Una oportunidad para explicar el recorte de las subvenciones a los ayuntamientos

El retraso en la tramitación de la Ley Básica de Administración Local y la de Financiación de las Haciendas Locales, y el recorte en los presupuestos para 1984 de las partidas destinadas a sufragar la totalidad de los déficits de los ayuntamientos españoles, son dos de los temas referidos a la Administración Local en los que los grupos de oposición esperan un pronunciamiento por parte de Felipe González.Con respecto a la primera de las dos leyes que deben sustentar la autonomía política y económica de los ayuntamientos españoles, el debate del día 20 va a servir, cuando menos, para que el Gobierno acelere la redacción del proyecto y para que el presidente pueda anunciar su próxima remisión a las Cortes.

Durante todo el fin de semana, el equipo de técnicos del Ministerio de Administración Territorial se ha encerrado para estudiar las modificaciones que ha de introducir en el que parece ser el texto definitivo de la Ley Básica de Administración Local, sometido ya en julio a la consideración del Consejo de Ministros. Dichas modificaciones se han hecho a partir de las indicaciones de los ministerios afectados, de los presidentes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Ley de financiación

En el caso de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, no podría el presidente hacer otra cosa que mantener la oferta del Gobierno de remitirla "cuanto antes" a las Cortes, ya que esta aún muy verde su proceso de elaboración, en el que deben participar los ministerios de Administración Territorial y, en especial, de Economía y Hacienda.

Resultaría probablemente oportuno por parte de Felipe González una explicación sobre el recorte en los presupuestos generales para 1984 de las partidas destinadas a sufragar los déficits de los ayuntamientos españoles hasta 1982. Los 35.000 millones que se destinarán a este fin suponen la tercera parte de la totalidad de la deuda, que se cifra en alrededor de 100.000 millones, y que el Gobierno se comprometió en febrero a sufragar entre 1983 y 1984.