Un juez prohíbe la salida de Argentina al ex presidente Videla y a sus compañeros de junta

Un juez federal de La Plata (capital bonaerense) ha prohibido la salida del país de los tres integrantes de la primera Junta Militar argentina, que derrocó a Isabel Perón en 1976: teniente general Jorge Rafael Videla (ex presidente de la República), brigadier del Ejército del Aire Orlando Agosti y almirante Massera (en prisión preventiva).La prohibición se extiende a los generales Harguindeguy, ex ministro del Interior con Videla; Ramón Camps, ex jefe de policía de Buenos Aires, y Suárez Mason, ex comandante del primer cuerpo de Ejército.

La nueva lista obedece a las investigaciones judiciales sobre la desaparición en 1976 de un ciudadano tras ser secuestrado. Tanto estas medidas judiciales como la aparatosa orden de busca y captura del último presidente militar, Reynaldo Bignone (nunca ha abandonado su domicilio), nada tiene que ver con la decisión del Gobierno de exigir responsabilidades a los militares que ordenaron la represión indiscriminada o a los que se excedieron sádicamente por su cuenta. -

Lo que se está produciendo en la Argentina democrática es una carrera entre jueces nombrados por el régimen anterior para ver quién es más demócrata y quién ocupa más espacio en las primeras páginas de los periódicos. Pero la fragmentación de las responsabilidades y los juicios caso por caso pueden acabar creando tal sensación de alarmismo en las fuerzas armadas que las obligue a reaccionar de alguna manera en defensa propia.

Lo que ha prometido el Gobierno son dos tipos de procesos: por arriba, a las tres primeras juntas militares, y por abajo, a aquellos militares distinguidos por su vesania. Las tres juntas citadas ya se encuentran bajo proceso ante la suprema corte marcial, una vez derogada la ley de autoamnistía. Aprobada ya por la Cámara de los Diputados la ley que hace apelables ante la jurisdicción ordinaria las sentencias castrenses, salta a la sanción del Senado.

Posteriormente, habrá que recomponer la formación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Luego vendrán los juicios y las posibles apelaciones del fiscal de la nación y de los particulares.

Es un trabajo de marquetería política y militar que sólo puede hacerse con tiempo y mucho cuidado. Pero los juicios se verán. Pero lo que no se verá es a cientos o a incluso miles de jefes y oficiales atados a la picota de la justicia en la mitad de la Plaza de Mayo.