La pretendida reforma agraria andaluza

El proyecto de reforma agraria de la Junta de Andalucía es al mismo tiempo muy limitado e imposible de llevar a cabo sin la colaboración del Gobierno central, que hasta ahora no ha asumido ningún compromiso al respecto, señala el autor de este artículo. En su opinión, esta reforma debiera globalizarse en un plan económico general, y el Gobierno andaluz debe gozar de mayores competencias de las que actualmente tiene.

Cuando se analiza el tan anunciado proyecto de reforma agraria de Escuredo y lo dicho en la conferencia de prensa que siguió a su presentación en Carmona, con despliegue de un fuerte aparato propagandístico, hay que lamentar la manipulación política de los términos, las ideas y hasta de los datos.¿Cómo es posible que se presente a bombo y platillo un proyecto tan limitado en sí mismo que sería plenamente asumible o equiparable al de cualquier programa tecnocrático o desarrollista de los años sesenta del franquismo? Y aun así, con sus limitaciones, ¿creen los autores que van a poder llevarlo a cabo? Los andaluces estamos bastante escarmentados. Porque, ¿qué ha pasado con el famoso Plan de Urgencia para Andalucía (PUA), con sus muchos miles de millones y sus muchos también miles de nuevos puestos de trabajo? ¿Y qué de aquel otro Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), no menos ambicioso y prometedor? Ahora se recurre a la palabra mágica reforma agraria, de tan hondas resonancias históricas y tan cargada de ilusiones de cambio, para mantener a la opinión pública engañada con falsas expectativas durante otra temporada.

Dos leyes ya existentes

Nadie puede negar, no obstante, los aspectos positivos que el proyecto tiene. Pero también es cierto que resulta pretencioso calificarlo así, como reforma agraria. En definitiva, se trata de aplicar a Andalucía dos leyes que ya existían previamente: la de Reforma y Desarrollo Agrario, del período franquista, y la de Fincas Manifiestamente Mejorables, del Gobierno de UCD. La verdadera novedad, si existe, es la afirmación de Escuredo de la "voluntad política" de aplicarlas.

A sus limitaciones intrínsecas hay que sumar el hecho de que el proyecto depende para su aplicación de las decisiones que en su momento adopte el Gobierno de Madrid.

Se necesita, de un lado, la transferencia a la Junta de Andalucía de las fincas de Rumasa, lo que todavía está por ver (no se olvide que aún está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional); de otra parte, es preciso que se transfieran al Gobierno andaluz las compentencias del IRYDA y del Icona.

Sin estos requisitos previos la Junta no podrá iniciar siquiera un atisbo de realizaciones concretas. Y hasta ahora, que se sepa, el Gobierno central no se ha pronunciado al respecto.

Pero hay más: llama la atención la falta de recursos financieros que se anuncian para la realización del proyecto. Es falso que se disponga de 50.000 millones de pesetas. La suma de partidas de organismos autónomos que van a engrosar esta cifra (IRYDA, Icona) asciende a 35.000 millones, según manifestaciones del propio consejero de Agricultura. Estos 35.000 millones, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, se hubieran invertido con o sin reforma Escuredo, y tienen ya su destino específico. De los 15.000 millones restantes no se tienen aún noticias en el Consejo de Gobierno.

Desde el propio seno de la Administración andaluza han salido voces más serias huyendo de falsos triunfalismos, como la del director general de Política Financiera, quien ha advertido de la .muy poca capacidad económica de la Junta de Andalucía" y, en consecuencia, afirmaba: "Haremos la reforma agraria que podamos" (véase diario Costa del Sol de 21 de octubre de 1983).

Maniobra política

A partir de estas constataciones, fácilmente se deducen. las dificultades reales que la Junta va a encontrar para llevar a la práctica el proyecto Escuredo. Incluso la fijación de baremos para diagnosticar si una finca es infrautilizada y la comprobación de dicha infrautilización para cargarle con un nuevo impuesto añadido exigen tales recursos técnicos por parte del creado Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA) que tal tarea resulta por sí misma excesivamente ardua.

De otra parte, piensa el PSA que la reforma agraria debería inscribirse en un plano económico global, en el que se contemplara paralelamente la industrialización, abordando una reordenación de la economía andaluza en base a objetivos más autónomos. Para todo ello es imprescindible la aportación económica del Estado, ante la insuficiencia de recursos de la Administración andaluza, en cuantía suficiente durante el período de vigencia del plan y consignándose anualmente en los Presupuestos Generales del Estado las partidas correspondientes que con tal finalidad serían transferidas a la Junta de Andalucía. Los andalucistas mantenemos que el Estatuto de Andalucía no otorga competencias al Gobierno de nuestra nacionalidad para llevar a cabo una reforma agraria de verdad. Por ésta, entre otras razones, nosotros (el PSA) votamos en contra del mismo cuando fue aprobado en Córdoba (marzo de 1981) por la Asamblea de parlamentarios andaluces. Y por eso también, cuando fue sometido a referéndum, lo hicimos afirmativamente, aunque con objeciones, porque sabíamos que no debía paralizarse un proyecto autonómico que tanto había costado poner en marcha. De aquí que estemos dispuestos a desmitificar desde el principio este proyecto, para que el pueblo andaluz no se llame una vez más a engaño. Y decir desde este momento, con la mayor claridad, que el proyecto es insuficiente y no va a resolver en absoluto el grave problema estructural de la agricultura andaluza, y que aun así el Gobierno andaluz se encuentra atado de pies y manos para llevarlo a la práctica.

Subsanar deficiencias

En estas circunstancias, el grupo parlamentario andalucista lleva a cabo una iniciativa en el Parlamento andaluz tendente a subsanar las deficiencias del estatuto en cuanto a competencias relativas al sector primario en su conjunto y a la reforma agraria específicamente. La vía escogida es la solicitud al Estado de ampliación de competencias conforme al artículo 21 del estatuto andaluz, que resulta ser un mecanismo más fácil y rápido que la reforma del estatuto, y además contempla la dotación a la comunidad autónoma de los medios financieros, personales y administrativos.

Cuando tal iniciativa se sustancie en el pleno correspondiente del Parlamento andaluz, será una buena ocasión para saber si Escuredo quiere o no competencias y medios (poder, en definitiva) para emplearlos en cambiar las estructuras económicas andaluzas o, por el contrario, pretende continuar con su limitado proyecto de reforma agraria del que muchos tememos que poco o nada quedará en dos o tres años.

Luis Uruñuela Fernández es sectetario general del PSA, partido andaluz.