La acusación particular en el sumario de la colza pide el procesamiento de 11 altos cargos

Cuatro de los acusadores particulares en el sumario de la colza solicitaron ayer nuevamente el procesamiento de 11 altos cargos de la Administración, así como de tres concejales de Alcorcón y 11 industriales o químicos del aceite, debido a supuestas negligencias o irregularidades.Los abogados Francisca Sauquillo, José María Mohedano, Ignacio Uriarte y Mariano Muñoz Bouzo explicaron en una conferencia de prensa que habían solicitado a la Audiencia Nacional los procesamientos de Luis Valenciano Clavel, ex director general de la Salud Pública; Roberto Conty Larraz, subdirector general de Higiene de los Alimentos; Guillermo Tena Núñez, director del Instituto Nacional de Toxícología; José Ramón Bustelo y García del Real, ex director de Política Arancelaria; Agustín Hidalgo Quintana, ex secretario de Estado de Comercio; José Guillo Fernández, ex director general de Competencia y Consumo y ex comisario general de Abastecimientos y Transportes; Antonio Rúa Benito, ex director general de Aduanas e Impuestos Especiales; Manuel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas; José Luis García Ferrero, ex subsecretario de Agricultura; José Manuel Rodríguez Molina, ex director general de Industrias Agrarias, y Antonio Bardón Artacho, ex jefe del Servicio contra el Fraude y subdirector general de Defensa contra el Fraude.

También se ha solicitado el procesamiento de los industriales del aceite Manuel Franco Pellicer, Francisco Tárrega Ribes, Vicente Villalba Prats, Fernando Bau Carpi, José Moreno Anaya, Pedro Sans Xifré, Antonio Gallego Jurado, Manuel Guillén Enríquez, Ramón Surra Ochoa, Eloy Muro Benayas y Juan Rubio Navarro.

Pruebas suficientes

El representante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ignacio Uriarte, ha pedido además, el procesamiento de los concejales del Ayuntamiento de Alcorcón Francisco Mayo Giménez, Casimiro Palacios Rodríguez y Fernando Arroyo Olit.

Los abogados han puesto de manifiesto que consideran inútil la reapertura del sumario para practicar nuevas pruebas y que en el mismo hay datos suficientes para decidir sobre los procesamientos. Igualmente señalaron que se han opuesto al sobreseimiento de la causa pedido por el fiscal para Jesús Portillo, Antonio Aguado y José Luis Garrote.

En el caso de que la nueva solicitud fuera admitida, los procesamientos deberán ser realizados por el Tribunal Supremo, debido al carácter de personas aforadas de algunos de los altos cargos.

Los abogados expusieron que el importe de los bienes retenidos para hacer frente a las indemnizaciones a los perjudicados no supera los 100 millones de pesetas, pero que no era ésa la razón por la que solicitaban los procesamientos de miembros de la Administración, sino porque había indicios de responsabilidad.