Retroceso parlamentario de la extrema derecha y huelgas de funcionarios estatales en El Salvador
A casi tres años del estallido de la guerra civil, el Gobierno salvadoreño ha tenido que afrontar por primera vez dos huelgas en el sector público (Instituto de la Vivienda Urbana y Seguro Social) y una manifestación multitudinaria de los sindicatos agrarios moderados, que cuentan con el apoyo de la poderosa central norteamericana AFL-CIO
Los funcionarios se limitan a exigir aumentos salariales, que les han sido negados desde 1980 en virtud del decreto 544, de emergencia económica, pero las agrupaciones campesinas de la UPD (Unidad Popular Democrática) han bajado a la arena política, exigiendo a los diputados una mayor seriedad en los debates de la Constitución y el mantenimiento de la reforma agraria.Pocos creen que el nuevo texto constitucional vaya a durar, ya que no cabe un proyecto político de futuro en El Salvador mientras no se llegue a un acuerdo con la izquierda para poner término a la guerra, pero de su aprobación depende que vayan a celebrarse las elecciones generales anunciadas en primera instancia para diciembre y retrasadas luego hasta mediados de febrero. Al ritmo que lleva el debate de la Constitución, es probable que los comicios tengan que ser nuevamente aplazados.
Los constituyentes han rebasado con creces el período de un año que se autoimpusieron para entregar al país la nueva Carta Magna, enzarzándose en discusiones bizantinas sobre un anteproyecto de 246 artículos, de los que apenas se ha aprobado un centenar. No es probable que la votación de conjunto tenga lugar hasta el próximo año y, antes de convocar a las urnas, es preciso elaborar también una nueva ley electoral.
Los plazos se quedan demasiado cortos para una asamblea que durante meses ha estado dividida en dos bloques de 30 diputados cada uno, encabezados respectivamente por la Democracia Cristiana y la ultiaderechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista). Esto obligó a apartar el artículo 83, que define en quién reside la soberanía nacional. El bloque más conservador entendía que la declaración de que el pueblo es el depositario de la soberanía tenía que ser convenientemente matizada.
El reciente traspaso de un diputado al grupo más moderado ha roto este equilibrio en favor de los democristianos, lo que puede ser determinante para que la Constitución no revoque la reforma agraria.
Muerte y dinero
Una de las discusiones más ásperas discurrió en tomo al artículo, 27, que supone la abolición de la pena de muerte salvo en caso de una guerra internacionaL El presidente de la asamblea, Roberto D'Aubuisson, esgrimió razones económicas en defensa de la pena máxima. Muchos empresarios, vino a decir, se han marchado del país bajo amenazas de secuestro; si se, establece la pena de muerte para este delito, regresarán con los capitales que se han llevado, a Miami.No faltaron diputados en la extrema derecha que se proclamaran "fervientes partidarios de la pena de muerte". Toda la discusión tuvo tintes algo macabros en un país en guerra, donde han muerto ya más de 40.000 personas. En una votación confusa se aprobó finalmente el texto abolicionista, pero la fracción de ARENA pidió una nueva votación, que ya no tiene posibilidades de prosperar ante la ruptura del equilibrio entre los dos bloques parlamentarios.
A los enfrentamientos dialécticos sucedieron ocasionales incomparecencias de la extrema derecha en el recinto legislativo, cuando preveían una votación desfavorable. Si no bastaba con esto, las bandas paramilitares vinculadas al bloque parlamentario ultraconservador amenazaban directamente a los diputados reformistas. La simple defensa que hacen los demotristianos de una reforma agraria que se puso en marcha con apoyo del Ejército y de la Administración norteamericana ya es motivo de sospecha.
El Ejército Secreto Anticomunista (ESA) y la Brigada Maximiliano Hernández han restablecido con inusitada frecuencia la práctica del secuestro y el asesinato. Esto revela que la oligarquía salvadoreña no se resigna a perder ni su papel de árbitro político ni una mínima parte de sus privilegios económicos. La irrupción de las bandas paramilitares endurecerá sin duda aún más los debates de una asamblea constituyente en la que por primera vez, ha quedado en minoría la extrema derecha.
En medio de este confuso panorama político, la extrema derecha teme que las huelgas del sector público y la reciente manifestación de la UDP puedan ser el comienzo de una reactivación de la política de masas por parte de la izquierda. De ahí que, algunos líderes sindicales hayan sido secuestrados bajo la acusación de mantener vínculos con la guerrilla.
