Los socialistas han anunciado el saneamiento de la economía, pero no han detenido el crecimiento del paro

La reducción y control de la inflación, la sensible mejoría en las exportaciones y el crecimiento del Producto Interior Bruto constituyen las tres mejores bazas económicas logradas por el Gobierno socialista en su primer año de mandato. La otra cara de la moneda de esta gestión la configuran, entre otros hechos, el contínuo aumento del paro y la caída de la población ocupada, la perpetuación del saneamiento de bancos privados con dineros públicos, la congelación de la reforma del sistema financiero y las sucesivas dudas y aplazamientos en la política de reconversión industrial y reindustrialización.

Cuatro hechos concretos -la expropiación de Rumasa, la nacionalización de la red de alta tensión, el comienzo de las operaciones para desmonopolizar Campsa y la implantación de la jornada laboral de 40 horas semanales- completan el abanico de grandes temas abordados a lo largo de 1-983. Junto a ellos habría que citar la elaboración de un programa económico -no un plan-, a medio plazo, y la incierta suerte que está corriendo la prometida concertación social (avance en algunos ámbitos, y restricciones hasta llegar al veto personal a un sindicalista, en otros,).

El objetivo prioritario

"El empleo es el objetivo prioritario del programa socialista. Es necesario crear puestos de trabajo para los más de dos millones de parados que existen en la actualidad. Para ello, el PSOE se propone crear más de 800.000 empleos netos durante los cuatro años de gestión gubernamental".Este compromiso, con el que se abría el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones del 28 de octubre, fue puesto en duda por el titular de Industria y Energía, Carlos Solchaga, en unas jornadas internacionales celebradas el pasado verano. El revuelo que levantaron estas dudas obligó al vicepresidente, Alfonso Guerra a reafirmar públicamente, días después, la vigencia - del objetivo de creación de 800.000 puestos de trabajo. Meses más tarde, a mediados de septiembre, al hacerse público el Programa Económico del Gobierno a medio plazo (19841986) se condiciona la creación de 640.000 empleos a una política de pérdida de parte del poder adquisitivo de los salarios.Al margen de esta polémica sobre la creación o no de los 800.000 empleos netos, tanto los datos de paro registrado como los de la Encuesta de Población Activa (EPA) ponen de manifiesto un sustancial incremento del desempleo a lo largo de 1983. En diciembre pasado la tasa de paro registrado era del 16,53%, y en octubre último, del 17,3%, diferencia porcentual que se traduce en unos 115.000 parados más. Paralelamente, ha continuado cayendo la tasa ocupacional, perdiéndose hasta septiembre unos 48.300 puestos de traba o. No obsjtante, gracias a la ocupación de activos marginales, y especialmente al sector agrario, los datos han mejorado en los últimos meses.

Crecimiento e inversión

Frente a los desfavorables datos de empleo, el Gabinete socialista presenta buenos resultados en su lucha Contra la inflación (el índice acumulado de los 10 primeros meses se eleva al 9,4%, frente a un objetivo del 12% para todo el año, con una reducción sustancial del diferencial de precios con nuestros países competidores), en el crecimiento del producto interior bruto (que puede superar el 2%, tras varios ejercicios con crecimiento próximo al cero) y en la inversión, que, con un crecimiento del 0,5% en 1983, puede quebrar el período de estancamiento iniciado en 1975 y apenas interrumpido en 1980.Las exportaciones presentan también una evolución favorable, con un crecimiento, hasta octubre, del 8% en términos reales. El déficit de la balanza comercial en los primeros 10 meses del año se ha situado en 1.089.246 millones de pesetas (7.431 millones de dólares), según datos de la Dirección General de Aduanas. Las importaciones crecieron un 1,8% en igual período. La cobertura exterior (relación entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) ha aumentado en algo más de dos puntos.

Las reformas pendientes

No se ha afrontado ninguna reforma sustancial del sistema financiero, limitándose exclusivamente las medidas adoptadas (aumento de los coeficientes a bancos y cajas) a facilitar la financiación del déficit público. No obstante, mientras el Gobierno les aplicaba con una mano estas drásticas medidas a las entidades bancarias privadas, con la otra les facilitaba privilegiadas retribuciones a través de los certificados de regulación monetaria y de los pagarés del Tesoro, amén de seguir saneando con dineros públicos bancos en crisis, para devolverlos una vez limpios al sector privado.El crédito al sector privado a lo largo de 1983 ha continuado siendo caro y en condiciones difíciles. El crédito oficial, que tampoco se ha reformado, ha tendido a igualar sus tipos de interés a los del sector privado, y las líneas blandas -60.000 millones, anunciados con gran publicidad, para las pequeñas y medianas empresas- han sido un fracaso. Tampoco se ha procedido a la reforma prometida de las cajas de ahorro, y, exclusivamente, se ha dado solución por convenio con el Banco de Crédito Agrícola a las cajas, rurales.

En industria, los drásticos anuncios de inminentes reestructuraciones en la siderurgia, astilleros y electrodomésticos de línea blanca no han pasado de tales, pese a la conflictividad social que han generado. El Libro Blanco de Reindustrialización -convertido en decreto ley en el último Consejo de Ministros- y el Plan Electrónico Nacional están todavía por materializarse en hechos.

En la política, presupuestaria se ha avanzado sustancialmente en cuanto a transparencia, pero los graves problemas planteados por la descentralización del Estado y la finciación de comunidades autónomas y corporaciones locales continúan vigentes. En el terreno fiscal, no se ha traducido en resultados brillantes la anunciada lucha contra la billonaria bolsa de fraude y se han seguida aumentándolos impuestos (renta, patrimonio y tráfico de empresas) en el sentido que lo hacía UCD.