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El juicio por los incidentes en la Casa de Juntas de Guernica se inicia hoy en el Supremo

La sala segunda del Tribunal Supremo ha señalado para los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre la celebración del juicio contra 19 dirigentes de Herri Batasuna que participaron en los incidentes de la Casa de Juntas de Guernica, cuando fue visitada por el Rey Juan Carlos, en febrero de 1981. La vista se iniciará esta mañana en la sala segunda del Supremo, que ha dejado otros cuatro días libres de juicios, debido a la larga duración prevista para éste.

El fiscal que intervendrá en la vista, Fernando Alamillo, ha calificado los hechos como delito de injurias al jefe del Estado y solicita para 18 de los 19 procesados penas de ocho años y un día de prisión, y de once años para José Luis Cereceda, al apreciar la agravante de reincidencia, ya que ha sido condenado anteriormente, en dos ocasiones, por colaboración con bandas armadas. Los defensores solicitan la libre absolución de los acusados por entender que su actuación en la casa de juntas no fue constitutiva de delito.Los sucesos de la Casa de Juntas se iniciaron cuando un grupo de cargos electos de Herri Batasuna interrumpió el discurso que pronunciaba el Rey, entonando la canción militar vasca Eusko Gudariak (Somos soldados vascos). Los dirigentes de Herri Batasuna fueron abucheados por el resto de los asistentes y expulsados del recinto a empujones.

Los procesados son: Francisco Letamendía, Antonio Ibarguren, Miguel Castells, Juan Bautista Izaguirre, Ignacio Anselmo Ruiz de Pinedo, Joaquín Gorostidi, Juan Cruz Idígoras, Jose Ramón Echeverría, José María Alix, Bernardo Javier Onaindía, Santiago Brouard, Javier Pérez de Heredia, Javier Cruz Amuriza, José Domingo Ziluaga, José Luis Cereceda, Guillermo Perea y Severino Rodríguez de Yurre, todos ellos dirigentes de Herri Batasuna, y José Andrés Elósegui y Martín Jáuregui, miembros de Laia (partido político de planteamientos próximos a HB).

Dos de los acusados, Francisco Letamendía (Ortzi) y Bernardo Javier Onaindía se encuentran en rebeldía, y los restantes en libertad provisional bajo fianza de 50.000 pesetas que fueron pagadas por Euskadiko Ezkerra.

El senador Castells

Castells, que en las fechas que ocurrieron los hechos era senador por Guipúzcoa, es uno de los procesados y recientemente fue condenado por el mismo tribunal a la pena de un año de prisión por injurias al gobierno. Castells había escrito un artículo en la revista vasca Punto y Hora, titulado "Insultante impunidad", en el que responsabilizaba al Gobierno de UCD de las actuaciones de grupos de incontrolados en el País Vasco.El delito de injurias al jefe del Estado está recogido en el artículo 146,1 del Código Penal que señala: "Se impondrá la pena de prisión mayor al que injuriare o amenazare al jefe del Estado en su presencia". El Fiscal General del Estado en 1981, José María Gil Albert, interpuso querella criminal contra los miembros de Herri Batasuna, por entender que lo ocurrido "pudo ser una acción ejecutada en menosprecio del jefe del Estado" y que "toda acción en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona constituye también injuria".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de noviembre de 1983

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