Distensión en las relaciones tras la sentencia sobre la LOAPA

Las relaciones entre el Gobierno socialista y la Generalitat presidida por Jordi Pujol, tensas desde que el Gabinete de Felipe González tomó posesión, a finales de 1982, entraron en una etapa de relativa distensión después de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), en agosto de 1983, liberara al Gobierno catalán de la estrategia de recurrir al papel de víctima como arma para conseguir cada vez más concesiones de la Administración central.La reiteración de estas acusaciones por los socialistas, tanto desde Cataluña como desde fuera de ella, había situado a la Generalitat en una posición incómoda, en la que no podía adoptar casi ninguna posición crítica ante el Gobierno central sin ser de nuevo acusada de lo que se acuñó como victimismo.

Colaboración

Tras la sentencia sobre la LOAPA, tanto Felipe González como Jordi Pujol se inclinaron por una política de colaboración entre los dos Gobiernos y, como resultado de la nueva situación, en octubre de 1983 se celebró en la Moncloa una entrevista entre ambos presidentes, en la que se materializó el deshielo de relaciones con un principio de acuerdo sobre algunas de las grandes cuestiones conflictivas: culminación de los traspasos de servicios a a Generalitat, solución al conflicto de la valoración económica de los traspasos efectuados hasta 1982, negociación parlamentaria de los aspectos de las leyes orgánicas y de bases que afecten a las competencias legislativas de las comunidades autónomas, etcétera. La votación favorable de la Minoría Catalana a la LODE es un claro ejemplo de los beneficios de esta distensión.

Un acuerdo sobre las valoraciones tiene para Pujol una importancia enorme desde el punto de vista económico, pues la administración autónoma atraviesa graves dificultades de tesorería. Pero tiene también una gran importancia política, pues con él se conseguirá enterrar la acusación de insolidaridad de la Generalitat respecto de las restantes comunidades autónomas, que los socialistas vienen reiterando también desde el verano de 1982, a raíz de los acuerdos de la Comisión Mixta de Valoraciones, cuando el ministro de Hacienda era el ucedista Jaime García Añoveros.

En la perspectiva de las elecciones autonómicas de abril, ambas partes han decidido hacer lo posible por reforzar ante el electorado sus respectivas imágenes de fuerzas de Gobierno, capaces de resolver conflictos, más que de crearlos.