Subidas de aniversario

JUNTO CON el decreto-ley de reconversión industrial y la contratación temporal, la subida de los carburantes y combustibles es la noticia más destacada de las decisiones adoptadas por el último Consejo de Ministros. La medida no puede sorprender, puesto que la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984 preveía ya un incremento del 30% de la fiscalidad de los carburantes, a fin de lograr que los 291.000 millones de pesetas recaudados por Hacienda en ese concepto (incluyendo la renta del petróleo) durante 1983 se trasformaran en 38 1.000 millones de pesetas el año próximo. Esos incrementos no pueden proceder de un crecimiento del consumo, sino de un aumento de la presión fiscal indirecta. Según los primeros cálculos provisionales, la subida significará para los consumidores un desembolso extra de algo más de 140.000 millones de pesetas, de los que unos 90.000 millones incrementarán los ingresos del Tesoro.La fuerte subida de la gasolina en diciembre del año pasado permitió al Gobierno socialista recuperar la fiscalidad perdida durante los meses anteriores como consecuencia de las resistencias del Gobierno Calvo Sotelo a adoptar este tipo de medidas en vísperas de elecciones. El resultado fue, a corto. plazo, una superación de las expectativas iniciales sobre el aumento de la fiscalidad. El posterior descenso del precio de los crudos en el mercado internacional -un 10%- no logró contrarrestar la apreciación del dólar respecto a la peseta -un 20% desde hace un año-. Según los cálculos del Gobierno, el contradictorio juego de la caída de la cotización de la peseta y de la baja de los crudos ha concluido en un encarecimiento de un 11% del petróleo importado. Llama la atención la falta de coherencia entre los procentajes de incremento de la gasolina, que castiga a la normal (10,13%) más que a la súper (8,14%) y a la extra (8,99%). En los gasóleos, la subida del 11,54% para la automoción contrasta también con la amnistía para los gasóleos agrícola y pesquero, en una clara continuidad de la estrategia de precios políticos, dictada por razones extraeconómicas y por el deseo de no alterar los precios agrícolas ya pactados. Una preparación más minuciosa de la subida de los combustibles debería haberse alineado con una programación energética más razonable a medio plazo. El mantenimiento de la estructura de precios sigue premiando la utilización del gasóleo de automoción frente a la gasolina, cuyas diferencias de precios continúan siendo mucho más grandes que en los países de la CEE.

En el caso del butano, el Instituto Nacional de Hidrocarburos ha forzado unas subidas que representarán para esa empresa pública unos ingresos suplementarios de unos 6.000 millones de pesetas. El butano goza en España de una fuerte subvención, que lo hace más barato que en la gran mayoría de los países europeos -nuestra gasolina es ya de las más caras en términos absolutos, y mucho más aún si se pondera el poder adquisitivo de los ciudadanos de los otros países-. Resulta una incongruencia para un Gobierno de izquierda que la subida del butano industrial represent e el 9,57% frente al 17,93% del butano familiar, de gran consumo entre las capas sociales con menor capacidad adquisitiva. Que la bombona de uso doméstico (de 12,5 kilos) pase de 725 pesetas a 855 pesetas y que la bombona de utilización industrial (de 35 kilos) sólo aumente de 2.300 pesetas a 2.500 pesetas únicamente puede tener efectos beneficiosos, desde el punto de vista social, en la creación de empleo. Pero no se ha pactado, que se sepa, por parte del Gobierno, nada de esto con las empresas beneficiadas por este privilegio respecto a los consumidores.

Con estas medidas, de forma indirecta, el Gobierno ha contribuido a penalizar aún más a las clases más castigadas por la crisis, a rebajar el poder adquisitivo de la gran masa de asalariados. Si se analizan los efectos combinados de la inflación, depreciación de la peseta, subidas salariales, aumento de la fiscalidad y de las retenciones, no es diricil concluir que el Gobierno socialista está poniendo progresivamente en marcha un plan de austeridad, sin necesidad de bautizarlo así, y sin instrumentar contrapartidas visibles y concretas a estos esfuerzos. Muchos preguntarán la razón de que el Gobierno no haya ocultado su propósito de aplicar una política de rigor ni siquiera, en vísperas de los festejos oficiales organizados con ocasión del plimer aniversario de su llegada al poder. La razón tal vez haya que buscarla no tanto en la voluntad de ejemplaridad moral del poder ejecutivo como en su habilidad para la maniobra estratégica. En efecto, las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros -tanto la impopular subida de precios como los proyertos de reconversión industrial y contratación temporal- parecen encaminadas, por un lado, a cumplir el pronóstico formulado por el Gobierno a comienzos de año sobre el alza del coste de la vida y, por otro, a continuar esa vieja tradición de apego al BOE que tan frecuentemente olvida que la política económica es mucho más que un conjunto de disposiciones legales.

En lo que se refiere a las razones generales esgrimidas para justificar las alzas de los carburantes y combustibles a comienzos de diciembre, el argumento de la apreciación del dólar resulta claramente insuficiente. El tipo de cambio de la peseta con relación al dólar es ahora práticamente el mismo que en agosto, mientras el precio del petróleo medido en dólares es algo más bajo. La clave del asunto es que el objetivo final del crecimiento del índice del coste de la vida -anunciado en un 12% a comienzos de año- es actualmente más seguro de conseguir que en el mes de agosto. El retraso en las subidas ha evitado también una posible discusión sobre la revisión salarial prevista en el AMI para el caso de que se superara una determinada cuota de precios en el mes de septiembre. Finalmente, la fulminante subida dé los combustibles a comienzos de diciembre significa que sus repercusiones en el índice de precios al consumo quedarán reflejadas en gran medida dentro de este año. De este modo, también se conseguirá salvaguardar con más cautela la promesa de crecimiento del índic e de un 8% en 1984.

Otras preocupaciones importantes han quedado relegadas. Un alza de los precios de los combustibles en agosto hubiera sido menos violenta y habría permitido un aumento de la recaudación muy útil a la hora de equilibrar gastos e ingresos. También habría evitado apresuramientos en la búsqueda a la desesperada de bases fiscales ocultas o en arreglos de escaparate filcal, como los cobros de anticipos a cuenta de los rendimientos de impuesto de sociedades correspondientes a 1983. Tal y como han puesto de manifiesto las últimas encuestas, los ciudadanos españoles están dispuestos a realizar sacrificios y a apretarse el cinturón si la situación lo requiere y el Gobierno sigue mereciendo su confianza. El aumento de la presión fiscal es una de las formas de instrumentar coercitivamente los llamamientos a la solidaridad. Pero la Administración socialista está obligada a cumplir sus promesas de reducir los gastos superfluos e improductivos en el sector público.