La Generalitat recibirá 31.000 millones para atender gastos por valor de 73.000

Representantes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña han llegado a un acuerdo transaccional para resolver el contencioso de la valoración de los traspasos realizados a esa comunidad autónoma hasta finales de junio de 1982, que fueron denunciados por los socialistas en esas fechas al considerar que estaban sobrevalorados en una cantidad cercana a los 21.000 millones de pesetas,, y que habían sido negociados en los meses anteriores entre los representantes del Gobierno autónomo y del Gobierno de UCD, cuando el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana apoyaba al ya debilitado Gabinete centrista.

En síntesis, según explicaron ayer fuentes solventes de la política autonómica, el pacto político se traduce en la entrega de 31.000 millones de pesetas a la Generalitat, para que con este dinero regularizarásus presupuestos de los años 1981, 1982 y 1983, que preveían unos ingresos, basados en los acuerdos Generalitat-UCD, superiores en unos 40.000 millones de pesetas a la cantidad que ahora recibirá la institución catalana. Este acuerdo no repercutirá directa mente en el porcentaje de participación de Cataluña en los ingresos del Estado, que para 1984 aún no está determinado, y que se concretará, según las mismas fuentes, siguiendo la metodología establecida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas (formado por todos los consejeros de Hacienda y tres ministros). Por tanto, será el mismo método que en otras comunidades, a diferencia de lo ocurrido en 1982 en que se adoptó un método ' específico.En definitiva, la tesis del Gobierno socialista es "no consolidar el error para el futuro" y regular¡ zar la situación a partir de 1984 Las fuentes consultadas. insisten en que tanto el Gobierno central como la Generalitat han cedido en sus pretensiones. La parte gubernamental, para poner fin a un contencioso político; la Generalitat, a causa de su urgencia financiera.

Algunos miembros de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat, que ha permanecido totalmente al margen de esta negociación, no ocultaban ayer su profundo disgusto" por la manera en que los responsables del Gobierno catalán "se han comporta do". Aseguraban que el acuerdo, de ser el que se cita, produciría un notable desequilibrio presupuestario en la Generalitat, cuyo hueco financiero sitúan afínales de 1.983 en cerca de 80.000 millones.

En los presupuestos de 1981, la Generalitat contabilizó como! ingresos 11.000 millones por subvaloración de transferencias hasta finales de ese año. Los traspasos de 1982 se valoraron con UCEI en 126.000 millones de pesetas 3, así fue presupuestado en el capítulo de ingresos. Fue este concepto el que impugnó el PSOE, aduciendo 21.000 millones de más, que ya no llegaron a Cataluña, como tampoco los 11.000 anteriores. Según los costes efectivos con los que trabaja la institución catalana, (y por lo tanto los ingresos que prevé), para 1983 los gastos ascenderían a tinos 140.000 millones de pesetas, obtenidos a partir de la actualización de los 126.000 que costaban los traspasos en 1982, más unos 5.000 millones en concepto de nuevos y pequeños traspasos hasta finales de 1982. De esos 140.000 millones, la Generalitat sólo ha recibido 99.927, por todas las transferencias monetarias para Cataluña incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. Ello supone una diferencia de 41.000 millones aproximadamente. "Sumando las tres diferencias, 11.000 millones de 1981, los 21.000 de 1982 y los" 41.000 de 1983, se llega a un déficit para estos tres años de 73.000 millones de pesetas", dijeron los miembros de la Comisión Mixta consultados. 'Si sólo recibimos 31.000, nos veremos obligados a revisar nuestros presupuestos".

El conflicto se originó por el acuerdo que en 1982 suscribió UCD con la Generalitat, que coincidió con los apoyos parlamentarios de la Minoría Catalana al entonces debilitado, Gobierno centrista. El PSOE denunció "turbias maniobras" y afirmó que existía un regalo a la autonomía catalana por importe de unos 21.000 millones de pesetas. Se basaba para ello principalmente en un documento interno del Ministerio de Educación (uno de los que más transferencias ha cedido a Cataluña) que tasaba las sobrevaloraciones referentes a ese departamento en 21.098,5 millones, de una transferencia total de 63.510,41.

El cálculo, del porcentaje de participación, que se vería afirmo consecuentemente si se hinchan las transferencias en las que se basa para el cálculo, se efectúa mediante una operación matemática: el coste efectivo de cada servicio transferido (lo que le costaba, al Estado en el momento del traspaso), menos los tributos cedidos a la comunidad autónoma, dividido por los impuestos del Estado ingresados en el año anterior a la transferencia exceptuados los impuestos susceptibles de cesión a la comunidad autónoma correspondiente. Y a partir de esa fórmula es explicable la supuesta sobrevaloración de los traspasos a Cataluña efectuados en 1981.

La ley del porcentaje

En diversas transferencias, la cantidad correspondiente a los ingresos por impuestos estatales fue tomada de los datos del año 1979, cuando lo correcto sería haber adoptado como base los de 1980 (la normativa vigente señala que ha de calcularse con cifras del último año anterior a la transferencia, y., efectivamente, ese año es 1980). Como la presión fiscal aumenta cada año (incremento vegetativo y también porcentual), el divisor de la fórmula empleada es menor que -si se hubiese utilizado el de 1980. Al dividir por un numero menor, el resultado es, obviamente, una cifra más elevada. Ahí radica al parecer gran parte de la sobrevaloración denunciada por el PSOE.

La ley del Porcentaje de Participación de Cataluña en los Ingresos del Estado fue llevada a las cortes por UCI) en mayo de 1982. Su texto propiciaba un porcentaje del 1,5 8 1 %.

Las enmiendas socialistas reducían el porcentaje al 1,1029%, teniendo en cuenta las supuestas sobrevaloraciones.

El proyecto fue congelado por UCD en las Cortes y nunca se llegó a debatir. En el verano de 1982, tres directores generales de la Administración de UCD repasaron los intrincados decretos de transferencias para cuantiar exactamente la sobrevaloración. En una inusual autocrítica de la propia Administración centrista, tasaron la diferencia en más de 18.623 y menos de 27.577 millones (la cifra varía porque se emplearon diversos supuestos de sobrevaloración en lo que se refiere al traspaso de funcionarios). Ello implica que el futuro porcentaje de participación debería reducirse entre 0,7108 puntos y 0,2924 puntos Precisamente el nuevo porcentaje a aplicar se situará en ese margen, según fuentes socialistas.