Una medida lógica

Alrededor de 15 refugiados vascos en el sur de Francia, todos ellos reticentes miembros de ETA, han visto investigadas sus actividades por la policía gala, han asistido al registro de sus domicilios y se enfrentan en varios casos a una orden de expulsión del país o de confinamiento dentro del mismo, como consecuencia de un intento de las autoridades para alejarlos de la conflictiva zona fronteriza. Esta es la noticia. Y la casi segura consecuencia inmediata será una serie de protestas entre quienes consideren que esto es un atentado a los derechos humanos y al estatuto político de los refugiados. Ciertas reacciones son tan inevitables como una puesta de sol.Y, sin embargo, nada tan lógico -y tan razonable dentro de un país mínimarnente ordenado- como la medida que han tomado las autoridades francesas. Al margen de que la consideración de refugiados políticos que los etarras se autoatribuyen sea de los más absurdo cuando en España ya no está prohibida ninguna actividad democrática, la verdad es que ningún país -Francia en este caso- renuncia ni puede renunciar a un control de los extranjeros que están en su territorio. Para eso existen los permisos de residencia y los de trabajo, sin los cuales ningún extranjero está legalmente líbre en un país civilizado. Y se da la circunstancia de que los presuntos etarras investigados no tenían permiso de trabajo, y el de residencia les había caducado. Que un Gobierno como el francés, que tanto ha hecho la vista gorda en este aspecto, ejercite al fin unos elementales derechos de soberanía es tan lógico como la existencia del Estado.

Además, estas medidas no las ha inventado ahora Francia, sino que han existido siempre. Gobiernos tan distintos como los de León Blum. y Charles de Gaulle aplicaron órdenes de residencia a muchos de nuestros exiliados, cuando además éstos tenían toda la razón moral porque en España no existían atisbos de democracia.

, 11 de enero