La Comisión Episcopal de Enseñanza recomienda a los educadores el uso de los catecismos no autorizados

La Comisión Episcopal de Enseñanza, compuesta por dos arzobispos y, seis obispos, acordó en una reunión de urgencia celebrada ayer en Madrid recomendar a los educadores encargados de la formación religiosa, tanto de centros estatales como privados, "proseguir su esfuerzo por educar en la fe de la iglesia a las nuevas generaciones, según el magisterio del Papa y los obispos, a través de los diversos materiales didácticos que tengan a su disposición, para los cursos de 5º y 6º de EGB". En los catecismos de estos cursos, editados por la Iglesia, y no autorizados por el Gobierno, se equipara el aborto con las guerras y el terrorismo.

En una nota hecha pública ayer noche, la comisión manifiesta su deseo de que "no se exija a la Iglesia que modifique o silencie su doctrina moral o que la someta a control previo de la autoridad civil". "La libertad religiosa implica", señala la nota, "que se respete en todo momento en la comunidad política la autonomía específica de la Iglesia en el contenido y presentación de su doctrina". La Comisión Episcopal de Enseñanza señala que ha querido y quiere moverse dentro de la legalidad vigente en cuanto a la publicación de libros de texto y material didáctico, "pero considera", precisa la nota, "que una visión completa de esta legalidad supone una interpretación de las normas administrativas en conformidad con los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español (artículo 6) y con la Constitución (artículos 16 y 27/ 3)".El comunicado de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal pide expresamente la respuesta oficial administrativa a las solicitudes de autorización hechas para los catecismos de 5ª y 6ª de EGB. "Deseamos esa autorización", afirmó a este respecto Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza y presidente de la comisión, en una conferencia de prensa. "Hay razones para esperar y desear que la respuesta sea positiva y se autoricen los catecismos".

"No nos es posible renunciar al contenido ni aceptar la censura de los dos artículos del catecismo", afirmó Yanes minutos antes de que la comisión se reuniese. A la convocatoria urgente de la Comisión Episcopal de Enseñanza asistió el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián Aguilar. Manifestó Yanes el criterio de la Comisión Episcopal de Enseñanza de que la decisión del Gobierno de prohibir la utilización de los catecismos editados por la Conferencia Espiscopal "es un intento de censura".

En la conferencia de prensa celebrada anoche, en un descanso de la reunión, el obispo Yanes manifestó que "la comisión no tiene intención de modificar el texto de los dos artículos conflictivos". "La comisión" afirmó, "cree que los textos de los dos artículos son correctos, sobrios y adaptados a una formación moral adecuada".

Afirmó también Yanes que los términos del comunicado emitido anoche "marcan los límites de los que no estamos dispuestos a pasar", y expresó su confianza en que sea el Gobierno quien reconsidere su posición, ceda, y les llame a dialogar. "Quiero insistir", dijo el arzobispo Yanes, "en que no tenemos en este tema ningún afán de echar un pulso de poder al Gobierno y que nuestra actitud es debida a exigencias de conciencia. No podemos renunciar a presentar nuestra doctrina. Si nos fuerzan a hacer concesiones en este campo nos colocarán en una situación imposible". Acto seguido aseguró Yanes que desde que el viernes, en el Ministerio de Educación y Ciencia había decidido prohibir a los colegios la utilización de los catecismos de la Conferencia, Episcopal, no se ha producido ningún tipo de contacto entre ambas partes en conflicto.

La mayoría católica

Por su parte, la junta nacional de Alianza Popular, en su primera reunión tras el verano, celebrada ayer, emitió un comunicado en el que afirma que la actitud del Gobierno es contraria a la Constitución y a los Acuerdos con la Santa Sede, y que además, la gran mayoría católica de España podrá comprobar la incapacidad del socialismo español para superar sus viejos prejuicios y la fragilidad de su promesa de respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral cristiana tradicional".

También el comité, provincial del PDP en Tarragona elevará un escrito al Defensor del Pueblo solicitándole que supervise la decisión del Ministerio de Educación y que interponga recurso ante el Tribunal Constitucional, según informaron fuentes del PDP.