El Gobierno argentino prohíbe la salida del país numerosos funcionarios del régimen militar

El Gobierno radical argentino ha hecho pública una lista de 46 ex funcionarios que, en principio, no pueden abandonar el país sin autorización previa de los tribunales o del Ministerio del Interior. El hecho coincide con el noveno aniversario, ayer, del llamado Operativo Indepencia por el que el Ejército argentino, siguiendo instrucciones del Gobierno constitucional de Isabel Perón, comenzó a exterminar la guerrilla subversiva en la provincia de Tucumán.

El Operativo Independencia terminó desbocándose en una inercia represora que subvirtió las leyes y hasta el mismo sentido común, derrocó al Gobierno, suspendió la Constitución y deparó, durante siete años, una de las dictaduras militares más feroces y obtusas del mundo. La nómina de quienes tienen prohibido salir de Argentina incluye a los cuatro últimos presidentes militares, Videla, Viola, Galtieri y Bignone (este último en prisión preventiva), al último comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaldes, a los cuatro últimos titulares de la Fuerza Aérea y a los cuatro últimos comandantes de la Armada (entre los que figura el almirante Masera, también en prisión preventiva).También están en la lista los cuatro últimos ministros del Interior (todos ellos generales de división), los cuatro últimos jefes de la policía bonaerense (dos generales de división y dos de brigada), el general de división Domingo Bussi, ex gobernador de Tucumán, el general de Brigada Suárez Muason, ex gobernador de Buenos Aires, los ex jefes de la policía bonaerense, generales Camps (ya en prisión por orden directa del presidente Alfonsín) y Verplaesten, el ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada, vicealmirante Chamorro, el capitán Astiz, coroneles, tenientes coroneles y, entre los civiles, el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, actualmente residente en Suiza.

Al mismo tiempo, un decreto presidencial ha ordenado el envío a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (una especie de Tribunal de Cuentas) de toda la documentación sobre presuntas irregularidades económicas detectadas en los últimos siete años y que ya están originando el procesamiento de civiles y militares, supuestamente culpables de corrupción.

Huelga peronista

Pese a todo lo anterior, y a sólo dos meses de la asunción del Gobierno democrático, la dirección peronista del sindicato de transportes por carretera a larga distancia ha decretado una huelga salvaje que, en pleno verano austral, está dislocando las vacaciones de cientos de miles de argentinos, y ha recorrido las calles de Buenos Aires a los gritos de "¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura radical!". Es el mismo sindicato que durante la campaña electoral hacía coincidir sus huelgas con los mítines de Alfonsín para disminuir la afluencia de público a ellos y que ahora tirotea en la provincia de Buenos Aires a los pocos autobuses que acatan la orden del Gobierno decretando ¡legal el paro.Las reivindicaciones de este sindicato -uno de los más duros del peronismo- son justas y vienen a cuenta de un reciente desastre entre Buenos Aires y Mar del Plata en el que dos autobuses chocaron frontalmente por el agotamiento de uno de sus conductores. Pero anteayer, en la capital federal, los manifestantes agredieron a los periodistas y lanzaron sofiamas que nada tienen que ver con sus problemas laborales y sí con el clima de tensión que se. quiere conseguir para la gran manifestación sindical peronista de hoy, contra el proyecto de ley sinclical.

El ex candidato peronista a la presidencia Italo Argentino Lúder ha roto el fuego verbal acusando a los radicales de hacer una política de mera retórica, y denunciando "el ideologismo de una seudoizquierda declamatoria que no revierte en las estructuras económicas y que constituye una complicidad con la injusticia social".

Los tradicionales 100 días de gracia que suelen concederse a los Gobiernos recién asumidos, no parece, obviamente que sea una arraigada costumbre política en la República Argentina.