Enorme inquietud ante el amarre de la flota pesquera en aguas de la CEE

Sólo un plan de emergencia podría compensar el daño económico que producirá el obligado amarre de la flota española que faenaba en aguas de la Comunidad Económica Europea (CEE), según los representantes de los armadores gallegos, informa Efe. El Gobierno ha de elaborar un plan de emergencia porque la cuestión gravita sobre 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, en los puertos de La Coruña, Marín y Vigo. En los puertos de Vigo, La Coruña y Burela quedaron ayer amarrados unos 150 barcos, de los que dependen, según los armadores, unos 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En Vigo la situación actual supone el amarre de 62 barcos, con unos 1.000 empleos directos y unos 8.000 indirectos.Según informa Europa Press, desde el 1 de enero más de 200 pescadores cántabros correspondientes a 20 embarcaciones están en paro como consecuencia de la falta de acuerdo entre España y la CEE para la concesión de licencias en aguas comunitarias. Mario Brígido, presidente de la cofradía de pescadores de Cantabria, afirmó que el daño producido por la prohibición "es incalculable y no lo entiendo ni lo comprendo y tampoco lo acepto. Que nos echen antes de seguir así".

Prohibición de nuevas especies

Según Efe, las medidas de la CEE en su plan de pesca para 1984 agravarán aún más el momento actual de la flota, porque no sólo se pretende la reducción de licencias, sino que se añade la prohibición de capturar las llamadas especies asociadas -gallo y, rape-, no limitadas hasta el año pasado.

Los armadores coruñeses celebraron una asamblea general en la que decidieron enviar telegramas al presidente Felipe González con las siguientes peticiones: plan de emergencia, intervención ante las crecientes importaciones de pescado y marisco de los países de la CEE y negociaciones urgentes para lograr un convenio capaz de acoger a la flota.

Las aguas de la CEE son consideradas por los armadores gallegos de vital interés para la economía gallega, ya que el 43% de la flota española en aquellos mares es gallego. Estos armadores insisten en que la CEE no quiere dejar pescar para vender en España su pescado y su marisco.