La participación municipal en los Presupuestos Generales de Estado

Nos encontramos así, en materia de financiación de las haciendas locales, con una primera y confusa promesa de incluir en los Presupuestos Generales del Estado la cifra de alrededor de 100.000 millones de pesetas -que luego fueron corregidos en unos 70.000 millones- para atender los déficit municipales.La imprecisión de las cifras y el anuncio de las mimas por un ministro no económico (fue el de la Administración Territorial) dio la pista para pensar que no iban a ir a misa, es decir, a los Presupuestos.

A pesar de esta impresión confusa, el permanente estado de necesidad de los ayuntamientos -acentuado últimamente y especialmente en los grandes- hizo creyentes fieles hasta a los más escépticos regidores, que, felices, se pusieron a pensar en nuevas formas de gastar dinero, desembarazándose de la carga de deudas que por su mala gestión habían acumulado; vamos, un desastre económico-municipal.

Pero la decisión socialista rompió la ensoñación en que los munícipes se encontraban, especialmente los correligionarios ideológicos, y la situación real de grave endeudamiento de las corporaciones locales ha vuelto a evidenciarse, y con mala solución.

Ante este panorama, cabe hacer algunas reflexiones:

1. Los ayuntamientos, factor clave de la vida social y elemento importante de la vida económica -tanto más cuanto mayor es su dimensión-, han de ser piezas integradas y armónicas de ese mismo sistema económico, y en consecuencia, si las circunstancias de la nación imponen la austeridad, ésta ha de ser tenida en cuenta por las corporaciones locales. Otra cosa es vivir de espaldas e in solidariamente con la crisis general. Si el déficit público ha de contenerse, es lógico y preciso que también se limite el municipal.

2. La mayor participación del ayuntamiento en los Presupuestos Generales del Estado ha de venir equilibrada con las competencias asumidas por éstos. No son válidas las argumentaciones que solicitan mayor participación pública para la Administración local basándose en los porcentajes superiores al 12% que tienen en las naciones europeas, porque tal cifra hay que valorarla en función de las propias competencias, y nuestros ayuntamientos tienen, hoy por hoy, atribuidas menos competencias que en el resto de Europa.

Aunque, si fuera posible, bien venidas sean las mayores participaciones en los presupuestos públicos a través del Fondo de Cooperación, pero anotando que, en todo caso, los antes fustigadores del Gobierno -¿eh, señor Leguina?- por no incrementar ese porcentaje tendrían ahora que armar algún alboroto, salvo que la disciplina del partido se les imponga.

Gastos e ingresos

3. Los ayuntamientos han de justificar ante sus ciudadanos la forma de administrar los caudales públicos y, en consecuencia, atenerse al resultado de dicha administración, procurando, si no quieren hacerse gravosos para el resto de la nación, atemperar sus gastos con los ingresos que dimanan, en su mayor parte, de lo recaudado de sus propios ciudadanos. Luego vendrán las justas y necesarias distribuciones de los fondos nacionales que ayuden -pero nunca que sustituyan- a sufragar aquellos gastos que, siendo imprescindibles, no se acierten a financiar con la imposición propia. En resumen: austeridad en el gasto, imposición propia suficiente y, subsidiariamente y con sentido de redistribución nacional, la ayuda estatal.4. Arbítrense por la vía legal los recursos suficientes para los ayuntamientos, pero en todo caso, con la contrapartida del control. Y eso no quebranta lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución.

La autonomía municipal se gana por esfuerzo propio: buena administración y eficacia, en los servicios, que significa gastar en lo preciso y dentro de las verdaderas posibilidades. Y no implica -como cree el portavoz del PCE en el Ayuntamiento de Madrid, según ha explicado en estas mismas páginas- que la oposición recorte en el chocolate del loro, sino el tener un estricto sentido de la justicia, la solidaridad y de lo que supone administrar fondos ajenos; lo que, por otra parte, son valores que difícilmente pueden concebirse -a las pruebas me remito- en una Administración socialista-comunista.

5. Hay que reconocer que los planes municipales en marcha se ponen en evidente peligro con las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista, pues no serán viables, ya que les faltará la adecuada financiación. De entre éstos destaca por su importancia el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con consecuencias gravísimas. Ya venimos advirtiendo desde hace años a los empecinados y voluntariosos redactores del plan que no valen audiovisuales brillantes (y carísimos) ni altaneras exposiciones, que lo primordial era la financiación y la coordinación.

"No hay dinero en el tiempo oportuno"

Ahora -como estaba previsto, y ustedes lo sabían, pero han querido engañar hasta el final no hay dinero, y sobre todo, no lo hay en el tiempo oportuno, lo que significa, en un plan de urbanismo, que lo que no se hace a tiempo descompensa el resto del plan y desarticula el quehacer del resto de los agentes intervinientes en el plan. ¿Han leído los redactores del plan las alegaciones de los ministerios inversores, que no pueden sufragar las no previstas ni pactadas obras a ellos atribuidas, especialmente en las labores de infraestructura?Ahora que sabemos que ni el Gobierno ni el ayuntamiento pueden aportar los miles de millones que se les habían alegremente asignado -bien que sin su consentimiento-, ¿hacemos modificaciones al plan?, ¿lo empequeñecemos?, ¿lo hacemos a tirones y descoordinado?, ¿seguimos en el ínterin manteniendo los cientos de millones que cuesta la oficina del plan?

Ustedes nos dirán; el Gobierno no paga. Viva la solidaridad socialista y la coordinación de sus entes públicos, y el coordinador o vicepresidente, de oyente. Claro.