Centrales sindicales piden el bloqueo a la aprobación de la ley del cine

Los trabajadores de la industria cinematográfica encuadrados en UGT y CC OO, han acordado enviar un telegrama, con carácter de urgencia, a la directora general de Cinematografía, al ministro de Cultura y al vicepresidente del Gobierno, con objeto de bloquear la aprobación por las Cortes del real decreto sobre protección a la cinematografía española mientras no se forme una comisión "en la que, ineludiblemente, deben estar representadas las centrales sindicales y las agrupaciones profesionales de toda la cinernatografía".Por su parte, ADIRCE, que agrupa a diversos sectores de la producción cinematográfica, ha hecho llegar a Javier Solana un escrito en el que se pronuncia favorablemente ante la nueva normativa, por entender que se trata de "un impulso fructífero y progresista para el cine de producción nacional".

Representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras pertenecientes a distribución, exhibición, laboratorios y doblaje, decidieron ayer, tras una reunión de más de dos horas, enviar el siguiente telegrama a la directora general de Cine, Pilar Miró; al ministro de Cultura, Javier Solana, y al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: "Los abajo firmantes pedimos que no se apruebe el real decreto sobre protección a la cinernatografía española, hasta que no se constituya una comisión, convocada por ese Ministerio, en la que, ineludiblemente, deben estar representadas las centrales sindicales y las agrupaciones profesionales de toda la cinematográfia".

Los principales puntos de desacuer do se refieren a la nueva normativa de la concesión de las licencias de doblaje y la implantación del dos por uno en las cuotas de pantalla (ver editorial de EL PAÍS del 21 de octubre), que, según la mayoría de los asistentes a la asamblea, arruinaría a la mediana y pequeña distribución y exhibición. También se observa con recelo la tardanza en implantar el control de taquilla automático y la o bligatoriedad de los porcentajes, y se cree, en términos generales, que el decreto no respeta los acuerdos consensuales a que todo el sector llegó, en el I Congreso Democrático Cinematográfico de 1978, ni siquiera el propio programa cinematográfico que el PSOE incluyó en sus premisas electorales.