Denuncian el estado deplorable del patrimonio documental andaluz

El patrimonio documenta, luz, en todos sus aspectos y épocas, se encuentra actualmente en unas condiciones deplorables, consecuencia de los siglos de abandono e incuria, según reconoció el consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Rafael Román, al defender ante el pleno del Parlamento regional el proyecto de ley de Archivos de esta comunidad. El texto fue aprobado con sólo dos enmiendas de carácter técníco o aclaratorio.

Para Román, el expolio sufrido por los archivos andaluces ha sido y es el resultado no sólo de la despreocupación de particulares e instituciones por una política de archivos adecuada, sino de la falta de legislación capaz de castigar las ventas fraudulentas y los expolios indiscriminado s. De esta manera, se han producido pérdidas que siempre en este caso tienen carácter de irreparables, ya que los archivos, a diferencia de las bIbliotecas, contienen, por lo general, piezas únicas.

Si bien la realidad de los, archivos es en todos sitios producto natural de la actividad del hombre y de las instituciones, y no resultado de una iniciativa cultural concreta, como es el caso de las bibliotecas, en Andalucía el patrimonio documental es inmenso, extraordinario, en cualquiera de los campos archivísticos.

Por ejemplo, entre los archivos del Estado, la comunidad autánoina andaluza, y concretamente Sevilla, cuenta con el Archivo de Indias, el único del mundo que tiene ámbito continental, junto al del Estado vaticano.

En el capítulo de los archivos nobiliarios, Andalucía tiene tres de los más importantes de España: el de los duques de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); el de la casa ducal de Medinaceli, en Sevilla, y el del duque de Frías, en Almodóvar del Río (Córdoba).

La ley de Archivos de Andalucía pretende actuar como muro de contención, a fin de que no siga deteriorándose el patrimonio documental de esta región, protegido escasamente y sin sujeción a ninguna clase de normas en el caso de los particulares. La ley presenta exigencias y condiciones a todas las instituciones, públicas o privadas, que generen documentos, lo que llevó a Alianza Popularl a dudar de la constitucionalidad del texto.