El estatuto de la empresa elaborado por la Generalitat pretende racionalizar el sector público catalán

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado el proyecto de Ley del Estatuto de la Empresa Pública que será presentado próximamente al Parlamento catalán. La nueva ley hay que situarla en el paquete legislativo que el Gobierno catalán piensa elaborar en los mesles que le queda de mandato y que incluye las leyes que regularán la Función Interventora en las Entidades Financieras, Secciones de Crédito de las Coooperativas, órganos de gestión de las Cajas de Ahorro, Fondo de Acción Territorial, Instituto Catalán de Crédito y la ya presentada sobre cajas rurales.

El conseller de Economía y Finanzas, Josep María Cullell, que presentó ayer el proyecto, subrayó la importancia que tenía la nueva ley, ya que suponía el primer intento de racionalizar el sector público en Cataluña, que emplea a un colectivo de unos 5.000 trabajadores. Los antecedentes remotos de esta normativa hay que buscarlos en los Pactos de la Moncloa, en los que los partidos participantes acordaron abordar una reglamentación de las empresas públicas españolas, circunstancia que aún no se ha producido, a pesar. del tiempo transcurrido. En este sentido, el proyecto del Gobierno catalán constituye un importante precedente y un cierito reto a la Administración central al abordar la problemática de un sector que siempre se ha presentado muy espinosa.Los antecedentes próximos de la nueva ley son las atribuciones que concede el artículo 54 del Estatuto de Autonomía y en concreto la Ley de Patrimonio. En relación con esta última, el titular de Economía y Finanzas recordó que el Tribunal Constitucional, al que fue recurrida, había respetado todos los artículos en los que se hacía referencia a la ordenación de la empresa pública, lo que permitía pensar que no motivaría ningún recurso de inconstitucionalidad.

El aspectei más relevante de la nueva ley es que faculta a la Gerieralitat, previa autorización del Parlamento, para constituir entidades autónomas, de tipo comercial, industrial o financiero. El decreto de creación determinará las funciones que les sean asignadas, el departamento que quedarán adscritas, los bienes o medios económicos de que dispondrán, su organización y el régimen jurídico de su actividad. La organización de estas entidades consistirá como mínimo en un consejo de administración y un director general o figura equivalente, que podrá ser el presidente del Consell.

El ámbito de aplicación de la ley comprenderá las entidades autónomas de la Generalitat como el Institut Catala del Sól; entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, como Ferrocarriles de la Generalitat; sociedades civiles o mer cantiles con participación mayoritaria de la Generalitat como Ferrocarriles de Montaña y sociedades vinculadas a la institución autonómica que sean gestoras de servicios públicos y en las que la Generalitat tenga una participación superior al 10%. El grado de control varía sensiblemente según el grupo al que pertenezca cada una de estas entidades o sociedades señaladas, siendo más intenso en las entidades y sociedades en que la Generalitat participa de forma más ostensible. El jurista Pérez Torrente que ha participado en la elaboración del proyecto ha sefialado que el Estatuto de la Empresa Pública regula principalmente las formas de contratación de los trabajadores, las condiciones en que deben realizarse las adquisiciones patrimoniales de estas entidades y sobre todo la constitución de las mismas. Así se establecen una serie de incompatibilidades como las de miembro de un consejo de administración y las de diputado y la imposibilidad de ser reelegido más de dos veces en un consejo de Administración.

Crédito sindicado a la Generalitat

Paralelamente a esta actividad legislativa, la Generalitat obtendrá durante los próximos días un crédito sindicado de 8.000 millones de pesetas que ha concertado con Bancos y Cajas de Ahorro. Igualmente,.el conseller Cullell anunció la próxima emisión de deuda pública por un valor de 10.000 millones de pesetas, con un plazo de amortización de cuatro años y un interés del 14% que teniendo en cuenta la desgravación fiscal permitirá una rentabilidad del 17,9%.Una primera partida del crédito sindicado, por valor de 4.500 millones de pesetas se firmará el próxima martes con las cajas de ahorros catalanas, con un plazo de amortización de un año y un interés del 17%. La cantidad restante, 3.500 millones de pesetas -será concedida por un grupo de bancos en los que el Banco Central figura como representante.