Pequeñas empresas: un éxito y un fracaso

Recientemente ha aparecido en la Prensa (véase EL PAIS del día 13 de octubre) una información a primera vista sorprendente. La línea de financiación privilegiada a las pyme (pequeñas y medianas empresas), por la que el Gobierno de la nación ha ofrecido 60.000 millones de pesetas en condiciones de tipo de interés y plazo significativamente por debajo del mercado, parece que difícilmente será un éxito, ya que el volumen de préstamos concedidos sólo ha sido de 4.000 millones de pesetas. Esta aparente falta de interés por la financiación privilegiada resulta extraña, dado el precio actual del crédito, las siempre alegadas dificultades financieras de las pyme y las dificultades que estas empresas tienen para acceder al mercado.Estos datos, además, contrastan en cierto modo con los resultados de un reciente convenio entre la Consejería de Economía y Planificación del Gobierno andaluz y la Federación de Cajas Andaluzas. Por este convenio se ofrecía a la pequeña y mediana empresa andaluza una línea de financiación en condiciones financieras similares a las del convenio firmado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y diversas instituciones financieras a nivel nacional. Los datos, sin embargo, son ilustrativos: el volumen de fondos ofrecido era sólo de 1.000 millones de pesetas, y a los tres meses de la firma del convenio se ha tenido que cerrar el período de presentación de instancias porque el volumen de solicitudes era ya de 3.500 millones de pesetas. Y lo que es más interesante, a jucio de las dos partes firmantes, de entre ellas ya había un número suficiente de proyectos viables para cubrir los mil millones de pesetas, de préstamos estipulados en el convenio.

La discrepancia en los resultados de un convenio y otro, dada la diferencia entre los fondos disponibles en ambos casos, es evidente y merece algunas reflexiones. Un primer grupo de razones puede ofrecerse en base al carácter de las instituciones que en uno y otro caso han firmado el convenio. El ICO, y particularmente el Banco de Crédito Industrial (BCI), principal agente del convenio a nivel estatal, a pesar del interés demostrado en este convenio y de sus recientes esfuerzos por acercarse a la pyme, tradicionalmente ha mostrado una especialización en la financiación de grandes proyectos industriales. A esto hay que añadir la escasa presencia a nivel regional del crédito oficial, y en particular del BCI.

Falta de interés real

El BCI es un banco estatal con un reducido número de oficinas, lo que siempre es un inconveniente a la hora de financiar los pequeños proyectos. En Andalucía, por ejemplo, sólo hay una oficina, situada en Sevilla, lo que, evidentemente, dificulta la tramitación fuera de la capital del Gobierno andaluz. Éste, por el contrario, ha mostrado en diversas ocasiones un interés especial por las pyme y, además, tiene, como es lógico, una mayor implantación regional, tanto a través de sus entidades de promoción como de sus servicios territoriales. Estos inconvenientes, por el lado del convenio del ICO, se deberían haber resuelto mediante las numerosas oficinas con que cuentan las diversas entidades financieras que han firmado el convenio. Ante este hecho cabría argumentar, no obstante, que en muchas ocasiones la firma de un convenio por una entidad financiera responde más a una operación de imagen que a un interés real en el desarrollo del mismo.

Estructura del endeudamiento

Debe señalarse, sin embargo, que aunque la hipotética escasa colaboración de las entidades financieras en el citado convenio puede ser un factor potencialmente explicativo de este hecho, no justifica la parquedad de los resultados. Así, y aunque las especiales circunstancias del caso no lo hagan comparable, tanto por lo específico del caso como por las connotaciones sociales y políticas, cabe señalar que recientemente el BCI, sin colaboración de ninguna entidad financiera y evidenciando una eficacia digna de elogio, se ha bastado para canalizar 50.000 millones a los afectados por las inundaciones en el País Vasco.

En mi opinión, pues, para tratar de explicar los pobres resultados del convenio del ICO hay que añadir un elemento adicional: la propia concepción del convenio por el cual la financiación iría destinada primordialmente a inversiones, y sólo de forma complementaria a circulante. Son numerosos los estudios que demuestran que uno de los problemas clave de la pyme española no es de inversión sino una inadecuada estructura de endeudamiento, motivada en muchas ocasiones por el hecho de financiar su inmovilizado con créditos a corto plazo. Cuando una pyme, desde el comienzo de su funcionamiento, por diversas razones, como puede ser una inadecuada previsión del coste real de la inversión, se ve obligada a financiar sus inversiones con financiación a corto, aunque el proyecto sea válido, sólo con muchas dificultades logrará mantener la empresa en funcionamiento. No parece arriesgado afirmar que el apoyo financiero a la pyme, en la situación actual de la economía española, se debiera canalizar, más que a la realización de nuevas inversiones, a la reestructuración de pasivo y a potenciar su política de amortizaciones, con objeto de que se lleve a cabo una renovación adecuada del capital.

A este respecto se puede objetar que, en realidad, lo que se está pidiendo es financiación para circulante, y este tipo de financiación la necesitan todas las empresas, lo que, de hecho, haría que los recursos no fuesen suficientes para cubrir las necesidades. No obstante, es posible que este último argumento no resulte adecuado, pues, alterar la financiación de una inversión que se está realizando a corto y con dinero caro por una nueva deuda a largo plazo y más estable, no es financiar circulante sino contribuir a la realización efectiva de la inversión. El problema estriba en seleccionar de entre las solicitudes cuáles son los proyectos viables que se encuentran en esta situación y que, por tanto, merecen la financiación privilegiada, lo que puede resultar complicado, pero no por ello debe abandonarse la iniciativa.

Todo hace pensar que una buena parte del éxito de la iniciativa del Gobierno andaluz radica primordialmente en haber detectado el tipo de financiación requerida por la pyme y en haber movilizado de forma apropiada todos los instrumentos disponibles para el buen desarrollo del convenio, sobre todo el aprovechamiento de los canales regionales de comunicación, para lograr una difusión adecuada del mecanismo de financiación puesto en marcha. A estos hechos hay que añadir que, si bien el convenio se firmó con la Federación de Cajas de Ahorro andaluzas, a cada caja se le asignó un volumen determinado de financiación, de la que deberían hacerse cargo, lo que significó el establecimiento de un objetivo a cubrir, que siempre es más condicionante que la firma de un convenio abierto. En última instancia, con el desarrollo de este convenio se ha demostrado la utilidad de una comunidad autónoma a la hora de difundir un mecanismo de apoyo a las empresas, o lo que es lo mismo, las limitaciones que una excesiva centralización pueden llevar asociadas.