La rebelión fiscal de Manresa

"Hemos cerrado las puertas hoy como protesta por la presión fiscal tolerada por el equipo de gobierno municipal". Con esta frase en el escaparate, setecientos comercios cerraron sus puertas el pasado lunes día 21. "Tenemos las luces apagadas como protesta por la presión fiscal tolerada por el equipo de gobierno municipal", fue el siguiente aviso. Y el alumbrado público ha conquistado durante cinco noches -hasta el pasado viernes- las calles, ante el apagón de neones y escaparates acordado por los establecimientos de Manresa, una ciudad de 68.000 habitantes. Con este portazo respondía la Unión de Comerciantes a la inspección que efectuaba un grupo de 20 funcionarios del Ministerio de Hacienda, "un batallón de inspectores que siembra el terror", en palabras del portavoz municipal de Alianza Popular, Jordi Balet. La decisión, que llevó consigo incluso el cierre de farmacias el mismo lunes, se había tomado en una asamblea de comerciantes, celebrada el jueves 17 de noviembre, que eligió un sintomático chivo expiatorio: el gobierno municipal socialista.La inspección comenzó el lunes 14, siete días después de que el equipo de gobierno hiciera pública a través de los medios de comunicación una nota informativa en la que se anunciaba que en las próximas semanas" se efectuaría una inspección por parte de funcionarios de Hacienda sobre "las Iicencias fiscales de los comerciantes e industriales de nuestra localidad". El ayuntamiento rogaba, asimismo, colaboración ciudadana.

"Nosotros lo hicimos público tan pronto como recibimos la confirmación de la noticia", indicó a este diario el primer teniente de alcalde, el socialista Ramón Puig. Sin embargo, según los huelguistas, el ayuntamiento lo supo con antelación y no avisó, y por eso se le responsabilizó de la situación a la que se había llegado. El PSC-PSOE, con 13 de los 25 escaños municipales, gobierna en solitario. CiU (10 concejales) y AP (dos representantes) constituyen la oposición. Oposición que se hizo patente con motivo de la celebración de un pleno extraordinario el miércoles día 13 en el que se introdujo el tema de la inspección fiscal. Antón Solano, portavoz municipal de Convergència, señaló que sobre la actividad en Madrid de Jordi Marsal -diputado socialista y concejal- manresano- le quedaba el beneficio de la duda, en alusión a que Marsal pudo evitar la acción de Hacienda.

Quemar los libros

La protesta llegó a su punto culminante con la asamblea que la Unión de Comerciantes y la Federación de Empresarios realizaron el jueves 17. Los ánimos estaban crispados y alguien afirmó: "El ayuntamiento ha atacado a traición". Muchos empresarios perdieron los estribos y proverbial espíritu dialogante del tendero catalán parecía hacer aguas. Hubo quien propuso quemar los libros de contabilidad en la plaza mayor. Finalmente, se acordó efectuar la protesta. Al concluir la sesión, en la que se impusieron las tesis moderadas -ya que inicialmente se solicitaba la dimisión del alcalde-, unas 150 personas de las, 1.000 que asistieron a la asamblea se manifestaron ante el domicilio del diputado Jordi Marsal, profiriendo gritos e insultos, cuando la esposa del parlamentario se encontraba sola en casa. Transcurridas 12 horas, el ayuntamiento denunció amenazas de muerte anónimas y telefónicas contra el alcalde, Joan Comet, y su hijo de dos años.

El pacífico comerciante se convirtió en un rebelde a causa de la inspección. Los reporteros eran tomados por agentes del fisco. Cualquier pregunta era acogida con desconfianza. El recelo era el común denominador. La afluencia de representantes de los medios de comunicación, más que expectación, levantaba temor.

El alboroto hizo mella en los comerciantes. "Sucede", comentaba un tendero,"que muchos de nosotros hemos llevado una contabilidad familiar y pueden encontrar muchos motivos de sanción". El temor cundía, porque desde hacía 15 años no se había producido una inspección tan general. Para el teniente de alcalde Ramon Puig, "CiU y AP han contribuido a crispar los ánimos. Ambos partidos se disputan la defensa de los comerciantes y creen que esto se hace luchando contra la inspección".

El convergente Josep Maria Calmet, jefe de la oposición y vicepresidente segundo de la Diputación de, Barcelona, señaló a este diario que aunque "Hacienda está en su derecho de efectuar la inspección, el ayuntamiento debería haber reunido a los sectores afectados, con lo que hubiera hecho una maniobra hábil". Reconoció, no obstante, que las cosas se han mezclado, "la polémica se ha envenenado" y "existe auténtica psicosis" sobre el tema.

La política contable de los dos clavos, uno para sujetar los albaranes y otro para ir colocando las facturas, ha sido utilizada en los pequeños comercios familiares y, aunque en los últimos años los libros se han actualizado y puesto al día, "la gente se ha asustado porque toda inspección siempre provoca una reacción de miedo y de rechazo", explicó el primer teniente de alcalde.

La ciudad piloto

Para el portavoz municipal de AP, Josep Balet, la reacción de los comerciantes había sido motivada por "falta de una extensa información esperanzadora". "Todo el mundo sabe", añadió, "que los impuestos se han de pagar, pero la gente no lo entiende cuando se encuentra de pronto con la ciudad tomada por asalto por la inspección de Hacienda". "Si ahora mismo declarasen a Manresa ciudad piloto en materia de conducción de automóviles", señaló, "nadie circularía ni por el núcleo urbano ni por las carreteras de acceso". Con este gráfico ejemplo, el portavoz de AP justificaba el temor de los comerciantes a la inspección, ya que, "por muy bien que se lleve la contabilidad, siempre encuentran algo punible".

Con el miedo fiscal de por medio, el lunes 21 los comercios manresanos cerraron decididamente sus puertas. Esta actitud de huelga afectó a las farmacias, excepto a las de guardia, lo que provocó que el presidente de este gremio en la capital de la comarca barcelonesa del Bages presentase su dimisión, según manifestó a este diario un portavoz municipal.

"Se han producido coacciones y amenazas para que la protesta fuera generalizada", indicó el primer teniente de alcalde, Ramón Puig Carles Canongía, responsable del área municipal de Hacienda, declaró el mismo día del cierre: "Nosotros podemos garantizar a los comerciantes que no les rompan ningún cristal hoy, pero no podemos vigilar el escaparate toda la semana y todo el mes". Con ello aludía a los más exaltados, "los revolucionarios", que, en palabras del portavoz municipal de AP, "se mezclan siempre con las masas, incluso en las asambleas de comerciantes". No obstante, el pactismo tópico que caracteriza a los comerciantes hizo que la voluntad negociadora se impusiera. El jueves 25 la inspección y los afectados llegaban a un acuerdo.