En medios jurídicos de Vizcaya se considera inadmisible el traslado a Madrid del caso de la quiebra de Naviera Aznar

En los medios jurídicos vascos ha causado alarma una resolución del Tribunal Supremo por la que se acuerda trasladar a un juzgado de Madrid el expediente de la quiebra de la naviera Aznar, que venía tramitando desde el pasado mes de enero el juzgado número 1 de Bilbao. Esa preocupación, de la que se ha hecho eco, mediante una durísima nota, el colegio de abogados de Vizcaya, es tanto mayor por cuanto la resolución no aparece motivada, mientras que se tiene constancia de que el argumento sustancial alegado por quienes instaron al Tribunal Supremo a resolver en tal sentido, fue que la situación sociopolítica actual del País Vasco podría impedir a los tribunales actuar con Imparcialidad.

La mencionada resolución, fechada el 28 de julio, se limita a designar como juez especial del procedimiento de quiebra al magistrado Gabriel Gonzálvez, titular del juzgado 17 de Madrid "según faculta el decreto ley de 17 de julio de 1947". En el texto del acuerdo se presenta éste como respuesta al "expediente sobre petición de juez especial" abierto a propuesta de los representantes legales del Banco de Crédito Industrial, Banco Urquijo y otros acreedores hipotecarios de Aznar. La resolución, se adoptó "por unanimidad".Los representantes de los peticionarios de la quiebra -los trabajadores de Aznar- interpusieron recurso de reposición alegando sustancialmente que el decreto ley de 1947 solo prevé el nombramiento de juez especial "a iniciativa de la sala, o a petición del presidente de la Audiencia Territorial, el fiscal del tribunal Supremo o el Ministerio de Justicia", pero no a petición de particulares -en este caso, algunos de los acreedores.

La petición al Tribunal Supremo fue pasada a firmar a otros acreedores que se negaron a suscribirla, vía por la que los trabajadores han podido tener conocimiento indirecto de las razones alegadas por los firmantes de la petición. El argumento fundamental de dicho texto sería, según la mencionada fuente, el contexto sociopolítico del País Vasco", que en el escrito remitido al alto tribunal se ilustraba mediante. diversos recortes de artículos aparecidos en la prensa local sobre la quiebra de Aznar, y que, a juicio de los peticionarios, impediría a los tribunales actuar con plena imparcialidad.

"Estupor"

De ahí que el Colegio de Abogados de Vizcaya exprese su "preocupación y desacuerdo" con la resolución y que considere, en particular, "inaceptable" cualquier alegación que sostenga la tesis de que "el juzgado de Bilbao estaba afectado en sus posibilidades y criterios de imparcialidad por la situación sociopolítica de Euskadi". Ello no sólo "no se corresponde con la realidad", sino que, según el Colegio "afecta gravísimamente a los miembros de esta institución y a todos los justiciables", por cuanto su consideración "debería conducúa trasladar a Madrid toda la Administración de Justicia que existe actualmente en el País Vasco".El Tribunal Supremo, mediante acuerdo adoptado por su sala de Gobierno el 14 de octubre pasado, desestimó el recurso presentado contra el nombramiento de juez especial. El razonamiento empleado por el alto tribunal ha causado, según la expresión literal empleada del colegio de abogados, "estupor".

Cenizas de un imperio

Por su parte, el comisario de la quiebra, Antón Hernández Zubizarreta -que, al igual que el depositario, ha sido confirmado en sus funciones por el juez ahora, designado-, negó ayer rotundamente, a preguntas de este periódico "haber recibido presiones, de cualquier tipo, ni por parte de los acreedores ni por parte de los trabajadores".La naviera Aznar, heredera de la antigua naviera Sota y Aznar, fue la primera empresa española del sector durante los años cincuenta y sesenta. La expropiación por el régimen de Franco de las acciones de la familia Sota, cuyo patriarca, Ramón de la Sota, fue un importante mecenas del nacionalismo vasco del primer tercio del siglo XX, puso en manos del clan Aznar, vinculado al entorno más inmediato de Franco, una flota que llegó a poseer 40 buques y que dominó las rutas marítimas entre la península y las dos Américas durante decenios. Una deficiente gestión económica y en particular la apuesta por una fórmula de transporte de lujo para pasajeros, que se revelaría ruinosa, minó durante los años setenta lo que había sido floreciente imperio, conduciéndolo a la quiebra.

A fines de 1981, cuando fallece del presidente del Consejo, Eduardo Aznar, el pasivo se estima en unos 5.000 millones de pesetas, mientras que una valoración realista del activo, fundamentalmente compuesto por ocho buques y el edificio de la sede de la compañía en Bilbao, no superaría los 3.500 millones de pesetas. Ante el temor de que la empresa, de acuerdo con los acreedores bancarios, procediera a liquidar fulminantemente el patrimonio, los trabajadores, 530 entre personal de flota y de oficinas, decidieron instar por su cuenta la declaración de quiebra a, fin de garantizar así la percepción de los salarios adeudados.

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