El Gobierno niega que existan proyectos legales contra la concentración de medios informativos

El Gobierno desconoce cualquier proyecto de redactar una ley similar a la que en estos momentos se está discutiendo en Francia contra los procesos de concentración y monopolios de empresas informativas, según han comentado diversas fuentes de la Administración consultadas por este periódico ante la publicación de un comentario del director general de RTVE, José María Calviño, en el que se refería a esta posibilidad.

En el borrador de la ley orgánica reguladora del derecho a la libertad de expresión, que está recibiendo los últimos retoques en Presidencia del Gobierno, tampoco se contempla ninguna medida que se pueda relacionar con este tema. El director del Ente Público RTVE apuntó en el acto de clausura del 1 Encuentro de la Radio, celebrado el pasado domingo día 11, en La Coruña, "la posibilidad de que el Gobierno español podría elaborar en un plazo prudencial una ley para evitar el proceso de concentración y monopolios informativos en la línea de la promulgada por el Gobierno socialista francés".En este mismo encuentro Calviño anunció una reconversión a gran escala en la radio pública española que sorprendió incluso a algunos directivos de la misma.

Fuentes oficiales de Radiotelevisión han explicado, en nombre de José María Calviño, que lo que el director general dijo en La Coruña, "siempre a título personal", es que "quizá fuera oportuno que el Gobierno español afrontara y regulara este tema en la línea de lo que han hecho otros gobiernos". El portavoz añadió que, en cualquier caso, Calviño no entra, ni tiene por qué hacerlo, en las decisiones legislativas que prepare el Gobierno, ya que es materia de la responsabilidad del propio Ejecutivo.

Las declaraciones de Calviño han causado sorpresa entre los medios de la Administración socialista responsables de completar el paquete de medidas legislativas sobre Prensa, ya en marcha, con el que quedará derogada, probablemente en el primer trimestre del próximo año, la llamada ley Fraga.

Ni siquiera el proyecto de ley de ayudas a la Prensa, de eminente carácter económico, que el Consejo de Ministros de hoy decidirá remitir al Parlamento, contempla referencia alguna a situaciones de monopolio y concentración.

Dentro del conjunto de medidas legales con las que la actual Administración quiere dejar regulado por completo este sector, la más avanzada es el proyecto de ley orgánica del derecho de rectificación, que será votado por el Senado en los últimos días de este año o en los primeros de próximo. El Grupo Socialista del Senado se propone modificar sustancialmente algunos de los artículos del proyecto, que previamente fue discutido en el Con greso de los Diputados.

La segunda medida se refiere al proyecto de ley de ayudas económicas del Estado a la Prensa en el que se intenta, por primera vez en la historia de la Prensa española, objetivar, por ley apro bada en el Parlamento, las ayudas directas e indirectas a las empresas periodísticas. Si esta ley es enviada al Congreso de lo Diputados en los próximos días será aprobada, probablemente en el primer trimestre del próxi mo año.

Regulación del derecho a la libertad de expresión

La siguiente medida será la ley orgánica reguladora del ejercicio del derecho a la libertad de ex presión, que también podría ser aprobada en el primer o segundo trimestre del próximo año. La Administración está dando los últimos retoques al anteproyecto de esta ley, que desarrollará los derechos a la información que tienen tanto los profesionales como los ciudadanos, según que da establecido en el artículo 20 de la Constitución.Esta futura ley, que pondrá fin a la ley de Prensa e Imprenta de 1966, contemplará como puntos principales el desarrollo de los derechos al secreto profesional y la cláusula de conciencia y hará también referencia a la protección del derecho a la propia imagen, al honor personal y a la protección de la juventud y de la infancia.

Queda todavía sin determinar, por encontrarse en período de discusión, la regulación de la profesión periodística. El Gobierno ha convocado a las partes implicadas en este sector -empresarios, asociaciones profesionales y sindicatos- a una serie de reuniones de las que saldrá un acuerdo entre las partes para dotar de un estatuto autorregulador a la profesión periodística.