus primeros planteamientos por motivos electorales sería forzoso preguntarse cómo es posible que un Gobierno socialista se muestre más sensible a la pérdida de votos que a las protestas de centenares. de trabájadores en legítima defensa de sus empleos. También merece una seria crítica la actitud de Comisiones Obreras, que, al rechazar la suspensión temporal de empleo en las empresas de Aceriales, niega implícitamente la necesidad de la reconversión industrial, alineándose con las posturas ultrarradicales de Herri Batasuna y alejándose del realismo que esa central sindical mostró cuando gobernaba UCD. En cualquier caso, resulta cada vez más urgente que el Gobierno abra un serio debate sobre los planteamientos, los procedimientos y las implicaciones de la reconversión industrial. La discusión sobre el dilema de rescindir o de suspender los contratos no puede tener la pragmática respuesta de una aplicación altemativa de fórmulas diferentes que prescinda de una completa exposición de los motivos subyacentes a cada decisión. Tal vez lo que algunos contemplan como simples incoherencias o meras arbitrariedades del Gobierno no sean sino razonables excepciones de la regla general. Pero los silencios arrogantes y los cuchicheos oficiosos, que componen hoy por hoy el núcleo de la política informativa oficial en este terreno, sólo pueden conseguir que la planta venenosa de los agravios comparativos termine por hacer políticamente inviable que el Gobierno socialista, cuyos votos proceden en su inmensa mayoría de la población asalariada y de los desempleados, emprenda la seguramente inexcusable estrategia de la reconversión industrial, tarea que necesita pacientes negociaciones, importantes contrapartidas y nítidas explicaciones.

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