Peor todavía

DEBE RESULTAR bastante difícil ser ministro del Interior -o ministro a secas- en el Gobierno del cambio y no enrojecer de vergüenza ante la lectura de la nota oficial que dicho departamento hizo pública anteayer sobre los disparos realizados por una pareja rural de la Guardia Civil en las afueras de León contra dos novios que permanecían en el interior de un automóvil. El suceso ha costado una grave lesión a la muchacha, que sufre una parálisis parcial en las piernas. Según la desdichada nota, que ha sido comentada con reticencia por el gobernador civil de la provincia, el derrape del automóvil de los jóvenes, que se disponían a huir ante lo que creían era el ataque de unos delincuentes, lanzó una piedra "y quizá alguna lata" sobre uno de los agentes, que cayó o se tiró al suelo para evitar ser arrollado. "En ese momento, siempre de acuerdo con sus declaraciones (la nota parece referirse a uno de los dos guardias civiles), el arma reglamentaria que portaba, un subfusil, efectuó una ráfaga de tres disparos". La novedosa tesis de que un arma puede dispararse sola, sin que nadie apriete su gatillo, y la abstracción en el relato del nombre de la persona que la empuñaba constituyen algo más que una exhibición de desparpajo. Porque esa falta de respeto hacia la exactitud o la verosimilitud sienta el peligroso precedente de que algún delincuente, a la hora de justificar el disparo de su arma de fuego, pueda hacer suya como pretexto una tesis de corte parecido.La persistencia y crueldad de los crímenes terroristas -ayer mismo fallecía un policía nacional víctima de un atentado en Portugalete- es un dato objetivo que ha de tenerse en cuenta a la hora de describir la tensión con la que viven su oficio los miembros de los cuerpos de seguridad. Al fin y al cabo, uno de los principales objetivos de las bandas terroristas es, precisamente, provocar tales estados de ánimo en las Fuerzas de Orden Público, con el propósito último de condicionarlas psicológicamente para que cometan excesos, cuando no barbaridades, en el ejercicio de sus funciones. La historia de la represión en el País Vasco desde finales de los años sesenta es la mejor prueba de la eficacia de esa táctica en espiral. Tal vez no sea una casualidad que el vehículo tiroteado por la pareja de la Guardia Civil llevara matrícula de Bilbao, pero resultaba en cambio altamente improbable que unos terroristas aparcaran su automóvil con las luces; apagadas en las proximidades de León.

Ahora bien, un Estado de derecho se caracteriza por que el monopolio legítimo de la fuerza confiado a los institutos armados nunca debe ser utilizado fuera de los cauces legales y al margen de las presunciones racionales. Ni siquiera en la lucha contra los terroristas. El trágico suceso de Almería, en cuyo trasfondo se situó la absurda sospecha de que los detenidos eran miembros de ETA, dio lugar a una sentencia condenatoria de los tribunales, cuyo contenido hubiera debido ser el mismo incluso en el caso de que los muertos en tan irregulares condiciones hubieran pertenecido a una banda armada. El guardia civil que provocó la muerte de un niño en Valmojado ha sido procesado. Ahora, el Ministerio del Interior anuncia que el guardia civil autor del disparo en las cercanías de León ha sido apartado del servicio y puesto a disposición judicial. Sólo la vigilancia de las autoridades gubernativas y la intervención de los tribunales de justicia pueden impedir que ese monopolio legítimo de la fuerza entregado a los cuerpos de seguridad se convierta en una amenaza para los ciudadanos, en vez de servir para protegerlos.

Por lo demás, la nota facilitada por el Ministerio del Interior no puede ser despachada como una penosa anécdota o como una nueva torpeza de los servicios informativos de ese departamento. La costumbre de ocultar la identificación de los agentes que causan daños a personas por el indebido uso de sus armas de fuego reglamentarias carece de toda justificación. Además, la forma oficial de presentar el incidente reincide en la odiosa práctica de invertir las responsabilidades y de transformar a las víctimas en sus propios verdugos. Con ocasión del homicidio del niño de Valmojado, los españoles comprobaron asombrados cómo desde la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil se culpaba de algún modo de la muerte del niño a los propios familiares. Ahora, el joven José Luis Otero parece ser colocado también en la picota por sus "extrañas maniobras" al poner la marcha atrás de su automóvil y por su incapacidad para no superar el deslumbramiento producido por las luces largas de un coche y por el resplandor de una linterna. Pero la circunstancia de que algunos automovilistas que transitan por carreteras de segunda puedan llegar a confundir a una patrulla de la Guardia Civil con delincuentes, tal y como ha vuelto a ocurrir en León, muestra que algo muy serio falla en los procedimientos utilizados por las fuerzas de orden público para hacerse reconocer como tales por los ciudadanos.

En definitiva, si malo fue el largo silencio oficial de tres días sobre el suceso de León, peor todavía ha sido la nota del Ministerio del Interior, que no sólo contradice la versión dada por el conductor del vehículo, sino que también ha sido recibida con indisimulada incomodidad por el propio gobernador civil de la provincia. Se diría que el Ministerio del Interior actúa en demasiadas ocasiones de forma espasmódica, alternando los silencios ominosos con los gritos estridentes y rectificando las iniciales declaraciones indiscretas de sus altos cargos con posteriores manifestaciones de público arrepentimiento, más propias de personajes de Dostoievski que de políticos responsables. El sordo desacuerdo entre los servicios de prensa del Ministerio del Interior y el Gobernador Civil de León necesita ser explicado claramente a los ciudadanos, que contemplan desconcertados cómo funcionarios del mismo departamento pueden discrepar en la interpretación de los mismos sucesos y que conjeturan que la versión de la autoridad gubernativa provincial tiene en favor de su mayor corrección la proximidad a los hechos. Y, por supuesto, es una exigencia inexcusable que el poder judicial aclare lo ocurrido y que el Gobierno no permita la vuelta al servicio de quienes tan nerviosamente aprietan el gatillo de sus armas reglamentarias al menor pretexto. No parecen suficientes las amonestaciones, por otra parte no anunciadas aun oficialmente, realizadas por el ministro del Interior a los jefes de la Guardia Civil de León ni el lógico apartamiento del servicio de los responsables inmediatos del tiroteo. No es aceptable, en cualquier caso, que la parálisis parcial que sufre la joven Felisa de la Varga pueda ser imputada, ni a un subfusil con capacidad autónoma para disparar una ráfaga por su cuenta, ni a un muchacho asustado que, convencido de que iba a ser objeto del ataque de unos maleantes, puso comprensiblemente en movimiento su automóvil -aunque la nota oficial considere "una extraña maniobra" utilizar la marcha atrás para ese propósito- con la intención de huir de los supuestos delincuentes.