Reforma de la Administración
En el número de su diario del 15 de septiembre se publica una amplia referencia de un proyecto de ley de medidas para la reforma de la Administración pública estudiado en el Consejo de Ministros del día 14 de septiembre. A su periódico tuvimos que recurrir para informarnos de dicho proyecto, pues otros periódicos, incluso el que es decano de la Prensa madrileña, no traía una sola letra sobre el tema. No estaban enterados de nada. Por ello reciba mi modesta felicitación. En lo sucesivo compraré EL PAÍS.También debo decirle que al cotejar días después su referencia de dicho proyecto de ley con el texto íntegro del mismo, observo que coinciden en muchos aspectos, y también que en su periódico se omitieron aspectos fundamentales y que contiene inexactitudes.
"Entre las omisiones están las jubilaciones anticipadas y voluntarias a los funcionarios de servicios centrales con 30 años de servicios o 60 de edad con derecho a percibir el 150% de sus haberes básicos hasta que cumplan los 60 años de edad. Y entre las inexactitudes figura el que a los funcionarios con más de 65 años se les anticipará su jubilación forzosa con el percibo de compensación económica. Esto es incierto, pues no figura en el proyecto de ley el que, si bien no
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Reforma de la administración
Viene de la página 11dice nada de ello, se les jubilará con el 80% de sus haberes básicos, según se desprende del Decreto-Ley del 7 de septiembre de 1983, Boletín Oficial del Estado del día 14, en cuyo artículo 7º establece la sustitución de las normas del vigente Estatuto de Clases Pasivas de 1966; entre las que figura el 80% de los haberes básicos en las jubilaciones forzosas.
Resulta discriminatorio que sólo los funcionarios de los servicios centrales que soliciten su jubilación voluntaria obtengan el 150% de sus haberes básicos, y los del resto de España con la misma titulación y oposición sólo tengan derecho al 60% y se les exija además 10 años más de servicios.
También parece descabellado el sistema de excedencias especiales de duración mínima de cinco años con indemnización de ocho mensualidades, a las que, por lo visto, tendrían que acogerse los que no aceptaran su traslado forzoso de Madrid a provincias.
¿Por qué no comentan en su diario todas las barbaridades del proyecto, que, de aprobarse, si prevalece tal como ahora está, sería origen y causa de graves perjuicios a los funcionarios, que obligatoriamente recurrirían a los tribunales y al Defensor del Pueblo? /
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