El juez da vía libre al juicio sobre el síndrome tóxico
El juez Alfonso Barcala cerró ayer el sumario iniciado para investigar los posibles delitos derivados de la comercialización del aceite de colza desnaturalizado, presunta causa del envenenamiento conocido como síndrome tóxico.El magistrado juez de la Audiencia Nacional dictó un auto por el que se elevan las actuaciones a la sala de lo penal de la citada audiencia y se ponen en conocimiento del fiscal.
Al mismo tiempo, se emplaza a los procesados para que comparezcan en el plazo de 10 días. También han sido citados los representantes legales de las sociedades declaradas responsables civiles subsidiarias. En círculos judiciales se estima que el juicio no se celebrará antes de febrero próximo.
Este sumario se inició el día 26 de junio de 1981 y es el más extenso de cuantos se han instruido en España, distribuido en casi 100 tomos. Además, figuran un total de 485 carpetas, una por cada fallecido, y otras 10.380 de familias afectadas. Según estadísticas gubernamentales, los fallecidos a causa del síndrome no llegan a 400. La diferencia de cifras se debe a que hay un número de muertes de afectados cuya causa no ha sido determinada con precisión.
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Sólo 10 de los 31 procesados en el sumario por el envenenamiento masivo están actualmente en prisión
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En la actualidad se encuentran procesados por el envenenamiento 31 empresarios del aceite. Se trata de Juan Miguel y Fernando Bengoechea, José Luis Garrote, Ramón y Elías Ferrero, Ignacio Baixeras, Alfonso Molinas, Ramón Alabart, Florencio Feijoo, Salvador Alamar, José María Abascal, Tomás y Agustín Baviera, Jesús Portillo, Antonio Aguado, Enrique Salomó, Miguel Par, Jorge Pich, Cándido Hernández Galán, Emilio Gil, Luis Beamonte, Ramón Carreras, Víctor García, Adela Jarauta, José Lafuente, Juan Santacana, Francisco Alfonso Puchades, Juan Antonio Pastor Ruiz, Juan Antonio y Mariano Pastor Muñoz y Ramón Navarro Ponz.
Todos los procesados por el envenenamiento se encuentran en libertad provisional, excepto 10 que se hallan en prisión y cuatro que están en rebeldía. En prisión se encuentran los hermanos Bengoechea, los hermanos Ferrero, Alabart, Hernández Galán, Pich, Salomó, Navarro y Pastor Ruiz. Estos dos últimos continúan en prisión preventiva, ya que no han abonado las fianzas de uno y cinco millones, respectivamente, fijadas para garantizar su libertad provisional. En rebeldía se encuentran Salvador Alamar, Ignacio Baixeras, Adela Jarauta y Alfonso Molina.
La audiencia deberá ahora declarar la apertura de juicio oral y la causa pasará a período de calificación, en primer lugar, por el fiscal, y después, por las acusaciones y las defensas. El juicio no se celebrará antes de febrero.
Por otra parte, Juan Francisco Martín Seco, interventor general del Estado, ha recibido el trabajo de campo de la auditoría que el Gobierno socialista encargó sobre la actuación del Plan Nacional del Síndrome Tóxico (PNST), que se considera prácticamente acabada. El informe definitivo se pondrá a disposición del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, probablemente, en el curso de la próxima semana, para su remisión al Consejo de Ministros.
También se enviará copia del mismo al ministro de Presidencia del Gobierno, Javier Moscoso, de cuyo departamento depende el aludido plan nacional.
5.000 millones
A petición del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1934, cuyo debate en el Pleno del Congreso se inicia el lunes, incluye un incremento de 5.000 millones de pesetas para ayudas a los afectados.
La propuesta de dicho incremento se recoge en una enmienda introducida en el citado proyecto de ley por el Grupo Socialista (véase EL PAÍS de ayer) durante el debate en comisión.
Estos 5.000 millones de pesetas no se destinan a ninguna partida concreta, sino que se integran en el conjunto global de las ayudas socioeconómicas a las familias de los emfermos por aquel envenenamiento masivo, según explicaron ayer fuentes oficiales del PNST. "El incremento general del coste de la vida repercute también en las necesidades a las que ha de hacer frente el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, al que anualmente se le ha incrementado su presupuesto en años anteriores", señalaron dichas fuentes.
Unas 20 personas afectadas por esta enfermedad, que se encerraron el jueves por la tarde en la sede de la unidad de seguimiento del PNST, en la calle de Ruiz de Alarcón de Madrid, desalojaron los locales a las 21.30 horas del mismo día, después de que fuerzas de la Policía Nacional se presentaran en dicha sede y mantuviesen un diálogo con los encerrados, a quienes esperaba en la calle un grupo más numeroso de afectados.
El encierro tuvo por objeto, conseguir que se reconozca, por parte del PNST, que el fallecimiento reciente de dos personas fue a causa del envenenamiento. Así como protestar por la adjudicación del alta hospitalaria a afectados que, según el colectivo del encierro, deberían seguir en calificación de baja hospitalaria.
Por un caso en relación con un alta médica se produjo ayer, a primeras horas de la tarde, un nuevo incidente en la ciudad sanitaria Primero de Octubre, según informaron fuentes oficiales. Numerosas personas trataron de impedir que un afectado saliese de este hospital después de que la parte médica dispusiera su alta clínica.
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