Ante el aborto legal, los colegios médicos quieren plantear la objeción de conciencia
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos quiere exigir una legislación que ampare el derecho de los médicos, y de los demás profesionales sanitarios, a negarse a practicar abortos, señaló ayer José Luis del Piñal, presidente de la comisión deontológica de la organización médica colegial.En su intervención en un debate sobre la objeción de conciencia ante la ley de despenalización del aborto, organizado por la Fundación Humanismo y Democracia, Del Piñal recordó que los colegios de médicos investigarán todos los casos de interrupción voluntaria del embarazo que se produzcan, para ver si se ajustan a los tres supuestos legales previstos en la modificación del Código Penal, y sancionarán a los colegiados que no se ajusten a ellos.
En el debate se subrayó el apoyo de los sectores antiabortistas a una resistencia pasiva ante el aborto, acudiendo a los derechos constitucionales a la objeción de conciencia y a la vida, a los tratados con la Santa Sede y al Derecho Comparado.
Dura batalla
Del Piñal afirmó también que la organización colegial va a emprender una dura batalla para defender al médico que sea objeto de cualquier tipo de discriminación por razones éticas. Señaló que el aborto no puede ser considerado un acto médico, puesto que no salva, cura, previene ni mejora, y, afirmó, "los médicos no queremos que nos den más facultades, no queremos que nos den la facultad de matar".En la mesa redonda, moderada por Juan Carlos Guerra Zunzunegui, vicepresidente del Senado por Alianza Popular, participaron también Rafael Alcalá, catedrático de Medicina; Manuel Sagardía, presidente del PDP en Sevilla; José Antonio Clavero, catedr tico de Ginecología y Obstetricia; María del Carmen Cabestany, enfermera; María Braojos, matrona, y Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo.
Clavero afirmó que los ginecólogos se ven crecientemente afectados por problemas derivados de situaciones legalizadas que repugnan a aquellos que siguen el juramento hipocrático. Citó, además del aborto, la cirugia de transexuales, la inseminación y fecundación artificiales, y diversos métodos de planificación artificial. Abogó por llegar a un criterio unificado sobre ética profesional para los médicos y acudir a abogados para hallar métodos de objeción de conciencia efectiva.
Sagardoy, por su parte, señaló que la jurisprudencia existente en España dispensa del deber de obediencia a los trabajadores cuando existen razones objetivas y poderosas. Citó dos casos distintos: el de un trabajador que se niegue a participar en un aborto cuando este supuesto está incluido en su contrato, en cuyo caso podrá ser despedido, no por la negativa, sino por incumplimiento de contrato, y el de un trabajador en un establecimiento sanitario de tipo general, en cuyo caso podrá negarse, con anticipación, a practicar abortos. Esta negativa está amparada, según Sagardoy, por la ley y por los derechos recogidos en la Constitución.
