El debate sobre la protección al cine se centra en las licencias de doblaje. El Parlamento Europeo protegerá a la cinematografía comunitaria

La resolución del Parlamento Europeo de proteger el cine en la Comunidad Económica Europea contra las distribuidoras norteamericanas; la convocatoria en Bastia, Córcega, de un festival de cine para la defensa de las culturas mediterráneas; y la consideración de nuestros idiomas como valores culturales que no deben emplearse contra nuestra cultura, centran el debate sobre las medidas de protección de nuestro cine, que ultima el Ministerio de Cultura, en la restricción de las licencias de doblaje.

El intento de racionalización del mercado cinematográfico español, que ultima la Dirección General de Cinematografia, ha provocado respuestas, favorables o adversas en función de qué intereses entren en juego, en los sectores de la industria cinematográfica afectados.En general hay coincidencia en considerar que la más controvertida de las innovaciones que este texto legal introduce es la que imbrica la obtención por las empresas distribuidoras de licencias de doblaje de filmes extranjeros a la explotación rentable de los filmes españoles que esas empresas distribuyan.

Los detractores de esta medida, agrupados en los sectores de exhibición y distribución, así como los actores y técnicos de los equipos de doblaje de los laboratorios de sonorización de filmes, consideran "que esta medida atenta contra el principio de libre mercado y que puede quebrantar la estabilidad económica y profesional de los laboratorios de sonorización de películas, que mueven en la actualidad un considerable volumen de negocio, con inversiones de alrededor de 2.000 millones de pesetas en unas 20 empresas".

Por el contrario, los defensores de esta medida, agrupados en torno a los sectores de producción y creación del cine español, juzgan que "no hay en ella ningún atentado contra la libertad de mercado, puesto que, por un lado, se mantiene abierta y libre la importación de filmes extranjeros en versión original, y por otro se trata de una defensa de nuestra cultura contra intereses ajenos a ella, por lo que se trata de una restricción legítima, un freno al empleo que se está haciendo de un bien cultural especificamente español -las lenguas castellana, vasca, catalana y gallega- contra un interés también específico de la cultura española, como es la explotación rentable de nuestros filmes".

Mercado de licencias

"En el actual estado de la legislación cinematográfica española", dicen productores y directores de cine, "que condiciona la obtención de estas licencias de doblaje únicamente al comienzo de un filme español y a su simple estreno, las casas destribuidoras pueden desinteresarse del destino posterior de ese filme. Les basta comprarlo y estrenarlo para así obtener dos y hasta tres licencias de doblaje, sin que nada les obligue a explotarlo adecuadamente".

Esta facilidad para la obtención de licencias de doblaje ha dado lugar a un curioso fenómeno: existen actualmente, según fuentes del Ministerio de Cultura, unas 150 licencias de doblaje todavía sin usar, obtenidas por los distribuidores a través de las facilidades que les da para obtenerlas el sistema vigente. Esto supone que ya hay permiso para doblar a nuestras lenguas, es decir para emplear un bien cultural específicamente español, a 150 filmes extranjeros, mientras la mayor parte de las películas españolas que han generado esa acumulación de licencias han sido o están siendo mal o nulamente comercializadas.

Al amparo de esta acumulación de licencias de doblaje se especula sobre la hipótesis de si se está llegando incluso a establecer una especie de submercado o de mercado fantasmal de tales licencias, que se trasvasarían de unas empresas distribuidoras a otras, o de aquellas a subempresas filiales, lo que crearía en la periferia de la industria cinematográfica una subindustria de importación y doblaje de filmes, cuya rentabilidad entraría en colisión con la de los filmes españoles que la han generado.

Política cultural defensiva

Directores y productores de cine español se muestran acordes en juzgar que no se pueden desligar los aspectos culturales de los comerciales en un proyecto global de racionalizacíón del mercado cinematográfico español, como el iniciado por el Ministerio de Cultura. Las razones que fundamentan esta afirmación son, por un lado, "que se trata de un asunto de estrategia política cultural emprendido simultáneamente en toda Europa Occidental; y por otro, que el poder político de los Estados que han promulgado o se disponen a promulgar leyes de protección de sus respectivas cinematografías actúa desde posiciones no ofensivas, sino defensivas de su cultura contra el enorme poder económico, de orden neocolonialista, de las multinacionales distribuidoras del cine norteamericano, que imponen imperativamente en sus mercados el llamado sistema de lotes, que obliga a comprarles junto a los filmes de auténtico valor cultural, que todo el mundo desea ver, otros filmes de estricto consumo y de nulo o mediocre valor artístico, que no se adquirirían de ofrecerse aisladamente".